Jesús Ruiz Gómez
Expediente 193/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2019
Partes del expediente
- Jesús Ruiz Gómez
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, MISMO QUE ES DESTRUIBLE.
- Principal
AGREGUESE EL ESCRITO DE CUENTA.- HAGASE LA DEVOLUCION DE LAS COPIAS QUE OFRECIO LA PARTE QUEJOSA PARA CORRER TRASLADO A LAS PARTES.-
- Principal
Visto; el estado de autos y el cómputo que antecede, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 17-21); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA.
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la demanda de amparo promovida por Jesús Ruiz Gómez, en carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de Gabriela Gerarda Carmona Fonseca, Fernando Carmona Fonseca e Ignacio Delgado Baez, contra actos del Juez de Control Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 193/2019-3-A. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Ahora, tomando en consideración que del contenido integral de la demanda, se advierte que las manifestaciones de la parte quejosa, son obscuras e imprecisas, pues por un lado refiere la omisión y/o negativa de llevar a cabo la ejecución de la orden de aprehensión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, ordenada por el Juez de Control Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, en la causa penal 76/2018, relativo al cuadernillo de orden de aprehensión 42/2018. Además, refiere que dicha orden le fue notificada al Fiscal del Ministerio Público Investigador, residente en La Concordia, Chiapas y éste lo comunicó a los agentes de la policía especializada para que la ejecutaran. Por otra parte, menciona el informe del Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Comandancia Regional Zona Fraylesca de la Delegación Jaltenango/La Concordia, de veintiséis de enero del año en curso, en el que comunicó el no cumplimiento de dicha orden. De ahí que, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos que reclama y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". Por otro lado, refiere que promueve la demanda en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de Gabriela Gerarda Carmona Fonseca, Fernando Carmona Fonseca e Ignacio Delgado Baez, sin embargo, no exhibió documento alguno para acreditar la personalidad con que se ostenta. No es óbice que haya exhibido certificación de la copia certificada de la escritura doscientos tres, de dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y dos, que contiene contrato de compraventa, expedida a Jesús Ruiz Gómez, en calidad de apoderado legal de Gabriela Gerarda Carmona Fonseca, Fernando Carmona Fonseca e Ignacio Delgado Baez; toda vez que con dicho documento no acredita la personalidad con se ostenta, pues del mismo únicamente se observa que se expidió dicha copia certificada a su favor con la calidad mencionada, pero no comprueba sus facultades de representación. En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, precise cuál es el acto o actos reclamados y a qué autoridad o autoridades atribuye cada uno, esto es manifieste lo siguiente: Si efectivamente se duele de la omisión de ejecutar la orden de aprehensión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, ordenada por el Juez de Control Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, en la causa penal 76/2018, relativo al cuadernillo de orden de aprehensión 42/2018 y en su caso, si los demás actos que refiere son solo antecedentes o consecuencias del acto referido en primer término. En su caso, tomando en consideración que refiere que dicha orden le fue notificada al Fiscal del Ministerio Público Investigador, residente en La Concordia, Chiapas y éste lo comunicó a los agentes de la policía especializada para que la ejecutaran, deberá precisar cuál es el acto que atribuye al Juez de Control Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, Fiscal General del Estado de Chiapas y Fiscal de Distrito Fraylesca. O bien, si lo que reclama es la negativa de ejecutar la orden de aprehensión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, ordenada por el Juez de Control Región Tres del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, en la causa penal 76/2018, relativo al cuadernillo de orden de aprehensión 42/2018, en ese caso, deberá indicar a qué negativa en concreto se refiere, especificando en su caso, el número de oficio y fecha del mismo, así como a qué autoridad se lo atribuye. Si reclama de forma destacada el informe del Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Comandancia Regional Zona Fraylesca de la Delegación Jaltenango/La Concordia, de veintiséis de enero del año en curso, en el que comunicó el no cumplimiento de dicha orden. Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. Además, requiérase a la promovente para que en el término indicado: Exhiba el documento idóneo con el que de manera fehaciente acredite la personalidad con que se ostenta. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P/J.43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, página 48, que es del contenido siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como, la Jurisprudencia P./J. 23/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, página 7, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que deberá exhibir ocho copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que siete son para las autoridades responsables y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Así como la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Romero Álvarez Hernández y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que menciona, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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