Jesús Ruíz Chávez

Expediente 263/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
263/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Jesús Ruíz Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso **********, a través del cual interpone recurso de revisión contra la resolución definitiva dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación de las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos del presente juicio de amparo, así como el ocurso de cuenta, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de julio de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 263/2019-VI. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El cuatro de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la demanda promovida por ************, misma que fue turnada ese mismo día a este juzgado. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, se registró la demanda de amparo bajo el consecutivo 263/2019-VI; asimismo, y dadas las irregularidades encontradas en dicho libelo, se previno a la parte quejosa a efecto de que expresara con precisión el acto que reclamaba a la responsable Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda del Estado de Chihuahua, indicara si era su deseo señalar como autoridad a los Elementos pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte y narrara bajo protesta de decir verdad la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados. Una vez cumplida la prevención de referencia, mediante proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda interpuesta; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo por lo que hace a la autoridad responsable, Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Peligro, Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, solicitándose su informe justificado. Seguido el trámite del juicio y previo diversos diferimientos, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclama un acto proveniente de autoridad administrativa, reclamable en la vía indirecta, cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde este órgano ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1) De la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua: a) La confiscación y privación de la posesión del vehículo automotor de su propiedad, que identifica como camioneta **********, modelo *******, color guinda, serie **********. 2) De los Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua: a) La confiscación y privación de la posesión del vehículo automotor de su propiedad, que identifica como camioneta *********, modelo ********, color *****, serie ***********. 3) De la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua: a) El aseguramiento del vehículo de su propiedad, con motivo del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. 4) Del Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Peligro, Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte: a) El aseguramiento del vehículo de su propiedad, que identifica como camioneta ******, modelo ******, color *****, serie **********. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables, Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte División Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (foja 36) y Elementos pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, División de Fuerzas Estatales , negaron la existencia del acto que de cada una se les atribuyó, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Por lo tanto, se sobresee en este asunto en relación con las autoridades en cita, por el acto que de cada una se reclamó, mencionados en el considerando que antecede, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Peligro, Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclamó; y para corroborar lo anterior, remitió copia certificada de diversas constancias relativas a dicho acto; probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por otro lado, al rendir su informe justificado, el Jefe del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en representación de la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, fue omiso en precisar la existencia o inexistencia del acto que se le atribuye; sin embargo, en su informe justificado manifestó lo siguiente: [.] Al respecto, es de manifestarse a ese H. Juzgado que los actos de la autoridad que represento fueron emitidos conforme a derecho, toda vez que el vehículo marca********, ***********, fue puesto a disposición de esta unidad administrativa por medio de oficio sin número, que ostenta fecha 16 de febrero de 2019, en fecha 18 de febrero de 2019, suscrito por la ********, en su carácter de Agente de la Agencia de la Unidad Especializada de Delitos de Peligro, Contra la Paz, La Seguridad de las Personas y la Fe Pública y de la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado, del Gobierno del Estado de Chihuahua. [.] De lo anterior, se advierte que la autoridad fiscal ha realizado actos que son de los que, eventualmente, la parte quejosa le atribuye, en la medida que reconoce que tiene a su disposición el vehículo en cita, ello sin que se soslaye que, por el momento, no se ha iniciado el procedimiento administrativo en materia aduanera, pues al estar a su disposición el vehículo en cita, es latente su inicio y materialmente tiene bajo su custodia el referido automotor; por tanto, se tiene por cierta la existencia del acto de aseguramiento que se le atribuyó. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo a abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que de oficio se estima acreditada. En el caso, el que suscribe estima que respecto del aseguramiento del vehículo que la parte quejosa afirma es de su propiedad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, es conveniente señalar que a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1598, registro 2019456, de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2005381, que establece lo siguiente: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, de abril de 2013, Tomo 3, registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Precisado lo anterior, se tiene que la parte agraviada reclama, en lo esencial, el aseguramiento del vehículo de su propiedad tipo camioneta, marca *******, línea**********, modelo ******, color *******, serie ***********, derivado del inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, que se tramita en su contra. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página 225, registro 170500, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo de manera incuestionable corresponde a la parte quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, la página 15, registro 187777, que dispone lo siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que el accionante del amparo en este sumario ofertó las documentales que consisten en los siguientes: a) Certificado de título de vehículo escrito en idioma inglés; b) Traducción del referido certificado de título; c) Copia simple de la credencial para votar a nombre de *********; y d) Copia simple del pedimento ***********, con la leyenda NO PAGADO. Ahora, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. En consideración del que suscribe, con las documentales que exhibió el quejoso no demuestra tener algún interés respecto del automotor marca ********, línea ********, ******, color *****, serie **********, toda vez que el documento que exhibe se encuentra redactado en un idioma distinto del castellano, y no cuenta con la apostilla necesaria, entonces no puede llegarse a la convicción de que su contenido es auténtico, además, que aún y cuando la parte quejosa exhibió copia simple del pedimento de importación ********, en el cual aparece ********* como importador del vehículo en comento, lo cierto es que al no estar concatenada con diverso medio de convicción es insuficiente para tener por demostrado su contenido, además que de dicho documento se aprecia la leyenda NO PAGADO; por tanto, hasta este momento no puede acreditarse que el quejoso sea el propietario del vehículo referido, así como que el mismo se encuentre legalmente en este país. De tal suerte que, si el supuesto título de propiedad elaborado en idioma inglés no cuenta con la apostilla necesaria, entonces no puede llegarse a la convicción de que su contenido es auténtico, además, que con la copia del pedimento citado en el párrafo anterior, y en el cual obra la leyenda NO PAGADO, no es dable establecer el legal internamiento al país de ese vehículo de motor. En esta tesitura, con tales documentales la parte accionante no se acredita que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión y que, por consecuencia, le causen agravios los actos reclamados, ni que el acto reclamado le haya sido dirigido a su persona, porque se reitera, no se exhibieron documentos que acrediten un derecho real o personal posesorio del citado vehículo. En suma, dado que los documentos en idioma extranjero deben acompañarse de la apostilla para que tengan validez, al carecer de la misma no se estiman pruebas idóneas y eficaces para acreditar el interés jurídico. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada XV.1o.21 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, página 431, registro 200916, del rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución, de modo que, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar la confiscación y privación de la posesión del vehículo marca ********, línea *********, modelo *********, color ********, serie ******, que aduce es de su propiedad, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por no acreditar de forma fehaciente el interés jurídico. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables atinentes, pues esa circunstancia no relevaba al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 15, tomo XV, febrero de 2002, registro 187777, cuyo contenido indica lo siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, el peticionario de amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, registro 207221, que reza lo siguiente: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto anteriormente analizado, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Resta decir que es innecesario analizar los conceptos de violación formulados en la demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Es aplicable la Jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, página 708, que establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 263/2019-VI, promovido por Jesús Ruiz Chávez, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Peligro, Contra la Paz y Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, en relación con el acto reclamado a la autoridad responsable, Agente de la Unidad Especializada de Delitos de Peligro, Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública y de la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, de la Fiscalía General del Estado; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Finalmente, téngase al oficiante señalando que la denominación correcta de la autoridad señalada como responsable, Agente de la Unidad Especializada de Delitos de Peligro, Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública y de la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, de la Fiscalía General del Estado, es Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Peligro, Contra la Paz y Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, por tanto, se ordena a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realice las anotaciones correspondientes al respecto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente del informe justificado rendido por parte de la responsable, Director de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda del Estado de Chihuahua, y documental anexa al mismo, se advierte la participación de la Agente de la Unidad Especializada de Delitos de Peligro, Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública y de la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, en el acto reclamado en esta instancia, la cual no fue señalada como autoridad responsable en el escrito de demanda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 111, de la Ley de Amparo, con el contenido de dichas documentales, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda respecto de la Agente de la Unidad Especializada de Delitos de Peligro, Contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública y de la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, debiendo ajustarse a los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibida que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto del acto y autoridades precisadas en su escrito inicial de demanda, en los términos ahí indicados. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 93, registro 182617, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Finalmente, de la certificación con que se da cuenta se advierte que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, en atención a lo expuesto en párrafos que anteceden, existe imposibilidad jurídica para celebrar la citada audiencia. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con diez minutos del doce de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

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