Jesús Ruiz Carballido

Expediente 1092/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1092/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • JESÚS RUIZ CARBALLIDO y Otros.
  • Jesús Ruiz Carballido

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental.

  2. Principal

    PRIMERO. SE SOBRESEE SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE

  3. Principal

    Escrito inicial de demanda signado por ***, por su propio derecho. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 1092/2021. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de lo Penal del Sistema Tradicional de Puebla, dentro de la causa penal *** y que le fuera notificado el dieciocho de octubre siguiente, a través de cual devuelve los autos de la averiguación previa para su debida integración. Indicado lo anterior, quien provee estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de que el aquí inconforme, antes de acudir en demanda de amparo, estaba obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el procedimiento natural que, en el caso, es el recurso de revocación estatuido en los artículos 267, 268, 269 y 270 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal referido, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Contemplándose como casos de excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; cuando el acto reclamado consista en resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, cuando se trate de persona extraña al procedimiento, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; mismos que en el caso particular no acontecen. De tales numerales se advierte un medio de impugnación, a través del cual las partes pueden inconformarse contra las determinaciones de trámite que afecten o impidan lograr sus pretensiones, tal como sucede en el presente caso. Así, es dable concluir que el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de lo Penal del Sistema Tradicional de Puebla, dentro de la causa penal *** y que le fuera notificado el dieciocho de octubre siguiente, a través de cual devuelve los autos de la averiguación previa para su debida integración, es impugnable a través del mencionado recurso de revocación, atendiendo a lo dispuesto en los invocados artículos 267, 269 y 270 del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Por tanto, resulta inconcuso que si la ley aplicable prevé un medio de defensa legal que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser confirmado, modificado o revocado, la parte quejosa, previamente a intentar la acción constitucional, debió agotarlo, a fin de dar cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, promoviendo ante la juez de control el aludido recurso; máxime que dicha determinación no está dentro de alguno de los supuestos de excepción en los que esté de por medio su libertad personal, sino se trata de una determinación de mero trámite que no afecta derechos sustantivos del justiciable. Criterios jurisprudenciales que si bien están integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, en nada se opone a las disposiciones de la nueva legislación en la materia, conforme a lo previsto en su ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO de los publicados en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en cita. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme a su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona el promovente en el proemio de su demanda. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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