Jesús Rubén Ramírez Valiente

Expediente 67/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
67/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/02/2019

Partes del expediente

  • Jesús Rubén Ramírez Valiente

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio con el cual se lo notifica que se declaró firme el auto de treinta de enero del presente año, que desechó de plano la demanda promovida por Jesús Rubén Ramírez Valiente, así como de las copias certificadas del juicio de segunda instancia que remitió como justificación a su informe de ley, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, como se determinó en autos, remítase el presente asunto al archivo. De igual manera, como lo solicita la autoridad oficiante se ordena remitirle copia certificada del auto en cita, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de treinta de enero del presente año, que desechó de plano la demanda promovida por Jesús Rubén Ramírez Valiente, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Sin que haya lugar a proveer sobre la devolución de documentos, dado que no se exhibieron en el presente de juicio amparo. En otro aspecto, toda vez que la autoridad responsable remitió como complemento al informe justificado copia certificada del toca civil I-356/2018; en consecuencia, puesto que resulta innecesario que obre en este juzgado, se ordena su devolución. Asimismo, se solicita a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de este acuerdo, acuse el recibo correspondiente; en la inteligencia que de no hacerlo, se tendrán por recibidas a su entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la ejecutoria pronunciada por ese Tribunal del día dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión civil 171/2018, interpuesto por Consuelo Padilla Garfias, así como con los autos del juicio de amparo indirecto 241/2018 y tres tomos de pruebas, en la que determinó: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Consuelo Padilla Garfias, contra los actos y autoridades precisadas en esta ejecutoria. Acúsese el recibo correspondiente y glósense a los autos únicamente las constancias originales del expediente que se formó con motivo del recurso de revisión. En tales condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURACIÓN, dado que, en la especie, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la parte quejosa. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa y en los cuadernos del incidente de suspensión. Por otro lado, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Como resulta innecesario que en autos obre el legajo de copias certificadas que remitió la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se ordena enviárselo, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Por otra parte, se desprende que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 761042 , expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional concedida mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho , dictado dentro del presente incidente de suspensión. En consecuencia, al existir tercero interesado en el presente asunto, es necesario que transcurra el plazo de seis meses establecido por el artículo 156 de la Ley de Amparo, dentro del cual el tercero afectado puede promover el incidente de daños y perjuicios; por consiguiente, se hace saber a la parte quejosa que una vez transcurrido dicho plazo, de no haberse promovido el citado incidente, podrá solicitar la devolución de la garantía correspondiente, caso en el cual se acordará lo que en derecho corresponda. Apercibida que de no hacerlo en el plazo de dos años, contado a partir de los seis meses siguientes a este acuerdo, dicha garantía prescribirá a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, para su ingreso en beneficio de la administración de justicia. Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Demanda y radicación. Visto el oficio 425 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de amparo directo civil 57/2019, formado con motivo de la demanda promovida por Jesús Rubén Ramírez Valiente, por derecho propio; el informe justificado rendido por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como copia certificada del toca I- 356/2018, de su índice; oficio en el que comunica que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; atento al contenido del testimonio que anexa al oficio de mérito, este tribunal asume el conocimiento del asunto; por lo que acúsese de recibo. Regístrese en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número I-67/2019. Con las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se ordena formar un tomo de pruebas, respetando su folio, sello y rúbrica, agregando únicamente la carátula para su debida identificación. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Fijación del acto reclamado. Del estudio de la presente demanda de amparo y escrito aclaratorio se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La sentencia dictada dentro del toca número I-356/2018 de treinta de noviembre del año pasado que confirma la diversa sentencia interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del incidente de justas causas, derivado del juicio ordinario civil 261/2018 sobre acción plenaria de posesión y nulidad de acta destacada promovido por Hilario Ramírez Rodríguez, frente al aquí quejoso Jesús Rubén Ramírez Valiente, en donde resultó infundado el incidente de justas causas. Actualización de una causal de improcedencia. En el caso, respecto al acto reclamado por la quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. Ante el Juzgado Tercero en Materia Civil de Primera Instancia de la ciudad de Uruapan, Michoacán, se tramita el juicio ordinario civil número 261/2018, sobre acción plenaria de posesión y nulidad de acta destacada promovido por Hilario Ramírez Rodríguez, frente al aquí quejoso Jesús Rubén Ramírez Valiente. Dentro del incidente de nulidad de actuaciones del citado juicio ordinario civil, la parte actora ofreció una prueba confesional a cargo del quejoso, a la cual no pudo asistir el quejoso, por lo que promovió incidente de justas causas. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, declaró improcedente el incidente de justas causas. Motivo por el cual, la parte quejosa promovió recurso de apelación en contra de la sentencia que declaró improcedente el incidente de justas causas, dicho recurso tocó conocer a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien lo registró bajo el número de toca I-356/2018. En sentencia de treinta de noviembre del año pasado, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del incidente de justas causas, derivado del juicio ordinario civil 261/2018 sobre acción plenaria de posesión y nulidad de acta destacada promovido por Hilario Ramírez Rodríguez, frente al aquí quejoso Jesús Rubén Ramírez Valiente, en donde resultó infundado el referido incidente; siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. En efecto, como se adelantó en párrafos anteriores, la determinación impugnada, no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que por sí mismas no afectan un derecho sustantivo, ello toda vez que la determinación de la autoridad responsable en confirmar la diversa resolución que declara infundado el incidente de justas causas, no viola ningún derecho sustantivo del quejoso como la vida, la libertad, la propiedad, integridad personal, etcétera. Efectivamente, la resolución de treinta de noviembre del año pasado, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad se limitó a confirmar la diversa sentencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del incidente de justas causas, en donde resultó infundado el incidente de justas causas. De lo expuesto se colige, que la resolución que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Sin que la misma lesione algún derecho sustantivo como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, pues en todo caso, su derecho de acción como parte procesal sigue intacto, ya que el efecto de la resolución se constriñe a declarar infundado un incidente de justas causas, el cual, como se dijo, podría constituir una violación procesal, que podría ser analizada en el juicio de amparo directo, en caso de que dicha violación procesal deje sin defensas al quejoso y transcendiera al resultado del fallo. En efecto, el hecho de que no se haya admitido el recurso de queja propuesto por la moral quejosa, en modo alguno transgrede derechos sustantivos, requisito necesario para estimar la procedencia del juicio constitucional contra actos dentro de procedimiento, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Para mejor comprensión de los justiciables, respecto a los actos de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto, resulta pertinente acudir por identidad de razón a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, cabe decirse que dentro de la contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la jurisprudencia antes citada, el Pleno del Máximo Tribunal determinó: "Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]'. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal, resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos; por tanto, las violaciones de índole procesal deberán, en su caso, ser impugnadas en conjunto con la sentencia que ponga fin al juicio del que deriva el acto reclamado. En abono a lo anterior, debe decirse que la interlocutoria que declara infundado el incidente de justas causas, no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación, dado que, es una violación meramente formal y es remediable si el afectado obtiene una sentencia favorable, y como se dijo en párrafos anteriores, para el caso que la misma le fuera adversa puede reclamarse en el juicio de amparo directo, como violación procesal análoga a las previstas en el artículo 172, fracción XII de la Ley en la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 281, tomo XX, de junio de 1993, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "JUSTAS CAUSAS, INCIDENTE DE. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La resolución que al resolver el recurso de apelación respectivo, confirma la sentencia interlocutoria pronunciada en un incidente de justas causas que lo declara improcedente, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación a efecto de que contra él proceda el amparo indirecto, en términos del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siendo su consecuencia jurídica en todo caso, que se declare confeso al absolvente que no compareció al desahogo de la prueba confesional a su cargo, de las posiciones que le fueron formuladas por su contralitigante, la afectación a su interés jurídico con ello está supeditada a la justipreciación que de la misma verifique el juzgador en la sentencia que en definitiva se pronuncie dentro del procedimiento judicial del que dimana el citado acto reclamado; sino que se traduce en una violación procesal sólo reclamable en el amparo directo que se promueva en contra de tal fallo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del mismo, de conformidad con el artículo 158, párrafo primero, de la Ley de Amparo, al ser, atendiendo a su consecuencia jurídica, un caso análogo al previsto en la fracción IV del numeral 159 del mismo ordenamiento, que dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: "... IV. Cuando se declara ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado...". Lo anterior, se explica dado que el acto reclamado en comento no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia] sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados para tal efecto a los que señala en su escrito de demanda, mientras que Jaime Hernández Rodríguez gozara las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se autoriza a los secretarios firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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