Jesús Rubén Flores Ramos

Expediente 1765/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1765/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2019

Partes del expediente

  • Jesús Rubén Flores Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. ? Estado por no presentada. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dos de octubre de la presente anualidad, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó tenerla por no presentada, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Devolución de documentos. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juzgado Tercero de lo Familiar en el Estado de Puebla, las copias certificadas del juicio de alimentos 923/2017 de su índice; que remitió en atención al requerimiento efectuado en proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 02 DE OCTUBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte promovente en auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara la irregularidad de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo; en tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Jesús Rubén Flores Ramos. Por tanto, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se precisa que respecto de la falta de emplazamiento al juicio de alimentos *** del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Estado de Puebla, así como de los proveídos de ocho y veintinueve de junio, ambos de dos mil diecisiete, que adujo la parte quejosa en su escrito de demanda, el amparo es notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas por el Juez Tercero de lo Familiar del Estado de Puebla, consistentes en copias certificadas del expediente *** de su índice, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Definitividad respecto de la falta de emplazamiento a juicio. Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Resulta ilustrativa al caso, la jurisprudencia 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, tomo 1, libro X, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 2012, que dice: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), del a Constitución Política de los Estados UNIDOS Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Igualmente es aplicable la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR, sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio. En este contexto, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento del quejoso Jesús Rubén Flores Ramos al juicio de alimentos *** del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Estado de Puebla, se estima que la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y para justificar lo anterior conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 61 de tal legislación, que establece: Artículo 61. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente u omitida. II. El incidente de nulidad se tramitará como disponen los artículos 632 y 633; pero si antes de resolverse la cuestión incidental, se cita para sentencia en el negocio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de resolverse. III. El diligenciario que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será civil y penalmente responsable, independientemente, de la corrección disciplinaria a que se refiere la siguiente fracción; IV. Si en la interlocutoria o por cualquier otro medio legal se declara la nulidad de la notificación, la instancia competente en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará de oficio si el servidor público encargado de hacer la notificación incurrió en responsabilidad o no, en términos de las leyes aplicables, y se impondrá una multa de cinco a veinte días de salario al servidor responsable, quien será destituido de su cargo en caso de reincidencia; V. No obstante lo prevenido en las anteriores fracciones de este artículo, si la persona notificada se hubiera manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legalmente hecha. De lo transcrito, se advierte que cuando se omita hacer una notificación o se haga una en contravención a lo señalado en la ley adjetiva civil, podrá impugnarse mediante el incidente sobre declaración de nulidad de todo lo actuado, a partir de la notificación impugnada, el cual se tramitará conforme a las reglas generales para los incidentes. En ese contexto, el quejoso debió de promover el incidente de nulidad en contra de la falta de emplazamiento al juicio de alimentos *** del índice de la responsable, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su correcta notificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio de derechos, inobserva el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que contiene, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 674 de rubro y texto siguientes: NOTIFICACION INCORRECTA EN LA SEGUNDA INSTANCIA. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. En contra de la ilegal substanciación del procedimiento de segunda instancia, derivada de una aducida incorrecta notificación de la primera resolución dictada en el mismo, y subsecuentes, el amparo indirecto no es el idóneo para combatirlas ya que si bien en contra de las mismas no procede recurso ordinario para impugnarlas ante la propia autoridad responsable; sin embargo, también lo es que puede hacerse valer el incidente de nulidad de notificaciones que prevé el artículo 61, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en contra de la notificación relativa al fallo de segunda instancia y en su caso resultando procedente éste, ello deja expeditos los derechos del interesado para acudir a un juicio de garantías en la vía directa y reclamar en él, no sólo la resolución de segundo grado, sino inclusive la ilegalidad del procedimiento de apelación, al no habérsele notificado en él todos aquellos proveídos que pronunció el Tribunal de Alzada con anterioridad al fallo, haciéndolo valer como violación procesal en éste, en términos de lo previsto por el artículo 158 de la Ley de Amparo. También tiene aplicación, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1775, del tomo XXIX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2009, que dice: INCIDENTE DE NULIDAD. PROCEDE CONTRA LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO YA SE HUBIERA DECLARADO EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se omite o se estima indebida la notificación de la sentencia de primera instancia, debe impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, aun cuando ya se hubiere emitido el auto que declara ejecutoriado dicho fallo; en principio, porque el auto que da firmeza a una sentencia no cierra fase procesal alguna, como sí lo hace la sentencia de primer grado, mediante la cual termina la primera instancia, o la de segundo grado, con la que concluye la segunda instancia, ni se trata de la resolución que pone fin a la etapa de ejecución de sentencia, con la que concluye ese periodo, sino que es una mera declaración, por virtud de la cual se hace del conocimiento de las partes que la sentencia respectiva ha quedado firme por no ser susceptible de impugnación o por no haber sido recurrida por alguna de ellas; pero además, porque la indicada incidencia no atenta contra la firmeza de la cosa juzgada, pues ésta no estriba en el auto que declara ejecutoriada una sentencia, sino está en la propia resolución, pues es ésta la que contiene la verdad legal establecida por el juzgador, irrebatible e inmodificable por virtud de un medio de defensa accesorio que no tenga la característica de ser un recurso que la ley expresamente establezca para obtener su revocación o modificación. Por tanto, si el señalado incidente de nulidad sólo tiene por finalidad dejar sin efectos todas las actuaciones a partir de la omitida o indebida notificación, es decir, las efectuadas después de emitida la sentencia de primera instancia y las practicadas con posterioridad, incluida en éstas el señalado auto de ejecutoriedad, para que se realice la notificación omitida o se practique nuevamente esa comunicación procesal, pero conforme a derecho, sin alterar el contenido de ese fallo, es evidente que con él puede impugnarse la omisión o indebida notificación de una sentencia de primer grado, aun cuando se hubiere declarado firme pues, de lo contrario, el afectado no tendría a su alcance algún medio ordinario ni extraordinario para emprender su defensa. Igualmente es aplicable, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1651, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2004, que dice: NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Finalmente es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 26/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, tomo XXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2005, que dice: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitivita respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Se dice lo anterior, ya que en primer término el quejoso es la parte demandada en el juicio de origen, del cual tuvo pleno conocimiento tan es así que del capítulo que denominó HECHOS Y ABSTENCIONES se advierte que el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, al encontrarse en las instalaciones del Juzgado Tercero de lo Familiar del Estado, fue informado por el personal de este juzgado que se encontraba radicado en su contra el juicio 923/2017, y de las constancias que remitió la autoridad responsable en cumplimiento al proveído de trece de septiembre pasado, se advierte que aún no se emite sentencia definitiva, por lo que no pude tener el carácter de tercero extraño. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Asimismo, tampoco se aprecia que el acto reclamado haya sido verificado en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, deriva de un juicio ejecutivo civil, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. Definitividad respecto a proveídos reclamados. En otro orden, respecto de los proveídos de ocho y veintinueve de junio, ambos de dos mil diecisiete, el quejoso debió agotar el recurso de reclamación, previsto en los artículos 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, previo acudir al juicio de amparo. Lo anterior, pues si bien la determinación que decreta y fija de provisionalmente los alimentos en un juicio, constituye un acto de imposible reparación, lo cierto es que como quedó precisado en párrafos que anteceden aun cuando se trate de actos cuya ejecución es de imposible reparación debe agotarse el principio de definitividad. Para corroborar lo anterior, es preciso traer a colación el contenido de los diversos numerales 408, 409 y 410, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establecen lo siguiente: Artículo 408.- La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Artículo 409.- Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó. Artículo 410.- Son aplicables al recurso de reclamación las disposiciones siguientes: I.- Se interpondrá en el momento de la audiencia o dentro de los dos días siguientes, a partir de que surta efectos la notificación del auto impugnado; II.- Se formulará por escrito o verbalmente expresando el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación; III.- La reclamación no suspende el curso del juicio, se tramitará por cuerda separada y se mandará substanciar con vista de la contraria por el término de dos días; IV.- La resolución que al efecto se dicte, no admite recurso; y V.- Cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada. De la lectura de los preceptos trascritos se desprende cuál es el objeto del recurso de reclamación (revocar o modificar autos); contra qué determinaciones procede (autos que no fueren apelables y que no pongan fin al procedimiento), y cuáles son las reglas para el estudio de dicho medio de impugnación. En ese tenor, los autos de ocho y veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante los cuales se determinó fijar la retención del cincuenta por ciento de la liquidación o indemnización que existiera en caso de renuncia, y como pensión alimenticia provisional el veinticinco por ciento de su sueldo, respectivamente, en favor del menor A.I.F.U., constituyen determinaciones que pueden ser revocadas o modificadas a través del recurso de reclamación en comento. Lo anterior, puesto que los autos impugnados derivan de un juicio de alimentos, el cual se tramita como un procedimiento especial familiar, ello es así, dado que en términos de los artículos 679, 680, y 681, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, los procedimientos familiares son ordinarios, especiales y privilegiados, siendo los primeros aquellos que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada; los segundos (especiales) aquellos que no siendo privilegiados se les confiere una tramitación particular; y, tercero (privilegiados) aquellos señalados de manera ejemplificativa y no limitativa en el citado numeral 683. Sin embargo, de conformidad con el precepto 688 del mencionado ordenamiento, el juicio de alimentos es un procedimiento familiar especial, no privilegiado. De ahí que no resulten aplicables las disposiciones relativas al juicio privilegiado, entre las que se destaca el numeral 687, del código adjetivo de referencia, que dispone que en contra de las resoluciones de trámite no procede recurso alguno; siendo aplicable en tales juicios la regla general contenida en el dispositivo 409, del señalado cuerpo normativo, que señala que los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el órgano que los dictó. Por tanto, debe sostenerse que en contra de los actos reclamados en comento, la parte quejosa debió combatirlos a través del recurso ordinario que prevé la ley de la materia; es decir, mediante el recurso de reclamación, regulado por los artículos 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en virtud que el acto reclamado constituye proveídos que no ponen fin al procedimiento, respecto del cual procede dicho recurso; sin embargo, no se aprecia que la parte promovente acudiera al citado medio de defensa. Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubros y textos siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA. CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA DE MANERA PROVISIONAL, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, AL SER EFICAZ PARA CONTROVERTIR DICHO ACTO EN SEDE ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado consiste en el auto que decreta la pensión alimenticia provisional, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debe agotarse previamente el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puesto que éste tiene por objeto revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento y, además, se considera eficaz para reparar los actos de la autoridad en un plazo razonable, en tanto que al no existir disposición expresa que indique cuál es el término para resolver el citado recurso, cobra aplicación el artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial, se tendrán por señalados tres días. Cabe destacar que si bien es cierto que en la legislación inicial no existía precepto que facultara al Juez a resolver el recurso antes del dictado de la sentencia, y que en la exposición de motivos de esa codificación se puntualizó que debía resolverse en la sentencia, también lo es que mediante decreto de doce de julio de dos mil siete, se adicionó al artículo 410 del aludido cuerpo de leyes, la fracción V que establece: "cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada", de lo que se sigue que la finalidad del creador de la norma al adicionar esa porción normativa fue precisamente dotar de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que éste pudiera ser resuelto previamente al dictado de la sentencia de fondo, cuando el caso lo amerite. MEDIDAS PRECAUTORIAS. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN Y NO UN INCIDENTE CON LA MISMA DENOMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA VIGENTE A PARTIR DE 2005). El hecho de que en el artículo 532 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, se haya señalado que podrá reclamarse la medida precautoria por la parte contra la que se decrete o por quien tenga interés en ello, permite concluir que el legislador local remitió para tal efecto, al recurso de reclamación regulado en los artículos que van del 408 al 412 de esa legislación, por tanto el indicado medio ordinario de defensa es el que debe agotarse contra las determinaciones emitidas al decretar una medida precautoria; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que en la parte final de la primera de las disposiciones legales citadas, se hubiere preceptuado que dicha reclamación debe llevarse a cabo en la vía incidental, pues debe concluirse que el legislador no previó un incidente, sino un recurso de reclamación dotado de un trámite o procedimiento ágil y capaz de corresponder al objeto de impugnación, incorporando a la figura de este recurso dos cuestiones: un término de cinco días para su interposición y la aplicación, en lo conducente, del procedimiento establecido para los incidentes, en el que, además de que sus disposiciones lo enderezan a hacerlo más rápido, se admite la posibilidad de que se ofrezcan y desahoguen pruebas en breve lapso, lo cual finalmente responde a la naturaleza de las medidas cautelares. Por tanto, aun cuando ordinariamente en el recurso de reclamación no se prevé la posibilidad de que se ofrezcan y desahoguen pruebas, cuando se interpone para combatir una medida precautoria, sí es posible rendir medios de convicción para desvirtuar los elementos que sirvieron de fundamento para decretarla, sin que por ello debe denominarse incidente de reclamación y sustanciarse como tal. En tales términos, se concluye que la parte quejosa debió agotar el recurso de reclamación previsto en los artículos 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en contra de los autos de ocho y veintinueve de junio de dos mil dieciocho, emitidos por el Juez Tercero de lo Familiar del Estado de Puebla, dentro del expediente ***, mediante los cuales se fijó la retención del cincuenta por ciento de la liquidación o indemnización que existiera en caso de renuncia del quejoso a su trabajo, y por el que se fijó como pensión alimenticia provisional el veinticinco por ciento de su sueldo a favor de su menor hijo A.I.F.U., por ser el medio de defensa idóneo para lograr su nulificación; sin embargo, al no haberlo interpuesto previamente al juicio de amparo, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, razón por la cual se actualiza en el caso, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese orden, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si previamente se debió agotar un recurso ordinario, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. En tales condiciones, se reitera que el amparo promovido por la parte quejosa es notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    Agréguese el oficio enviado por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el que en atención a lo solicitado por auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, remite copia certificada -en lo que interesa- del desistimiento de la parte quejosa en el procedimiento especial de divorcio voluntario ... del índice de la autoridad oficiante, así como de la diligencia de ratificación de dicho escrito. En esas condiciones, con el oficio y documentales enviados por la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 63, fracción I, de la Ley de Amparo, 66 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la representante especial de la menor ..., para que en el plazo de tres días, manifieste si tiene inconveniente en que se sobresea el asunto ante el desistimiento ratificado por la parte quejosa mediante comparecencia de treinta de agosto de dos mil diecinueve, o en su caso, exponga los motivos que generen su oposición por afectaciones que se pudieran causar a la menor. Se apercibe a la representante especial de la menor que de no realizar manifestación alguna en el plazo concedido se le tendrá por conforme con el desistimiento de la parte quejosa y se proveerá lo conducente respecto al citado desistimiento.

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