Jesús Rosendo Mendoza Sanchez

Expediente 2/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/03/2018

Partes del expediente

  • Jesús Rosendo Mendoza Sanchez
  • Ana Beatriz Zaragoza Arias

Actuaciones

  1. Principal

    II-Agréguese el oficio de cuenta T-I-188, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, por medio del cual, se le tiene remitiendo testimonio autorizado de la ejecutoria de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, pronunciada dentro del conflicto competencial 01/2018, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esa ciudad capital y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Rosendo Mendoza y otros. Acúsese recibo. Ejecutoria de cuyos puntos resolutivos, se desprende que dicho Tribunal de Alzada determinó declarar legalmente competente al titular del referido Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, para conocer del libelo constitucional en cuestión. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    II-Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, del que se desprende que con motivo del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, ubicado en esa ciudad capital, para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Rosendo Mendoza Sánchez y otros, contra actos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de la Secretaría de Educación Pública, con sede en la ciudad de México y otras autoridades, se ordenó la tramitación del respectivo incidente de competencia, al que correspondió el número de expediente 1/2018; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    II-Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, por medio del cual, se le tiene acusando recibo del diverso oficio 118, derivado del proveído de cuatro de enero del presente año, por el que se devolvieron a ese órgano jurisdiccional los autos del juicio de amparo I-1153/2017-M, de su índice, promovido por Jesús Rosendo Mendoza Sánchez y otros, toda vez que este Tribunal determinó no aceptar el conocimiento de dicho asunto. Asimismo, de dicho comunicado, se desprende que el Juez de Distrito declinante, al no compartir el criterio asumido por este Juzgado, determinó remitir los respectivos autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en la capital del Estado, a efecto de que se resuelva lo conducente respecto de tal conflicto competencial; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    II.-Téngase por recibido el oficio 891/17, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, al que acompaña el cuaderno de incompetencia I-1153/2017-M, formado con motivo de la recepción de la demanda de amparo promovida por Jesús Rosendo Mendoza Sánchez y otros, por su propio derecho, contra actos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de la Secretaría de Educación Pública (FONE), con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 2/2018-II. Del contenido del expediente de incompetencia en mención, se advierte el proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, en que el juez declinante, entre otras consideraciones, declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Rosendo Mendoza Sánchez, Liliana Ledesma Cisneros, Yunuen Juárez Gordillo, Rosa Isela Vargas Santacruz, Aurora Herrejón Alcaraz y Gustavo López Juárez , al determinar que los actos reclamados tendrán ejecución material dentro del territorio en el que este Tribunal ejerce jurisdicción, específicamente en diversas comunidades pertenecientes al municipio de Apatzingán, Michoacán. Y que por tanto, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que otorgue la competencia para que ese órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de conocer del libelo constitucional, al determinar que los actos que se reclaman llevan implícita la ejecución material, por virtud de consecuencias jurídicas que eventualmente se efectuarán en dicha localidad. Determinación de incompetencia que emitió, esencialmente, bajo el siguiente criterio: ".En esas condiciones, en principio debe determinarse si los actos reclamados requieren de ejecución material, a efecto de determinar qué regla rige la competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio. En el presente se reclama la retención de salarios y la supresión de las plazas de los quejosos mencionados, lo cuales, como ya se dijo, tienen sus plazas en diversas comunidades pertenecientes al municipio de Apatzingán, Michoacán; por lo que lleva una ejecución implícita, derivado de la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce; por tanto, se considera que el Juez de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, es el que debe de conocer del presente asunto. Por tal razón, es de considerarse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe de atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; entonces, si la ejecución material del acto reclamado será en dicho Distrito Judicial, y corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, por ser el que ejerce jurisdicción en aquel municipio .". Por lo que, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, el Juez jurisdiccional se declaró legalmente incompetente y ordenó remitir el escrito original de demanda y anexos correspondientes al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con sede en esta ciudad. No obstante lo anterior, quien resuelve no comparte el criterio sustentado por el juez declinante, para justificar que el suscrito sea competente para conocer de la demanda referida respecto de dichos promoventes, por las siguientes consideraciones: De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalaron como autoridades responsables a las siguientes: En su carácter de ordenadoras: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de la Secretaría de Educación Pública (FONE), con sede en la Ciudad de México. Secretario de Educación en el Estado de Michoacán. Delegado Administrativo de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Director Administrativo de Personal de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. En su carácter de ejecutoras: Director Administrativo de personal de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Jefe de Pagos de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Jefe de Distribución de Cheques de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Residentes en Morelia, Michoacán. Precisando como actos reclamados los siguientes: Del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de la Secretaría de Educación Pública (FONE), con sede en la Ciudad de México: "La orden escrita de fecha 20 de febrero de 2017 dos mil diecisiete, girada a las autoridades educativas estatales en Michoacán, en especial al Secretario de Educación en el Estado, y mediante el cual se manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada, fuera de todo juicio o procedimiento Administrativo, decreta y ordena la retención de nuestros salarios, y la supresión de las plazas que hasta hoy día venimos ejerciendo cada uno de los quejosos." Del Secretario; Delegado Administrativo; Enlace Jurídico y Director Administrativo de Personal de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, respectivamente: "El acuerdo de 23 veintitrés de febrero de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada, fuera de todo juicio o procedimiento Administrativo y en cumplimiento a la orden girada por el FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (FONE) decreta la retención de nuestros salarios y la supresión de las plazas que hasta hoy día venimos ejerciendo cada uno de los quejosos; y El haber ordenado por escrito y de manera verbal a sus subordinados la ejecución del citado acuerdo de fecha 14 de agosto del año 2015 dos mil quince (sic)." "El haber ordenado por escrito y de manera verbal a sus subordinados la ejecución del acuerdo de data 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual el Secretario de Educación en el Estado de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada, y en cumplimiento a lo mandatado por el FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (FONE) decreta la retención de nuestros salarios y la supresión de las plazas que hasta hoy día venimos ejerciendo cada uno de los quejosos." "El haber participado de manera ilegal, inconstitucional e inconvencional en la elaboración del acuerdo de data 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada, fuera de todo juicio o procedimiento Administrativo, decreta en cumplimiento a la ordenado por el FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (FONE) la retención de nuestros salarios y la supresión de las plazas que hasta hoy día venimos ejerciendo cada uno de los quejosos." "El haber ordenado por escrito y de manera verbal a sus subordinados la ejecución del acuerdo de data 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada, fuera de todo juicio o procedimiento Administrativo, decreta la retención de nuestros salarios y la supresión de las plazas que hasta hoy día venimos ostentando cada uno de los quejosos." De las ejecutoras Director Administrativo de Personal de la Delegación Administrativa; Jefe de Pagos y Jefe de Distribución de Cheques de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, residentes en Morelia, respectivamente: "El pretender de manera inminente y de un momento a otro ejecutar el acuerdo de data 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada, fuera de todo juicio o procedimiento Administrativo, decreta la retención de nuestros salarios y la supresión de las plazas que hasta hoy día venimos ejerciendo; y como consecuencia de lo anterior el SUPRIMIR LA PLAZA LABORAL que hasta hoy día venimos ostentando." "El pretender de manera inminente y de un momento a otro ejecutar el acuerdo de data 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada, fuera de todo juicio o procedimiento Administrativo, decreta la retención de nuestros salarios y la supresión de las plazas que hasta hoy día venimos ejerciendo; y como consecuencia de lo anterior OMITIR EL PAGO DE NUESTROS SALARIOS VÍA DISPERSIÓN BANCARIA AL CUAL TENEMOS DERECHO." "El pretender de manera inminente y de un momento a otro ejecutar el acuerdo de data 23 veintitrés de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual de manera inconstitucional, ilegal, indebida, infundada e inmotivada, fuera de todo juicio o procedimiento Administrativo, decreta la retención de nuestros salarios y la supresión de las plazas que hasta hoy día venimos ejerciendo; y como consecuencia de lo anterior OMITA SE LLEVE A CABO EL PAGO DE NUESTROS SALARIOS VÍA DISPERSIÓN BANCARIA O A TRAVÉS DE LA ENTREGA DEL CHEQUE." A efecto de sustentar la presente determinación, resulta oportuno precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas de competencia entre jueces de Distrito, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan en el siguiente orden: a) La primera se encuentra contenida en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda hipótesis que se contiene en el referido artículo 37, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un complemento a la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y se siga ejecutando en uno diverso, entonces, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) Finalmente, la tercera regla se desprende del último párrafo del precepto en comento, consiste en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Siguiendo los lineamientos expuestos, en primer término, se debe acudir al examen del tipo de los actos reclamados; en segundo lugar, si dichos actos son de aquellos que tienen o no una ejecución material; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver el presente asunto. En el caso, en primer término, analizaremos la primera y segunda de las reglas prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, a fin de evidenciar cuál es la que se actualiza. Hecho lo anterior, es de precisar que tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, la intención del legislador al fijar dicha competencia fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera el gobernado puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Asimismo, es importante destacar que para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que sostiene el juez declinante se actualiza, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad, aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del Juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Así, contrario a lo que sostiene el juzgador declinante, atento a la naturaleza de los actos reclamados, se advierte que lejos de estar en la hipótesis primera del artículo 37 de la Ley de Amparo, antes destacada, se está en la regla segunda que regula dicho numeral y que es la que atiende aquellas resoluciones que contienen actos que conllevan una ejecución material, los cuales van a tener ejecución en un distrito y siguen ejecutándose en otro; por lo tanto, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones ante el que se presentó la demanda, será competente. Dicho en otros términos, si el legislador no plasmó en la norma esa distinción de jerarquización de los actos que requieran ejecución material; atendiendo a la regla de derecho que donde el legislador no distingue, el juzgador no puede establecer distinciones, entonces, este juzgado sostiene que contrario a lo referido por el juzgador declinante, no es válido jurídicamente hacer esa distinción para fincar competencia, puesto que, al margen de la naturaleza que contenga los actos reclamados, es decir, accesorios o no de otros diversos que posiblemente también tienen ejecución material en la jurisdicción de este juzgado federal, lo incuestionable resulta de que están teniendo o van a tener ejecución material alguno o algunos de ellos en la jurisdicción territorial donde ejerce competencia el juzgado declinante; asimismo, es incontrovertible que el juez declinante es el primero que conoció de la demanda de garantías. Luego, si en el caso particular nacen a la vida jurídica esos dos extremos que en abstracto contienen la segunda regla estatuida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, el juzgado de Distrito ante el que se presentó la demanda, fue el que tuvo conocimiento del asunto y los actos que se reclaman tuvieron ejecución o van a tener ejecución en la jurisdicción donde él ejerce competencia territorial; esos extremos son suficientes para concluir que en él recae la competencia para conocer de la presente demanda de garantías. Asimismo, en apoyo a lo descrito, en menester precisar que algunas de las consecuencias jurídicas derivadas del acto reclamado consistente en el procedimiento administrativo sobre depuración de plazas y retención de salarios, sobre el cual el juez declinante finca básicamente su determinación de incompetencia, ha comenzado a materializarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, lugar donde dicho órgano de control constitucional ejerce jurisdicción territorial, pues los agraviados, en los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos en reclamo manifestaron, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que les correspondía recibir su cheque de pago como empleados de la Secretaría de Educación en el Estado, tales documentos mercantiles no llegaron a su oficina pagadora ni tampoco les había sido depositado el respectivo salario; no obstante ello, hasta la fecha de presentación del escrito de la demanda de amparo, continuaron desarrollando sus funciones como docentes. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se trasladaron a la ciudad capital del Estado para acudir a las oficinas de la Secretaría de Educación, donde el Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, les hizo saber el referido acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, emitido por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, que ordenó la retención de sus salarios y la supresión de plazas que vienen ejerciendo, así como la orden verbal y por escrito a sus subordinados para la ejecución de tal acuerdo. Que no obstante lo anterior, continúan laborando regularmente en sus centros de trabajo, pese a que no les han sido cubiertos sus salarios; asimismo, que no se han materializado los actos reclamados inherentes a la suspensión de sus plazas laborales. Antecedentes que como se precisó, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales deben ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte, en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describe, como lo sustenta, la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 2613, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, aplicable en lo conducente, del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." En ese contexto, a consideración de este Tribunal, en la especie no se surte la hipótesis que sostuvo el juez declinante para determinar que este órgano jurisdiccional es legalmente competente, por cuestión de territorio, para conocer de la demanda de garantías en análisis, esto es, que los actos reclamados por los quejosos consistentes, esencialmente, en la orden de supresión administrativa de la plazas y retención de salarios como trabajadores de la Secretaría de Educación en el Estado, eventualmente tendrá ejecución material en diversas comunidades pertenecientes al municipio de Apatzingán, Michoacán, jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. Lo anterior, habida cuenta que el juez declinante pasó por alto ponderar que algunos de los efectos jurídicos nacidos del propio procedimiento administrativo en cuestión, de carácter ejecutivo, precisamente ya se enfatizó, han comenzado a materializarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en donde reside el juez declinante ante quien se presentó la demanda, pues como fue puntualizado, la retención de los salarios de los agraviados, a través de los documentos mercantiles denominados "cheques", está siendo llevado por las responsables en la ciudad de Morelia, Michoacán; a más de que, el procedimiento administrativo sobre proceso de depuración de plazas y retención de salarios, que conlleva implícito suprimir administrativamente a los agraviados de sus plazas como trabajadores de base de la Secretaría de Educación en el Estado, su trámite correspondiente se realiza en tal Distrito Judicial; y que además, en la demanda no se señaló autoridad responsable alguna, con carácter de ordenadora y ejecutora, que tenga su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este Tribunal ejerce jurisdicción. Atento a tales razonamientos, contrario a lo señalado por el juez declinante, se está pero en la hipótesis segunda del artículo 37 de la Ley de Amparo, puesto que los actos reclamados son de aquellos que contienen una ejecución material, los cuales han tenido verificativo en un distrito (Morelia, Michoacán) y eventualmente la tendrán en otro (diversas comunidades del municipio de Apatzingán, Michoacán), lugar en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. En consecuencia, es evidente que resulta competente el juzgado declinante para conocer de la demanda de amparo en estudio, por ser ante él que se presentó el libelo constitucional respecto de los actos reclamados; ello de conformidad con la segunda regla de competencia prevista en el artículo 37, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis aislada CXXXVI/90, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, página 148, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVIENE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS COMENZARON A EJECUTARSE EN SU JURISDICCIÓN O CONTINÚAN EJECUTÁNDOSE EN ELLA, DEBE ENTENDERSE QUE ES AQUEL ANTE QUIEN INICIALMENTE SE PRESENTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. La disposición contenida en el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a saber "si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente", revela, que dándose los presupuestos mencionados, son igualmente competentes para conocer del juicio de garantías los jueces de las jurisdicciones abarcadas por la ejecución del acto. Sin embargo, como por lógica y sentido común sólo uno de los jueces implicados tiene que ser el que conozca del juicio, la expresión "a prevención" debe entenderse en función del conocimiento anticipado, es decir, el juez ante el cual inicialmente se presentó la demanda, pero no en razón del juez que provea sobre la admisión o acerca de la suspensión provisional o de oficio. Una postura contraria llevaría al absurdo de que tratándose de un conflicto competencial en el que la demanda de amparo no gire en torno a alguno de los actos mencionados en el artículo 17 de la propia ley y que, por consiguiente, el juez que se declara incompetente no tiene por qué proveer sobre su admisión ni en relación con la suspensión provisional o de oficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del citado ordenamiento, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o el correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, nunca encontrarían el juez que previno, en primer lugar, porque el juez que se declara incompetente no proveerá respecto de aquellos actos procesales y, en segundo lugar, porque menos lo haría el juez que no acepta la declinatoria de competencia." Así como el diverso criterio sustentado por la indicada entonces, Tercera Sala de la Suprema Corte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 217-228, Cuarta Parte, Séptima Época, a página 14, que establece: "ACTOS QUE SE EMPEZARON A EJECUTAR EN UN DISTRITO Y SE CONTINUARON EN OTRO. COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE PREVINO. El artículo 36 de la Ley de Amparo dispone que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Por consiguiente, si se reclaman diversos actos consistentes en embargos practicados en un inmueble, la inscripción de tales embargos, el procedimiento de remate y adjudicación y sus consecuencias jurídicas y los mismos se comenzaron a ejecutar en un distrito y siguieron ejecutándose en otro, debe conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno". Así como la tesis I.11o.C.19 K, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1531, Tomo XIX, Marzo de 2004, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBAN EJECUTARSE EN DISTRITOS JUDICIALES DISTINTOS. CORRESPONDE CONOCER AL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCIÓ INICIALMENTE DE LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. Por tanto, si la ejecución material de los actos como el remate, comenzó en un distrito judicial y continuó o tendrá que continuar en otro distinto a aquél, como lo sería el anuncio de la venta, el llamamiento de postores en el lugar de la ubicación del inmueble y, en su caso, el desposeimiento del inmueble rematado, entre otros, debe estimarse que resulta competente para conocer el Juez de Distrito que previno, esto es, el que haya conocido inicialmente de la demanda, en estricta aplicación de la segunda regla de competencia prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37, párrafo segundo, en relación con el 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, no acepta la competencia planteada y se ordena devolver la demanda con sus anexos correspondientes al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para los efectos legales a que haya lugar, a quien respetuosamente se solicita se sirva informar el acuerdo que a ésta determinación recaiga. Con copia certificada de la demanda de amparo y anexos correspondientes, fórmese cuaderno de antecedentes. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. NOTIFÍQUESE.

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