Jesús Rosales Ventura
Expediente 557/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 52 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 52
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jesús Rosales Ventura
- Licenciada Elizabeth Ramírez Rodríguez. Directora del Centro de Atención Integral a Víctimas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 52.
- Principal
Como lo solicita el promovente, agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para que obre como corresponda, y así el Ministerio Público de la Federación adscrito lo pueda tener a la vista
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes por auto de dieciséis de agosto actual (foja 817, tomo II), plazo del cual se le otorgó al quejoso prórroga en diverso acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés (foja 834, tomo II), para que realizara manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector; por tanto, se procede a analizar si la sentencia de amparo ha sido cumplida o no, en su totalidad. De las constancias que integran el presente expediente se advierte lo siguiente: 1.- En sentencia de cinco de diciembre de dos mil veintitrés este órgano jurisdiccional resolvió el presente juicio de amparo 557/2022, y concedió la protección constitucional solicitada por ***, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable (fojas 103 a 107, tomo I). 2.- En acuerdo de seis de enero de dos mil veintitrés (fojas 137 y 138, tomo I), causó ejecutoria la sentencia emitida en este juicio al no haber sido recurrida por las partes, por lo que se requirió a la autoridad responsable Titular del Centro de Atención Integral a Víctimas, con sede en Monterrey, Nuevo León, para que diera cumplimiento al fallo protector. 3.- En cumplimiento a lo anterior, por oficio *** de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la Titular del Centro de Atención Integral en el Estado de Nuevo León, informó que se designó a ***, como asesor jurídico del quejoso. 4.- Mediante oficio ***, de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Titular del Centro de Atención Integral en el Estado de Nuevo León, informó que a solicitud del quejoso se cambió el asesor jurídico previamente designado, por la licenciada **** dentro de la investigación **, de lo cual se notificó a *** mediante el oficio ****, remitiendo el acuse respectivo (foja 151, tomo I). Asimismo, en torno a la intervención telefónica que aduce el quejoso sufre y las medidas de protección solicitadas, informó que conforme lo establecido en el artículo 7 en su fracción VII de la Ley General de Víctimas respecto de los derechos de estas, y artículo 40 de esa propia ley, giró oficio **** (foja 148, tomo I), en el cual solicitó lo siguiente: "[.] a la Agente del Ministerio Público encargada de la integración de la carpeta de investigación ****, que conforme a sus atribuciones, tuviera a bien determinar de manera URGENTE se brinden medidas de protección a su favor y de su familia con motivo de la intervención telefónica que refiere ha sufrido; así como también, las medidas que considere necesarias y oportunas para remediar lo anterior (la intervención telefónica). Asimismo, se le solicitó a la autoridad investigadora federal que, de no tener inconveniente alguno, hiciera del conocimiento de este Centro las medidas adoptadas." De igual manera, manifestó que lo anterior se hizo del conocimiento del quejoso a través del oficio ***, el cual se le notificó al quejoso en su domicilio vía paquetería a través de la guía ****, y según constancia que remitió posteriormente dicha responsable, fue entregada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés (fojas 150, tomo I y 813 vuelta, tomo II). 5.- Mediante acuerdo de tres de abril de dos mil veintitrés (foja 247, tomo I), se requirió al Encargado de la Fiscalía de Distrito en esta ciudad -autoridad vinculada-,el cumplimiento del fallo, consistente en las medidas de protección adoptadas para remediar la intervención telefónica y medias de protección, tanto al quejoso como a su familia (foja 245 y 246). 6.- Por oficio *** el Encargado de la Fiscalía de Distrito, con sede en esta ciudad, informó que por cuanto a las medidas de protección que por acuerdo ministerial le concedieron al quejoso el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, por sesenta días naturales (foja 492, tomo I), éste giró oficio al agente de la Policía Ministerial Encargado de la Inspección de Distrito de Nuevo Laredo, para que por su conducto, ordenara a los elementos a su mando, el cumplimiento de esas medidas; asimismo, respecto a las medidas de protección que otorgaron con la finalidad de salvaguardar la integridad del quejoso, anexo el informe de vigilancia domiciliaria de veintisiete de abril del año que transcurre. De igual forma, informó queha requerido en múltiples ocasiones al quejoso para que proporcione el domicilio que refiere como de su familia, así como, con el dispositivo electrónico que le está siendo intervenido, ello para estar en aptitud de enviarlo al área de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia y sea revisado con personal experto en la materia, y determinar si el mismo está o no intervenido, sin éxito alguno, además que muchas de las ocasiones que acudieron a su domicilio, este no se encontraba ahí y cuando pudieron finalmente localizar al quejoso en su domicilio, y proporcionarle los números telefónicos a los que podía marcar en caso de emergencia, inclusive uno personal de los agentes encargados de la vigilancia de su domicilio, éste se limitó a agradecer el apoyo recibido, y manifestó que sale constantemente de su domicilio por asuntos personales, por lo que no puede ser localizado a una hora específica, y sólo les dio su número de celular, no el aparato en sí (fojas 484 a la 509, tomo I) 7.- Mediante escrito recibido el diecinueve siguiente, el quejoso señaló los nombres y teléfonos de la familia a la cual solicita que la autoridad responsable otorgue medidas de protección, ocurso del que se advierte que dichos familiares radican todos en Estados Unidos de Norteamérica (foja 617 a 620, tomo II). En acuerdo recaído a dicho escrito de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se aclaró que dichos actos son ajenos al cumplimiento de la sentencia de amparo y que este juzgado no está facultado para solicitar a autoridades extranjeras brinden protección a los familiares que menciona el quejoso en el referido escrito, toda vez que, los efectos de la sentencia amparadora no tienen ese alcance, ni forma parte de la litis constitucional, lo mismo sucede con los números de teléfonos extranjeros que proporciona de dichos familiares, puesto que no son números nacionales, motivo por el cual se le invitó a que si proporcionaba un número fuera de su persona, o en su caso, si contaba con algún familiar radicando en esta ciudad, al que bajo su consideración se le debía brindar la medida cautelar de protección, de inmediato lo informara para acordar lo conducente (foja 621 y 622, tomo II). 8.- Mediante oficio ***, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el Encargado de la Fiscalía de Distrito de Nuevo Laredo, remitió constancias de las que se advierten medidas cautelares de protección fijadas en favor del quejoso (fojas 623 a la 675). 9.- Por oficio ***, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el Encargado de la Fiscalía de Distrito de Nuevo Laredo, remitió constancias de las que se continua advirtiendo medidas cautelares de protección fijadas en favor del quejoso, e informó que le requirió de nueva cuenta los aparatos de telefonía de los cuales se duele son intervenidos, sin que a la fecha de la presentación del citado comunicado, los haya proporcionado (fojas 702 a la 726, tomo II). 10.- En proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, toda vez que de autos se advirtió que en diversos escritos el quejoso ha manifestado que los aparatos telefónicos de los cuales se duele su intervención, pertenecen a familiares que radican en Estados Unidos de Norteamérica, se le requirió para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, acudiera ante el agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, de esta ciudad, y presentara el equipo telefónico que utiliza, a efecto de que sea revisado por personal calificado en la materia de intervención telefónica de que se duele, esto, en caso de que el quejoso no haya atendido ya, el requerimiento que en el mismo sentido le realizó (foja 727, tomo II). 11.- Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, se requirió al agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, de esta ciudad, a efecto de que informara si el quejoso acudió ante su presencia a entregar el equipo telefónico que utiliza a efecto de ser revisado por personal calificado, en relación a la intervención telefónica de la que se duele (foja 739 vuelta). 12.- Mediante oficios *** y ***** de cuatro y cinco de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, el agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, de esta ciudad, informó que se notificó puntualmente el requerimiento citado en el número que antecede al quejoso; sin embargo, éste hizo caso omiso y no proporcionó ningún equipo telefónico. Manifestando también en ambos oficios, que se prolongaron las medidas de protección que el fueron decretadas al quejoso en su domicilio, y atendiendo a ello, remitió constancias en copia certificada de dichas medidas (fojas 769 a 773, y 780 a 789, tomo II). 13.- En proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés (foja 834, tomo II), se otorgó al quejoso prórroga única, respecto de la vista concedida a las partes en previo acuerdo de dieciséis de agosto del dos mil veintitrés (foja 817, tomo II), para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento informado por las responsables en acatamiento a la sentencia amparadora, quien realizó manifestaciones en ese sentido en escritos recibidos en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés (foja 905, tomo II). Efectos de la sentencia Los efectos de la concesión del amparo, según la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, se dictaron en los siguientes términos: "[.] Consecuentemente, procede conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Titular del Centro de Atención integral a Víctimas en Nuevo León, con residencia en Monterrey, con plenitud y estricto apego a sus atribuciones y potestad, de respuesta complete (sic) y congruente a lo con lo peticionado, lo cual deberá hacerlo en forma clara y directa, ya sea accediendo o no a lo solicitado, pero dando respuesta congruente con la petición que le fue realizada. [.]" (fojas 106 vuelta, tomo I). Análisis del acto reclamado Antes de proceder a analizar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, es de señalarse que el acto reclamado en el presente asunto, lo fue la falta de contestación al escrito que le fue enviado por el quejoso a la responsable por correo certificado con acuse de recibo de once de agosto de dos mil veintidós, recibido el veintidós de ese mismo mes y año, es decir, un derecho de petición. Cabe mencionar que, en dicho escrito el quejoso solicitó de la responsable, que previa revocación del asistente jurídico que lo representaba en la carpeta de investigación ****, se le designara otro para que lo asistiera; que se tomaran las medidas necesarias para remediar la intervención telefónica sufría, y finalmente, que se tomaran las medidas de protección para él y su familia (foja 1 vuelta). Cumplimiento de las autoridades responsables Entonces, a través del oficio **** de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Titular del Centro de Atención Integral en el Estado de Nuevo León, informó que se cambió el asesor jurídico previamente designado al quejoso, por la licenciada **** dentro de la carpeta de investigación ****, de lo cual se notificó a *** mediante el oficio *** (foja 151, tomo I). Además, respecto a la intervención telefónica que adujo sufrir el quejoso, y las medidas de protección solicitadas, la responsable informó que conforme lo establecido en el artículo 7 en su fracción VII de la Ley General de Víctimas respecto de los derechos de estas, y artículo 40 de esa propia ley, giró oficio*** (foja 148, tomo I), acoró y solicitó lo siguiente: "[.] a la Agente del Ministerio Público encargada de la integración de la carpeta de investigación ***, que conforme a sus atribuciones, tuviera a bien determinar de manera URGENTE se brinden medidas de protección a su favor y de su familia con motivo de la intervención telefónica que refiere ha sufrido; así como también, las medidas que considere necesarias y oportunas para remediar lo anterior (la intervención telefónica). Asimismo, se le solicitó a la autoridad investigadora federal que, de no tener inconveniente alguno, hiciera del conocimiento de este Centro las medidas adoptadas." De igual manera, manifestó que lo anterior se hizo del conocimiento (notificó) al quejoso, a través del oficio ****, mismo que se le notificó al quejoso en su domicilio vía paquetería enviada con guía número ****, y según constancia que remitió posteriormente dicha responsable, fue entregado al destinatario el veintidós de marzo de dos mil veintitrés (fojas 150, tomo I y 813 vuelta, tomo II). Adicionalmente, no se inadvierte, que sin ser tema del cumplimiento de la sentencia de amparo, la autoridad responsable vinculada al cumplimiento agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, le ha proporcionado al quejoso medidas de protección en su domicilio cito en calle** número ***, de la colonia ***, en esta ciudad; que pese a diversos requerimientos, el quejoso nunca proporcionó el equipo telefónico que utiliza, para el efecto de que personal experto en la materia, pudiera verificar la intervención telefónica de la cual se duele en el escrito que no le había contestado la autoridad responsable -acto reclamado-. Así como que por lo que hace a las medidas cautelares de protección para su familia, el quejoso informó que su familia radica en Estados Unidos de América, razón por la cual se precisó que este juzgado no está facultado para solicitar a autoridades extranjeras les brinden protección, toda vez que los efectos de la sentencia amparadora no tienen ese alcance, que lo mismo sucede con los números de teléfonos extranjeros que proporcionó de dichos familiares, puesto que no son números nacionales, motivo por el cual se le invitó a proporcionar un número de su persona, o en su caso, de algún familiar radicando en esta ciudad, al que bajo su consideración se le debía brindar la medida cautelar de protección para acordar lo conducente (foja 621 y 622, tomo II). Se tiene por cumplido el fallo protector De lo antes transcrito es evidente que, con las constancias allegadas por la autoridad responsable, se ha dado cumplimiento al fallo protector. Ello es así, ya que a través del oficio ***, de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Titular del Centro de Atención Integral en el Estado de Nuevo León, se dio respuesta a lo solicitado en su escrito recibido por la autoridad responsable el veintidós de agosto de dos mil veintidós, pues en dicho comunicado se le informó que se cambió el asesor jurídico que le fue previamente designado, por la licenciada **** dentro de la carpeta investigación ****, de lo cual se notificó al aquí quejoso **** mediante el oficio **** (foja 151, tomo I). Además, respecto a la intervención telefónica que y las medidas de protección solicitadas, la responsable informó que, conforme lo establecido en el artículo 7 en su fracción VII de la Ley General de Víctimas respecto de los derechos de estas, y artículo 40 de esa propia ley, giró oficio *** (foja 148, tomo I), dio respuesta y solicitó lo siguiente: "[.] a la Agente del Ministerio Público encargada de la integración de la carpeta de investigación ***, que conforme a sus atribuciones, tuviera a bien determinar de manera URGENTE se brinden medidas de protección a su favor y de su familia con motivo de la intervención telefónica que refiere ha sufrido; así como también, las medidas que considere necesarias y oportunas para remediar lo anterior (la intervención telefónica). Asimismo, se le solicitó a la autoridad investigadora federal que, de no tener inconveniente alguno, hiciera del conocimiento de este Centro las medidas adoptadas." De igual manera, manifestó que lo anterior se hizo del conocimiento (notificó) al quejoso, a través del oficio ***, mismo que se le notificó al quejoso en su domicilio vía paquetería enviada con guía número ***, y según constancia que remitió posteriormente dicha responsable, fue entregado al destinatario el veintidós de marzo de dos mil veintitrés (fojas 150, tomo I y 813 vuelta, tomo II). Por tanto, al haber contestado la autoridad responsable completa y congruentemente el escrito que le fue enviado por el quejoso a través de correo certificado con acuse de recibo el once de agosto de dos mil veintidós, recibido el veintidós de agosto de ese mismo año, con plenitud y en apego a sus atribuciones, y haber notificado al quejoso de la determinación emitida, se determina que el fallo protector se encuentra cumplido. Además, se considera que la responsable no incurrió en exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues no se extralimitó en su cumplimiento al ir más allá del alcance de los efectos concedidos, sino que llevó a cabo los actos necesarios para el cumplimiento de la sentencia protectora de garantías. Tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. En conclusión, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin excesos ni defectos. No constituyen obstáculo a lo anterior las manifestaciones que realizó el quejoso en sus escritos cuenta, así como en los recibidos en autos de veintinueve de agosto, diez y veinticinco de octubre y siete y catorce de noviembre, todos de dos mil veintitrés, en torno al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la autoridad responsable, en los que medularmente señala no estar de acuerdo con el cumplimiento informado, pues a diferencia de lo que sostiene y conforme se expuso en párrafos anteriores, los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la justicia federal han sido satisfechos con el actuar de la autoridad responsable, ya que dio respuesta clara y directa a las peticiones que le fueron planteadas y notificó esa respuesta al quejoso. Además, como se destacó en actuaciones anteriores, las consecuencias y ejecución del acuerdo emitido a su petición, no son materia de examen por vía del cumplimiento de la sentencia de amparo. Sin embargo, debe remarcarse que el quejoso ha sido omiso en proporcionar los aparatos telefónicos y datos requeridos por la autoridad ministerial, aunado a que si eso fuera materia de cumplimiento, su omisión conllevaría, incluso, a tomar como contumacia y falta de interés en que la autoridad ministerial ejerciera debidamente sus tareas invesigativas. Cabe mencionar que, este juzgador no soslaya el cúmulo de exposiciones y documentales que el promovente ha incorporado al presente sumario constitucional, y al margen que la autoridad estatal ha manifestado en forma continua que se le han brindado medidas cautelares al quejoso en el ámbito de su competencia y facultades locales; sin embargo, no puede pasar por alto, las diversas peticiones, súplicas y denuncias expuestas, que si bien no es la vía control constitucional la correcta para su prosecución, sí involucra funcionarios estatales, denuncias de actos en territorio extranjero, así como ataques religiosos y afrontas dentro y fuera del país. Por tanto, al respecto impera puntualizar lo siguiente: El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que en el caso interesa, dispone lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.)" La porción normativa transcrita, señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél; asimismo, que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde a esa representación social. Por otra parte, los numerales 16, 131, fracciones I, III, V y XXIII, y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 16. Justicia pronta Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas. Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; (.) III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; (.) V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; (.) IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; (.) XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y (.) Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." Las disposiciones penales, exponen en lo conducente, que las instituciones de procuración de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas; además, que el Ministerio Público en relación con la investigación de los delitos, deberá vigilar que se cumplan estrictamente los derechos fundamentales; al conducir la indagatoria deberá requerir la recolección de datos y medios de prueba, tales como documentos, peritajes y diligencias en general, así como actuar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Finalmente, que dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la ley. Además, se obtiene que dicha investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Así, de una interpretación del precepto Constitucional en cita, además de los relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, quien puede practicar u ordenar realizar actos conducentes para la comprobación del hecho que la ley señala como delito y la demostración de la responsabilidad de un indiciado, allegándose para ese efecto de los medios de prueba adecuados; y una vez culminada su investigación podrá en su caso proceder al ejercicio de la acción penal. Por lo que en caso contrario, es decir, la inactividad en la indagatoria con la consecuente omisión de procurar el ejercicio o no de la acción penal, implicaría violación a los derechos fundamentales de los gobernados. Por otra parte, la principal función de la institución en mención, como entidad única e indivisible, consiste en la investigación y persecución del delito, y esa actividad se lleva a cabo mediante la integración de la carpeta de investigación, razón por la cual se cita el significado de "integrar", según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española1 . Como se advierte, la palabra integrar aplicada a la carpeta de investigación comprende o implica diversas acciones para completar un todo, esto es, el ejercicio de la acción penal, acorde al artículo 21 Constitucional. En ese contexto, es claro que si la finalidad de la investigación es que el Ministerio Público cuente con los suficientes elementos de convicción que fundamenten y sostengan su decisión de ejercer o no la acción penal, debemos entender que la carpeta de investigación inicia con el acuerdo de radicación y concluye con la determinación de ejercicio o no de la acción penal. Aunado a lo anterior, cabe decir que de un análisis integral y coherente del artículo 21 de la Constitución Federal y de la legislación secundaria, se advierte que la representación social debe proveer en breve término la integración de la carpeta de investigación; sin que constituya un obstáculo a lo anterior, el hecho de que los artículos citados no establezcan un término específico para integrarla, dado que el órgano persecutor puede integrar la indagatoria en formadiscrecional y cuando lo estime pertinente; toda vez que esos numerales contemplan la obligación del Ministerio Público de tomar todas las medidas necesarias para la integración de la indagatoria, tan pronto como tenga conocimiento de la posible existencia de un delito, así como de darle seguimiento a las denuncias que se presenten y allegarse todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos, dictando la determinación respectiva, tal como la reserva del expediente, el no ejercicio de la acción penal o en su caso la consignación de la indagatoria. Así entonces, dése vista por el término de tres días, legalmente computados, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en su caso, y atento a las existentes y posteriores manifestaciones que ha formulado el quejoso, determine lo que en el ámbito de su facultad constitucional corresponda; y en su caso, lo haga del conocimiento del quejoso, a través de los medios conducentes. Vista a las partes Con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con el pronunciamiento contenido en este propio auto, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Promociones Ténganse por recibidos los escritos que suscribe el quejoso mediante los cuales realiza manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la sentencia de amparo, por tanto, atento a su contenido, se acuerda: Determinación Agréguense a sus autos los ocursos de cuenta, con las documentales que anexa a éstos, para ser tomados en consideración al momento de calificar el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Promociones Ténganse por recibidos los escritos que suscribe el quejoso mediante los cuales realiza manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la sentencia de amparo, por tanto, atento a su contenido, se acuerda: Determinación Agréguense a sus autos los ocursos de cuenta, con las documentales que anexa a éstos, para ser tomados en consideración al momento de calificar el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese.
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