Jesus Rosales Vazquez

Expediente 136/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
136/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Jesus Rosales Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el treinta de enero de dos mil dieciocho, que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, treinta de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por Jesús Rosales Vázquez, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Desechamiento de la demanda ...En ese sentido, a manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más alto tribunal ha sustentado reiteradamente, el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. ...Así, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte, que el acto que reclama la parte quejosa consiste, en concreto, en lo siguiente: El proceso legislativo, que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Sentado lo anterior, se estima que en el caso particular se actualiza, la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: ...Cabe hacer mención que la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y además de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De tal suerte que, al estar frente a actos provenientes de un órgano jurisdiccional, se requiere de la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser violentado por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el tribunal constitucional correspondiente, para demandar el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, destacándose que dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. Ahora bien, de los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por tanto, sólo aquella persona física o moral a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, tiene la facultad de instar el juicio de amparo. Así, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales, Administrativos o del Trabajo. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este Órgano Jurisdiccional Federal advierte que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, y esto es así, en virtud de que se pone de manifiesto que del estudio de la demanda de amparo no se observa que exista algún acto que produzca un agravio personal y directo a la directa quejosa, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del gobernado, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la fracción XII, del artículo 61 en relación con el artículo 5° de la Ley de Amparo. Lo anterior, es así ya que el acto reclamado consiste en el proceso legislativo, publicación, entrada en vigor y aplicación de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, al tratarse de la pretensión de aplicar la Ley en mención, este Juzgado estima no causa un agravio personal ni directo a la impetrante de amparo, ya que no se está invadiendo la esfera jurídica de la aquí quejosa, ni se trata de un acto de inminente ejecución que pudiera causarle un daño. ...Dicho presupuesto debe distinguirse del requisito de procedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la afectación como requisito de admisibilidad de la acción constitucional. El primer aspecto, consiste en que la legitimación activa en el amparo se colma cuando el quejoso demuestra ser titular de un derecho constitucional protegido. En cambio, el segundo aspecto, implica que para poder analizar la cuestión planteada, el derecho que adujo tener la parte ciertamente resienta una afectación. Bajo esa distinción, quien acude a la instancia constitucional como quejoso y no demuestra plenamente ser titular del derecho que pretende defender, debe decirse que no colmó el presupuesto procesal que exige el amparo como condición. Sin que técnicamente tal escenario actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la citada fracción XII, pues ésta concierne a la afectación, cuyo estudio es posterior a verificar si el peticionario ciertamente es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. La falta de acreditamiento del derecho subjetivo que se aduce tener, o la ausencia de interés legítimo, conlleva a estimar la falta de legitimación activa de quien solicitó la protección federal, actualizando en todo caso un motivo de improcedencia derivado de una disposición de la Ley de Amparo distinta (artículo 5°, fracción I) a las que nominalmente prevé el citado artículo 61; esto es, conforme al supuesto genérico establecido en la fracción XXIII del número 61 de la legislación en consulta, siendo irrelevante que el diverso 5°, fracción I, no disponga expresamente que el incumplimiento del requisito que ahí se establece, actualice la improcedencia del juicio de amparo. Por tanto, se estima que los preceptos legales reclamados, no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, ya que las obligaciones de hacer o de no hacer que imponen los artículos impugnados, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere, para actualizar el perjuicio o agravio, de un acto diverso que condiciona su aplicación, dado que la ejecución jurídica o material de la norma a un caso concreto, se haya sometida a la realización de ese evento, que en el caso lo es; de ahí que hasta en tanto no ocurra lo anterior, no es factible determinar la aplicación de los preceptos que se tildan de inconstitucionales. En cambio, cuando el quejoso demuestra su interés legítimo pero no su afectación, debe estimarse que el juicio es improcedente por actualizarse propiamente la causal prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5° de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en los arábigos 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio y por autorizados para los efectos que señala, los que indica. Transparencia y acceso a la información pública. Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber al promoverte que puede consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.

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