Jesús Romero Cebreros Verduzco

Expediente 78/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
78/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • Jesús Romero Cebreros Verduzco

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós. FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este juzgado, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo presentada por Jesús Romeo Cebreros Verduzco; en consecuencia, se declara que HA QUEDADO FIRME dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ... Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ****************, el siguiente acuerdo: Mexicali, Baja California, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Romeo Cebreros Verduzco; por tanto, fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico y regístrese bajo el número 78/2022-3A. Desechamiento De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que este órgano jurisdiccional considera suficiente para desechar de plano la demanda de amparo acorde a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a este órgano de control constitucional, para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, esto es, que ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. En esa tesitura, en el presente caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:[.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]" El numeral transcrito en primer término, si bien no prevé una causa de improcedencia en si misma considerada, sí establece una regla que deja abierta la posibilidad de que sean incluidas otras que deriven de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. Por otra parte, del precepto legal invocado en segundo término establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".Se reclama las violaciones a las formalidades esenciales al procedimiento (legalidad), indebida fundamentación y motivación, así como falta de exhaustividad de la sentencia interlocutoria del 8 de noviembre de 2021, dictada dentro del expediente 923/2020." Asimismo, de la lectura integral del escrito petitorio de amparo, en específico los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: "A) Por auto de fecha 10 de marzo de 2021, la autoridad responsable abrió periodo a prueba, otorgando a las partes (la hoy tercera interesada y el suscrito) el plazo de 10 días fatales y comunes para ofrecer pruebas para acreditar los hechos y prestaciones ventilados en juicio. B) A través de auto de fecha 26 de abril de 2021, la autoridad responsable tuvo a las partes ofreciendo pruebas de su intención. C) Con fecha 11 de mayo de 2021, el suscrito presenté escrito pronunciándome sobre las pruebas ofertadas por la contraparte, realizando las objeciones de ley, por así convenir a mis intereses. D) Por acuerdo del 17 de mayo de 2021, la responsable determinó que no había lugar al escrito signado por el suscrito en términos del inciso que antecede. E) Inconforme con el acuerdo en el inciso previo, promoví, por conducto de mi abogado, recurso de revocación, el 15 de junio de 2021, refiriendo como agravios torales: primero, la indebida fundamentación y motivación de la hoy responsable; así como la omisión de acordar la objeción de pruebas. F) El 8 de noviembre de 2021, la responsable dictó sentencia interlocutoria, calificando de improcedente el recurso de revocación hecho valer por el suscrito por conducto de mi abogado, no obstante, con ello causa los siguientes:" La resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó en el periodo probatorio y declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se determinó que no había lugar al escrito en el que el promovente hizo valer objeciones a las pruebas ofrecidas por su contraparte, en los autos de la controversia de origen 923/2020. Como se distingue, el acto que por esta vía se reclama no genera una violación directa a los derechos fundamentales de la parte peticionaria, reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros. Asimismo, los efectos adversos que, en su caso, podrían producirse con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable, sin que por el momento se esté en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al inconforme, por lo que en caso de que estas violaciones procesales incidan en su resultado y éste sea desfavorable, podrá reclamarlas por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por los numerales 170, 171 y 172, fracciones IV, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario, si obtiene una sentencia favorable a sus intereses, finalmente no habría violación alguna en su perjuicio, dejando clara la inexistente vulneración a los derechos de Iegalidad, audiencia y acceso a la justicia que aduce. Lo anterior, en virtud de que conforme a lo ya apuntado, en la fracción V del artículo 107 de la Ley de la materia, se encuentra señalado de manera precisa qué es lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando de manera clara que corresponde a aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna o en los Tratados en los que el Estado sea parte; y que para ser calificados como irreparables se precisa que la afectación sea de gravedad tal que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose además que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en el acto reclamado. En lo conducente, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, registro número 2006589, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).En la jurisprudencia invocada, el Pleno del Máximo Tribunal estableció de manera clara que conforme al texto de la actual Ley de Amparo y tratándose de actos en juicio que sean de imposible reparación, el juicio de amparo biinstancial sólo procederá cuando se afecten materialmente derechos sustantivos; sin que sea ya aplicable la directriz anteriormente sustentada relativa a que eran combatibles en amparo directo "los actos procesales que afectaban de modo predominante o superior", pues conforme a lo preceptuado por la ley de la materia en vigor, cuando se reclamen actos de imposible reparación en la vía indirecta, para que éste pueda prosperar, es menester que la afectación que cause el acto reclamado incida en forma material en un derecho sustantivo. Cobra vigencia, en lo conducente, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." 2 Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio, a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de una substanciación del expediente innecesaria, en atención a lo establecido por el principio de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso fracción XXIII, 107, fracción V, aplicada a contrario sensu y 172, fracciones IV, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo; sin que esta decisión implique una violación al derecho de acceso a la justicia o a un recurso judicial efectivo, pues el ejercicio de tales derechos no liberan al gobernado del cumplimiento de los requisitos de procedencia correspondientes. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental."3 Domicilio y autorizados Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona; así como para efecto de oír y recibir notificaciones a las personas que indica Exhortación Por otro lado, con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes del presente asunto a que de ser posible, realicen las gestiones y solicitudes conducentes, con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que las partes puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con el numeral 22 del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 34/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) emitido por el propio Consejo; dada la situación de contingencia que se encuentra en el país, como consecuencia de la pandemia COVID-19. Se habilitan días y horas inhábiles Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Integración del expediente electrónico En estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. Transparencia En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Anotaciones en libro de juzgado y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente

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