Jesus Rojas Serrano
Expediente 1892/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 73 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1892/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 73
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesus Rojas Serrano
- Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 73.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Por recibido el escrito con evidencia criptográfica de Martín Alejandro Gudiño Tapia, autorizado en términos amplios del quejoso, a través del cual, revoca el domicilio y señalada usuario para consultar electrónicamente el presente expediente, asimismo, señala como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Lucerna, número diecisiete, interior cuatro, colonia Juárez, código postal cero seis mil seiscientos, alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad. Con fundamento en los artículos 27, fracción I de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la misma, como lo solicita se le reconoce como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado; asimismo, se tiene por revocado el domicilio y autorizados precisados con anterioridad a este proveído. En relación con su petición de que se le permita consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "MAGT30", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual designa un delegado; con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegado de la autoridad citada a la persona que se indica en el oficio de cuenta. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, solicita que no se continúe con la ejecución de las medidas de apremio que le fueron impuestas, toda vez que el fallo protector ha sido cumplido, como se advierte de las constancias que obran en autos; tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo anterior y visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido. En ese tenor, también se dejan insubsistentes las multas impuestas en autos de trece de octubre y treinta de diciembre de dos mil veintiuno, toda vez que el fin para el cual se impusieron las medidas de apremio, ya se cumplió. Lo anterior, se ordena hacer del conocimiento de la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2" y al Subadministrador de Control de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2", del Servicio de Administración Tributaria, quien tiene bajo su control las multas impuestas. Apoya lo anterior, la tesis I.11o.T.8 K (10a.), que dispone: "MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE NO DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA. PUEDE INAPLICARSE, PREVIO EJERCICIO DE VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 258 DE LA LEY DE LA MATERIA). El artículo 258 de la Ley de Amparo dispone que se sancionará con multa a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a la ejecutoria, de conformidad con los artículos 192 y 193 de dicha ley, con la oportunidad debida y en el plazo previsto por la ley, lo cual, en principio, llevaría a considerar, bajo una interpretación aislada de dicha norma, que el solo incumplimiento del plazo de tres días contados a partir de la notificación del proveído en el cual se establezca que causó ejecutoria (en el caso del amparo indirecto), actualiza la conducta sancionable; empero, la labor jurisdiccional lleva implícito el ejercicio de la sana crítica y de la ponderación objetiva, a fin de evitar que la aplicación del derecho resulte irracional por no atender al caso concreto; de ahí que de una interpretación extensiva puede establecerse, como premisa para analizar la procedencia de la multa, que en cada caso concreto debe realizarse una valoración lo más objetiva posible de la situación real en que se encuentra la autoridad sancionada frente al cumplimiento de sus obligaciones procesales con respecto al cumplimiento de una sentencia emitida por un Juzgado de Distrito, valoración que debe realizarse con base en elementos relevantes, sin que para ello se atienda a la falta o no de dolo o mala fe de su parte. El primero es el referente a las cargas laborales que enfrenta esta última y sus limitaciones en materia de recursos materiales y humanos, lo cual debe tenerse presente y, especialmente, en el ámbito judicial, por ser un hecho notorio para los propios juzgadores. El segundo, responde a la razonabilidad del tiempo transcurrido desde el requerimiento hasta el debido cumplimiento al Juzgado de Distrito, para que pueda afirmarse que, a pesar de exceder el plazo legalmente establecido, no llegue a ser desproporcionadamente excesivo e injustificado; criterio que no implica desconocimiento ni desacato de la ley ni de la jurisprudencia, sino una interpretación que tiene como finalidad que la aplicación de ambas no derive en un perjuicio irracional y contrario a la realidad material, que pueda traducirse en sancionar a alguien por no hacer algo que en verdad le hubiere resultado imposible. (Registro digital: 2022407, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 2081) Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, informa que ha quedado firme el proveído de veintidós de agosto del año en curso, dictado en el toca Inconformidad 23/2022, en que determinó desechar dicho recurso; tomando conocimiento de su contenido. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal oficiante, y previo al presente proveído, glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese.
Quedan 69 actuaciones en este expediente
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