Jesús Rodríguez Rodríguez
Expediente 519/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Rodríguez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de uno de diciembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. En el entendido, que las notificaciones derivadas del presente acuerdo deberán practicarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y privilegiando el uso de medios electrónicos, como lo establecen el párrafo segundo de la fracción I del artículo 11 del Acuerdo General 8/2020, y la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/20202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 65, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que da fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de noviembre de dos mil veinte. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de treinta de octubre del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado del Apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la Delegación Regional XX-Guerrero, con residencia en esta ciudad y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, acuerdo que se notificó por lista el día de hoy, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, página 5) Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración.
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AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE INDICA: " "Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual informa el acuerdo emitido el veintitrés de octubre del año en curso, en el que se aprecia que en el toca 54/2020, relativo al recurso de queja interpuesto por Elí Pineda Díaz, apoderado legal de la tercero interesada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra del proveído de quince de enero de dos mil veinte, ya obra la resolución de veinte de agosto del año en curso, por el que se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de veintiséis de febrero del mismo año, que desechó la citada queja, ordenándose el archivo como asunto concluido; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el tres de agosto del año en curso, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en cuyo artículo 2 fracción I, señala: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio." En ese orden, dado que ya se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte y tomando en consideración que en proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo hasta en tanto se resolviera dicho medio de impugnación, lo cual ya aconteció, se ordena reanudar el procedimiento y se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. En ese orden, resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a la audiencia constitucional. Lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el presente juicio o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se les requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio del año en curso, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las catorce horas en la oficialía de partes común. Por otra parte, dado que el seis de febrero de la actual anualidad, se reservó acordar respecto a lo informado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, hasta en tanto, se reanudara el presente asunto, lo cual ya acontenció; por tanto, se tiene a dicha responsable dando cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional y al efecto remite la información que le fue solicitada; en consecuencia, se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, previo a señalar fecha para el desahogo de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se ordena correr traslado a las demás partes, sobre los puntos que versará dicha probanza, para que estén en aptitud de adicionarlo por escrito en el plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo. Finalmente, respecto a la testimonial ofertada, este órgano de control constitucional, se reserva proveer respecto a la presentación de los testigos, hasta en tanto, fenezca el plazo concedido a las partes, en líneas que anteceden. Notifíquese y personalmente a las partes. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio SEPLE./GEN./004/2741/2020, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el diverso SEPLE./GEN./006/3147/2020, de treinta de septiembre de dos mil veinte, ambos firmados por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistido de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe."
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