Jesús Rodríguez Pérez

Expediente 1396/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1396/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • Jesús Rodríguez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Agréguese a los autos el oficio signado por el titular del Juzgado Quinto de Distrito de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 0514/2017, del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. Dése de baja el exhorto de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales enviadas. Ahora, de la lectura íntegra de las constancias remitidas, se advierte la imposibilidad que tuvo la autoridad federal exhortada para notificar personalmente a la parte quejosa Margarito Sánchez Godos, el auto de veintiocho de noviembre de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, hágasele esa notificación, por medio de lista de acuerdos. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa el auto de veintiocho de noviembre de la presente anualidad...Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito de demanda presentada por Margarito Sánchez Godos, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16, y 31 constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1396/2017/IV-B. INCOMPETENCIA. En mérito de lo anterior, este Juzgado Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, así como de los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Ahora, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, de las cuales se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente; y, III. El juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama lo constituye medularmente la iniciación, expedición, sanción, promulgación, refrendo y publicación del decreto 344 que reforma diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, referente al Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y su aplicación. De igual manera, del proemio de la demanda se advierte que la promovente del amparo indicó como domicilio tanto convencional como fiscal el ubicado en Ejercito Mexicano número nueve, colonia Ejido Primero de Mayo, municipio de Boca del Río, Veracruz, esto es, fuera de la jurisdicción de ese órgano de control constitucional. En razón de lo anterior, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, en razón de que se estima que la ley reclamada tiene actos de ejecución en aquella localidad, los cuales se traducen precisamente en la aplicación a la parte quejosa de las nuevas disposiciones contenidas en la ley reclamada y que incidirán en el pago de un impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. En ese sentido, es claro que este órgano jurisdiccional no es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito, toda vez que el acto reclamado se ejecutará en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, por ser estos órganos jurisdiccionales los que ejercen jurisdicción sobre el municipio donde se encuentra el domicilio fiscal de referencia. Ello, con independencia de que el impetrante del amparo haya señalado como autoridades responsables al Congreso del Estado, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Secretario de Finanzas y Planeación y al Director de la Gaceta Oficial, todas con residencia en esta ciudad, toda vez que ello no es motivo para establecer la competencia del presente asunto, pues dicha autoridad tiene competencia territorial en todo el Estado de Veracruz; en virtud de que, como regla de competencia debe atenderse a la ejecución del acto reclamado, que como se dijo, se materializará en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. En ese contexto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente, por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, por estar ubicado dentro del territorio donde habrá de ejecutarse el acto combatido. Sirve de apoyo al caso por sus consideraciones, la Jurisprudencia 2a./J. 146/2002, visible en la página trescientas veinticuatro, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 133/2002, con rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos." Asimismo, tiene aplicación por sus consideraciones la tesis de jurisprudencia número 2a. 11, visible en la página 75, tomo 19/21 julio-septiembre de 1989, octava época, materia común, constitucional, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que al rubro y texto dice: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda y con apoyo en los artículos 48, y 37, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos Juzgados, a fin de que determine al respecto sobre la competencia planteada, solicitándole una vez en su poder el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio y autógrafa de este acuerdo. Lo anterior, sin que haya lugar a proveer de conformidad lo solicitado por la parte quejosa en el escrito de demanda, esto es, decretar a su favor la suspensión de los actos reclamados, dado que como se dijo, este órgano carece de competencia legal para proveer sobre ello, razón por la que se encuentra imposibilitado, ya que de hacerlo se estaría invadiendo la esfera jurídica del órgano señalado como competente, a más de que, tampoco se encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de la materia, o en alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en Ejercito Mexicano número nueve, colonia Ejido Primero de Mayo, municipio de Boca del Río, Veracruz, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la ley de la materia, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para efectos de que por conducto del personal actuante adscrito a ese órgano jurisdiccional, notifique a la parte quejosa el presente proveído. Además, el juez exhortado a quien corresponda conocer de la comunicación oficial de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 27, fracción segunda, de la Ley de Amparo, deberá requerirle para que dentro del término de tres días, o en el mismo acto de la diligencia, señale domicilio en esta ciudad capital, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se fijen en los estrados de este juzgado, hasta en tanto subsane su omisión. Se solicita al Juez Federal que corresponda conocer de esta comunicación oficial, que a la brevedad posible, la devuelva, a fin de tener el presente asunto debidamente integrado. Téngase por autorizados de su parte en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia a Juventino Emigdio Armas Ortiz y Raúl Ascencio Frias, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a José Luis Pérez Márquez y Raúl González Martínez, por así haberlo solicitado. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario de juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe...

  2. Principal

    ...archívese este asunto como concluido. ... se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que esta autoridad declaró legalmente incompetente para conocer, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por medio del cual acusa recibo del exhorto 514/2017 del índice de este juzgado e informa las medidas tendentes para su diligenciación; por tanto, estese en espera de su devolución.

  4. Principal

    .... se advierte que a la fecha todas las partes se encuentran debidamente notificadas del proveído de veinticinco de octubre de la presente anualidad, donde se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad capital, contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, como está ordenado en el proveído arriba indicado, remítanse los autos originales que integran el presente asunto, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación del medio defensivo hechos valer, junto con el original del ocurso de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado. Finalmente, tomando en consideración lo expuesto en el proveído de seis de noviembre último, desglósese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, de fecha treinta y uno de octubre recién concluido, no sin antes dejar en su lugar copia certificada del mismo, y junto con el oficio de agravios, remítanse a la Superioridad, a fin que sus manifestaciones sean tomadas en consideración al momento de resolver el recurso de referencia.

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