Jesús Rodríguez Jayasi
Expediente 1374/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1374/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jesús Rodríguez Jayasi
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Como está ordenado en el juicio principal se provee respecto a la ampliación de la demanda promovida por Juan Francisco Ramírez Viramontes, contra actos de los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior Agrario, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades, contra los actos consistentes en la falta de emplazamiento dentro del juicio agrario 3/2011. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud de los quejosos y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se pide la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran. 5. Pruebas. La parte quejosa exhibió pruebas documentales a las que se les concede valor probatorio Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 6. Autoridades jurídicamente vinculadas. La parte quejosa señaló autoridades jurídicamente vinculadas. 7. Tramitación pronta y eficaz del incidente. En caso de que alguna de las autoridades responsables no exista o tenga denominación distinta a la señalada por la parte quejosa, se tendrá por inexistente; sin que ello impida que con posterioridad se proporcione la correcta hasta antes de la celebración de la audiencia incidental. 8. Disposiciones del orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo señala como requisito de procedencia de la suspensión que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el diverso 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los casos distintos a los contenidos en dicho precepto legal, quien resuelve tiene la facultad de determinar si con la suspensión de los actos reclamados se sigue o no perjuicio al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. Además, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, se deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. 9. Apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho como requisito para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, parte del fundamento constitucional previsto en la fracción X, del artículo 107, de la Constitución Federal. El análisis de la apariencia del buen derecho tiene como condición previa la posibilidad de impedir que la actuación de una autoridad se siga llevando a cabo en tanto se decida sobre su constitucionalidad. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. Señalado lo anterior, cabe enfatizar en principio que la concesión de la medida cautelar no conlleva la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni configuraría algún supuesto similar a los previstos en dicho precepto, por lo que puede afirmarse válidamente que la medida cautelar no ocasionaría perjuicios al interés social ni contravendría disposiciones de orden público. En cuanto a la apariencia del buen derecho, debe destacarse que en su demanda de amparo, la parte quejosa alega en esencia que los actos reclamados contravienen su derecho fundamental de audiencia, previsto en el artículo 14 constitucional, atendiendo a que no fue llamada al juicio de origen, y se le pretende privar de la posesión y propiedad del bien del cual se ostenta dueña. El análisis preliminar de tales manifestaciones y de los elementos que hasta el momento obran en autos permite considerar la posibilidad de que el acto reclamado atenten en contra de los derechos fundamentales de la parte quejosa, atendiendo a que ésta atribuye a las autoridades responsables conductas que limitarían el dominio sobre el bien que defiende. De esta forma, se considera que la parte quejosa acredita presuncionalmente su interés suspensional, respecto del bien inmueble que se describe en el ocurso de cuenta, lo que se robustece con las pruebas allegadas consistente en: i) Copia simple de la credencial para votar con fotografía del quejoso, expedida por el Instituto Nacional Electoral. ii) Copia certificada del contrato de promesa de compraventa de dieciséis de julio de dos mil nueve, ante la fe del Notario Público 6 con ejercicio en el Distrito Notarial de Acuña, Coahuila de Zaragoza. En esta tesitura, puede afirmarse válidamente que, hasta el momento, se advierte un aparente derecho de la parte quejosa a que sean respetadas sus prerrogativas fundamentales respecto de los derechos de propiedad y posesión que defiende, sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendiendo a los elementos de juicio que se alleguen en el procedimiento. 10. Concesión de la suspensión provisional. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 129, 136 y 138 de la Ley de Amparo, y toda vez que media solicitud de la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones del orden público, además, se advierte que se actualiza la apariencia del buen derecho en favor de la parte quejosa, se CONCEDE la suspensión provisional del acto reclamado a la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, de no haber acontecido, no se ejecute la sentencia que se reclama, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. 10.1 Jurisprudencia. Tiene aplicación la jurisprudencia 1053, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 11. Requisitos de efectividad. La presente suspensión provisional concedida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de tenerlos si dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificado, la parte quejosa no cumple con el siguiente requisito: a) Exhiba garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en la inteligencia de que si opta por póliza de fianza, en ésta, la afianzadora deberá señalar domicilio en esta ciudad, e insertar además, que se somete a la jurisdicción de los tribunales residentes en esta localidad, para en caso de litigio, tal como lo previene el artículo 2802 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, acorde a su numeral 113; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, importe que se fija en forma discrecional, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiese ocasionar al tercero interesado, con motivo de la suspensión, en caso de no obtener sentencia favorable en cuanto al fondo, sin perjuicio de que dicha garantía sea modificada en base a mayores datos de convicción que se aporten a estos autos. 12. Determinación provisional. En atención a lo manifestado por la parte quejosa, lo procedente conforme a derecho es conceder la suspensión provisional solicitada, hasta que una vez que se rindan los informes previos se cuente con mayores elementos para mejor proveer. 13. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, se requiere informe previo a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas lo rindan. Se apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se aplicará multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena al Actuario Judicial adscrito adjunte copia simple de la demanda y anexos pertinentes en cada oficio. 14. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. 15. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la directora de Asuntos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Estado, en representación del Director del Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través del solicita copia del escrito inicial de demanda. 15.1 Acuerdo. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, pues la comunicación oficial que menciona, ya obra en este expediente y mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, se acordó lo conducente. 16. Promoción. Asimismo, añádase al sumario el escrito electrónico signado por la parte quejosa Juan Francisco Ramírez Viramontes, mediante el cual ofrece prueba relativa a la inspección judicial. 16.1 Acuerdo. Atento a su comentario, dígasele a la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado en el punto 4., del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.
- Principal
1. Demanda. Vista la comparecencia de cuenta presentada por *** contra actos de los Elementos de la Policía de Acción y Reacción, de esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1374/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 3.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 3.2 Si la detención de la parte quejosa fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesta en libertad o a disposición de éste último; o Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sea puesto inmediatamente en libertad. 3.3 Si el quejoso se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el hoy quejoso haya sido detenido en flagrancia, el delito que se le atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad del quejoso o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesto en inmediata libertad. 3.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejosa no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 3.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o lo tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a la parte quejosa, desde que fue detenida hasta que fue puesta a disposición del representante social. 3.6 No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 3.7 Se mantenga al quejoso en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad del mismo. 3.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éste sea sometido. 3.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentre sujeto, pues tampoco puede ser contactado en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 4. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que de pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. La autoridad responsable dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como indicar la fecha y hora exacta en que fue detenido el quejoso, si la detención ocurrió en flagrancia o en cumplimiento a una orden de privación legal de la libertad, para lo cual deberá agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado. Asimismo, deberá informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permanecieron bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar al detenido, para efectos de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. Se previene a la autoridad responsable, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que en el término de veinticuatro horas, informe todo lo conducente que pueda servir para la localización del quejoso directo Jesús Rodríguez Jayasi; con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 5. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la autoridad responsable con residencia en esta ciudad; o bien, en cualquier centro de detención o reclusión de dicho municipio, en aras de lograr la ubicación de Jesús Rodríguez Jayasi; una vez localizado, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, lo siguiente: 5.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 5.2 Dé fe del estado físico del quejoso directo al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 5.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra el quejoso. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 5.4 Requiera al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se le impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 5.5 Requerimiento a la promovente. Se hace del conocimiento de la promovente Esmeralda Yaneth González Ledezma, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que el quejoso Jesús Rodríguez Jayasi, no sea encontrado por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentra detenido, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si éste fue puesto en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 6. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la quejosa, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en la persona de Jesús Rodríguez Jayasi, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 7. Domicilio para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Galeana, número 1609, Colonia Mundo Nuevo, en esta ciudad. 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario encargado del trámite del expediente las gestionará sin mayor proveído.
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