Jesús Rodolfo Melecio Calderon

Expediente 394/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
394/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
08/06/2016

Partes del expediente

  • Jesús Rodolfo Melecio Calderon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el proveído de veinte de mayo de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado, sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ************* contra el acto que reclamó del Juez Especializado en Derecho Familiar y del Director de la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, ambas en esta ciudad; no fue recurrido dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Toda vez que en el presente juicio se concedió la medida suspensional provisional y definitiva, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita, el original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado. Devuélvanse al Juzgado de Oralidad Familiar responsable, los dos tomos de pruebas correspondientes a las copias certificadas de la totalidad de las constancias que conforman el juicio oral ordinario F451/2015 de su estadística.

  2. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias de notificación electrónicas efectuadas a la tercera interesada ***************. Lo anterior, toda vez que el diez de los corrientes se proveyó lo conducente, teniendo por emplazada a la tercera interesada de referencia Por otra parte, a sus autos el oficio registrado con el número 6722 por medio del cual el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad, comunica: a) Que el trece de los corrientes, se llevó a cabo a cabo la audiencia auxiliar de juicio dentro de los autos de origen F451/2015, donde las partes contendientes llegaron a un convenio; por lo que se ordenó el archivo del expediente por tratarse de un asunto concluido. b) Que las multas decretadas el veintitrés de febrero y diez de marzo de la anualidad que transcurre, fueron dejadas sin efectos, en virtud del convenio detallado en el párrafo anterior. c) Que en atención a lo ordenado realizó notificaciones electrónicas a la tercera interesada ************** Atento a lo anterior, el suscrito estima que en el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos.". Así como la diversa tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2443 del Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada.". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora en el presente asunto del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso reclama la resolución recaída al recurso de revocación que interpuso en el juicio natural, que confirma el auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, donde se le impone una multa equivalente a quince días de salario mínimo vigente en el Estado de Guanajuato, por no haber presentado a su menor hijo a las convivencias con su madre, ahora tercera interesada María Cristina Aguilar Rivera, decretadas en los autos del expediente F451/2015 del Juzgado Oral Familiar, con residencia en esta ciudad. Entonces, si de autos se advierte que las partes llegaron a un convenio dentro del juicio natural, el cual se elevó a categoría de cosa juzgada, trayendo como consecuencia la conclusión del asunto y la insubsistencia de las medidas de apremio impuestas a las partes, entre ellas la multa decretada el veintitrés de febrero del año en curso, resulta inconcuso que en el presente se actualiza la causal de improcedencia planteada. En ese sentido,, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del acto reclamado quedaron totalmente destruidos en el juicio natural, puesto que la autoridad responsable al dejar insubsistente la multa impuesta al quejoso el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis -motivo del presente juicio-, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dichos actos no hubieren invadido la esfera jurídica del mismo, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, es evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  3. Incidental

    Agréguese el oficio registrado con el folio 6657 por medio del cual el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar en esta ciudad, remite las constancias de notificación electrónica de dos y doce de los corrientes practicadas en el Sistema Informático del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; en tal virtud, téngase por notificada a la tercera interesada *********.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por **********, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual comunica que el doce de los corrientes, dentro de los autos del juicio natural F451/2015, de la estadística del Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad, se celebró la audiencia auxiliar de juicio en la que las partes, es decir, el ahora quejoso y la tercera interesada *************, celebraron un convenio respecto al régimen de convivencia de su menor hijo; por lo que solicita el sobreseimiento del presente juicio. En tal virtud, a fin de proveer lo conducente, requiérase al Juzgado de Oralidad responsable para que dentro del plazo de tres días, informe si se llevó a cabo la conciliación que alude la ocursante; y siendo el caso, remita a esta instancia las constancias con la que lo acredite. Asimismo, deberá comunicar expresamente, si la multa impuesta al quejoso el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dentro de los autos de la controversia de origen -acto reclamado- sigue vigente o ha dejado de surtir sus efectos en virtud del convenio alcanzado entre las partes.

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