Jesús Rodolfo Cristerna Iribe

Expediente 1381/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1381/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Rodolfo Cristerna Iribe

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, de en esta ciudad, mediante el cual informa a este juzgado que por auto de veintiuno de noviembre del presente año, dentro del impedimento 15/2023, remitió copia certificada de la demanda de amparo que nos ocupa a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, de esta ciudad, para que fuera turnada con excepción de los Juzgados Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito, a fin que se provea sobre la suspensión provisional. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Acuse. Por otra parte, glósese a los propios autos, el oficio remitido por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de diez de noviembre del año en curso, se avocó al conocimiento del impedimento planteado por este Juzgado, registrándolo con el número 15/2023, de su índice. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1381/2023. Radicación. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1381/2023. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a ****, por así haber sido designado. Impedimento. Ahora, analizado el ocurso de cuenta, este juzgador considera que debe excusarse para conocer del presente juicio de amparo, en virtud de que se advierte la actualización de dos causas de impedimento; atento a las siguientes consideraciones: En primer término, es necesario que precisar que el suscrito *****, fue designado como Titular de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo que fue comunicado mediante oficio ***** de veintiocho de octubre del citado año, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales conducentes, y así se constata de los anexos de la demanda de amparo. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Tal precepto fundamental establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese sentido, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y, en segundo término, por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera; asimismo, no sólo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional que en algún momento pudieran dar lugar a mermar la imparcialidad con la que el juzgador debe conducirse. En atención al mandato dirigido a los juzgadores, en el sentido de que la justicia que impartan debe ser imparcial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juzgador debe emitir una resolución no sólo apegada a derecho, sino que debe ser imparcial, que no dé lugar a considerar que existió inclinación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Así, la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa perspectiva, las leyes permiten que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. De esa manera, se podría presumir parcialidad si se tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales se encuentra vinculado por diversos factores. Ahora bien, de la imposición del escrito de demanda se advierte que existe imposibilidad jurídica para poder hacer pronunciamiento acerca de la admisión de la misma, por lo siguiente: El artículo 51, fracciones II y VI, de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; [.] VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; [.]." Este precepto consigna, en lo que interesa, que los Jueces de Distrito deberán excusarse y manifestar su impedimento para conocer de los juicios en que tengan interés personal en el asunto, o que figuren como partes. Así, de la lectura de la demanda se advierte que figura como parte quejosa (4) Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, quien a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, fui adscrito como Titular de este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1138/2021 de veintiocho de octubre del citado año, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Frente a ese hecho probado, este juzgador sí tiene interés personal en el asunto, tal como lo establece la fracción II del artículo 51 de la Ley de Amparo, pues se advierte que *******, somos Jueces de Distrito adscritos a diversos órganos jurisdiccionales en esta ciudad, y además, del escrito inicial de demanda, precisamos, entre otras cosas, lo siguiente: "[.]. En cuanto juzgadoras y juzgadores nos veríamos afectados, en el peor de los casos, con la disminución de la remuneración y ya, en estos momentos y hacia el futuro, al encontrarnos dentro del margen de la discrecionalidad de los poderes legislativo y ejecutivo, en incertidumbre e inseguridad respecto a la recepción de las remuneraciones a las que tenemos derecho, lo que afecta nuestra dignidad y la independencia judicial. [.]. Se violentan directamente con estas disposiciones sancionatorias, los artículos 1º. (dignidad), 5º (Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial; y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución)¸ 14 (aplicación retroactiva de las leyes citadas en perjuicio personal); 17, antepenúltimo y último párrafos y 100 párrafo séptimo (Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales, e independencia judicial, como principio de la carrera judicial; así como el principio de división de poderes, en el apartado que señala: "Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos." y "Art. 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación,).";87 y 128 (en lo relativo a la protesta del Presidente y de los miembros del legislativo federal, de guardar y hacer guardar la Constitución y que si así no lo hicieren que la nación se los demande); 94 décimo primer párrafo (en lo relativo a la no disminución de las remuneraciones de jueces y magistrados en el ejercicio del encargo); último párrafo del artículo 100 ( que concede al Consejo de la Judicatura Federal, la facultad de elaborar su propio presupuesto); 127, primer párrafo (remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función); 133 (supremacía constitucional, por encima de cualquier ley ordinaria); TODOS los artículos citados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha quedado expresado en conceptos de violación anteriores, que la independencia judicial es un derecho y un presupuesto para el cumplimiento de los fines constitucionales. Que una de las garantías de la independencia judicial es la remuneración adecuada de las y los juzgadores, la cual no debe ser disminuida durante el ejercicio de su encargo. Ha quedado plasmado también que es un mandato constitucional garantizar la independencia de las personas juzgadoras y la irreductibilidad de sus remuneraciones. Que atendiendo al principio de división de poderes corresponde al propio Poder Judicial De La Federación; no a otro, elaborar su propio presupuesto de egresos. Correspondiendo al legislativo, incluirlo. Nada más. Y que todas estas prerrogativas, no son expectativas de derecho, sino que ya se encuentran plasmadas como derechos fundamentales. La propia constitución impide la regresión de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los laborales. A pesar de todo ello; no solamente se vulneran las prerrogativas antes mencionadas, sino que el legislador ha considerado, en ejercicio de lo que cree su libertad de configuración legislativa, sancionar gravemente y por distintas vías, la desatención a lo que pretende imponernos y en esa sanción, no solamente castigar a la o el juzgador, sino también a la o el empleado administrativo que nos paga o que se equivoca al pagarnos. Los artículos tildados de inconstitucionales lo son, porque respecto a las personas que intervienen en el pago de nuestras remuneraciones los obligan a ser cómplices con el legislativo y ejecutivo de la transgresión a la Constitución, en específico, cómplices de la afectación a la dignidad de la parte quejosa, su independencia judicial y la del Poder del que es integrante, así como el principio de división de poderes. En cuanto juzgadoras y juzgadores nos veríamos afectados, en el peor de los casos, con la disminución de la remuneración y ya, en estos momentos y hacia el futuro, al encontrarnos dentro del margen de la discrecionalidad de los poderes legislativo y ejecutivo, en incertidumbre e inseguridad respecto a la recepción de las remuneraciones a las que tenemos derecho, lo que afecta nuestra dignidad y la independencia judicial. [.]." De igual manera, se estima actualizada la diversa fracción VI del artículo 51 de la Ley de la materia, porque como ya se explicó, sin duda me reviste el carácter de parte quejosa en el presente juicio de amparo; además, se insiste, tengo un interés personal, directo, material y de índole económico sobre las remuneraciones cuestionadas. Y es que recuérdese, la existencia de uno o varios de los impedimentos números clausus contemplados en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hacen presumir razonablemente que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad, sobre todo cuando desde una óptica subjetiva, tiene interés directo en el negocio, tal como ocurre con la presente demanda de amparo y la suspensión, al ser de los pocos titulares en el país que acudió, en este momento, al medio extraordinario de defensa. Incluso, desde el punto de vista de la ética, la cual debe entenderse, en sentido general, como el arte de elegir la mejor conducta; al efecto, se tiene que la ética judicial evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar, entre otras cuestiones, favoritismo, predisposición o falta de objetividad, en las decisiones de las personas juzgadoras, lo cual no podría evitar si tengo una demanda de amparo planteada en los mismos términos de la que ahora es de mi conocimiento y figuro como parte quejosa; habida cuenta, existen muchos otros titulares que no se encuentran en la situación antes destacada. Decisión. En tales condiciones, a efecto de mantener incólume la honorabilidad, buena imagen y decoro del que goza este juzgador, así como del órgano jurisdiccional hoy a mi cargo; consecuentemente, al estimar actualizada cualquiera de las causales de impedimento apuntadas, me excuso del conocimiento del referido asunto. *****Precedente vertical. En similares consideraciones se calificó de legal el diverso impedimento 9/2021, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. Remisión del impedimento planteado. Por tanto, al considerar el suscrito que me encuentro legalmente impedido para seguir conociendo del presente asunto, en términos del artículo 38, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 54, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito de esta ciudad, en turno, para que resuelva sobre el impedimento materia de la presente excusa. Suspensión de los actos reclamados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Amparo, el suscrito también me consideró impedido para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que, como ya se explicó, tengo interés personal en el asunto, al figurar como parte quejosa. En efecto, el artículo 53 de la Ley de Amparo, señala que, el que se excuse, deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión, excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto. "Artículo 53. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento." En el caso, como se planteó, el suscrito tiene interés personal en el presente asunto, por las razones antes expuestas; de ahí, que se surte un motivo por el que no me es legalmente posible proveer sobre la suspensión solicitada en el presente juicio. Petición especial al Tribunal Colegiado de Circuito. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Amparo, se establece que cuando el juez se excuse del asunto y no esté posibilidad legal de proveer sobre la suspensión -por estar afectado de interés personal en el asunto-, el que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento. En efecto, ante esa eventualidad, el que sustituya al operador jurisdiccional, hasta en tanto se define la procedencia o no de la excusa, debe atender la solicitud de la suspensión provisional; sin embargo, en ninguna parte del aludido precepto se indica quién es el funcionario que ejerce esa sustitución provisional. Atento a ello y con la finalidad de garantizar a la parte quejosa el derecho fundamental de acceso a la justicia, es factible acudir al artículo 58 de la propia ley, que indica que de declararse impedido el titular del órgano jurisdiccional, será otro juez del mismo distrito (y de la misma especialización, de serlo), el que conocerá en definitiva del asunto. "Artículo 58. Cuando se declare impedida a una jueza o un juez de distrito, conocerá del asunto otra u otro adscrito, al mismo circuito, según corresponda y, en su caso, especialización; en su defecto, conocerá el más próximo perteneciente al mismo circuito." Dicho numeral, si bien es aplicable, en principio, cuando se ha calificado de fundado el impedimento, lo cierto es que también lo puede ser en la eventualidad a que hace referencia el artículo 53 invocado. Por ende, de una interpretación armónica y funcional de ambos preceptos, se concluye que hasta en tanto no se resuelva la excusa planteada por el operador jurisdiccional, será competente otro Juez del mismo Distrito y, en su caso, de la misma especialidad, el que provisionalmente lo sustituya, quien conocerá del caso para el único efecto de definir lo que en derecho corresponda sobre la medida suspensional. Lo anterior porque el propósito que persigue la hipótesis contenida en el artículo 53 referido, consistente en evitar la falta de pronunciamiento sobre la suspensión del acto y, por ende, preservar la materia del juicio y tutelar el derecho humano a un recurso judicial efectivo. ****** En razón a lo anterior, se solicita atentamente al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del presente impedimento, para que sea turnado un desglose de la demanda de amparo a efecto de que exclusivamente atienda dicha suspensión de los actos reclamados otro Juez del mismo Distrito, por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoquinto Circuito, mientras se califica el impedimento planteado, y la turne con la papeleta correspondiente entre los Juzgados Primero, Segundo o Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, atendiendo a que los quejosos somos actualmente titulares respectivamente de los Juzgados Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito, de la misma ciudad. Cuaderno de antecedentes. Por tanto, previa remisión a la superioridad del expediente original del presente asunto, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente que quede en su sustitución. Acuse. Solicítese de la manera más atenta al tribunal de alzada, el acuse de recibo correspondiente. Consulta electrónica. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, como se solicitó, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio a la parte quejosa con usuario ****. Notificaciones personales por vía electrónica. La parte quejosa en su escrito inicial de demanda textualmente señaló "se ordene la notificación electrónica a la misma cuenta". En atención a su petición, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones personales a la parte quejosa, vía electrónica, con usuario ****. *****Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte quejosa que el nombre de usuario con el que se registró tal autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como debe escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Correo electrónico. De igual forma, téngase a la parte quejosa proporcionando las cuentas de correo electrónico personal que señala en su ocurso Domicilio físico. En virtud de las notificaciones electrónicas ordenadas en autos, a virtud de elección de la parte quejosa, no ha lugar a tener como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el lugar físico que indica en su escrito inicial de demanda. No obstante, con fundamento en el artículo 30, fracción II, segundo párrafo, y fracción III, de la Ley de Amparo, téngase señalado dicho domicilio, únicamente en el evento de surgir un caso fortuito, fuerza mayor o falla técnica del sistema que impida hacerlo vía electrónica, o bien, en algún otro caso que este juzgador estime conveniente por la naturaleza del acto o diligencia que corresponda. En la inteligencia, que la regla general para las notificaciones personales, es por la vía electrónica autorizada, y para sólo en la eventualidad de que sea necesario por alguna razón conforme los expuesto en el párrafo que precede -notificación en domicilio físico por conducto del Actuario-, previamente, este juzgador determinará lo conducente, los términos y/o la temporalidad concretos en que deberá procederse al respecto. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y electrónicamente al representante común de la parte quejosa.

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