Jesus Roberto Sotelo Govea

Expediente 10/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
10/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/02/2019

Partes del expediente

  • Jesus Roberto Sotelo Govea

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada mediante sesión de ocho de febrero del presente año, dentro del conflicto competencial 1/2019, suscitado entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo y este órgano jurisdiccional, respecto a la demanda de amparo promovida por Jesús Roberto Sotelo Govea, en el cual determinó fincar la competencia al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo. Ahora bien, visto el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo; en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX, pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)" Lo anterior, a virtud de que el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, hizo del conocimiento que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Roberto Sotelo Govea, razón por la cual el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual manifiesta que avocó al conocimiento del conflicto competencial 1/2019, suscitado entre el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca y este órgano jurisdiccional; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes y estese a la espera de la resolución correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    vii))Toluca, Estado de México; veintidós de enero de dos mil diecinueve. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, mediante el cual hace del conocimiento su auto de catorce de enero del presente año, por el cual remitió el juicio de amparo 1044/2018-IV, al Tribunal Colegiado respectivo para que resuelva el conflicto competencial suscitado entre el oficiante y este órgano jurisdiccional; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes y estese a la espera de la resolución correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; ocho de enero de dos mil diecinueve. Remisión de autos (incompetencia). Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, por medio del cual informa que mediante auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Jesús Roberto Sotelo Govea del cual remitió el original del expediente respectivo 1044/2018-VI, formado con motivo del escrito de referencia, así como sus anexos. Radicación. Se tiene por recibido el oficio de incompetencia que remite los autos del juicio promovido por Jesús Roberto Sotelo Govea, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 10/2019-VII. No se acepta competencia. Ahora, previo a exponer las razones por las que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio del homólogo federal, es oportuno destacar que dicho juzgador precisó como acto reclamado: "La orden de aprehensión y su ejecución". En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Por lo que a juicio del suscrito considera que en el presente asunto impera lo dispuesto en el párrafo primero del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en particular, la hipótesis relativa a que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto trate de ejecutarse. Para mejor compresión del asunto, es pertinente narrar lo siguiente: - En los antecedentes narrados en el escrito de demanda del quejoso Jesús Roberto Sotelo Govea, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el día diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las catorce horas, unas personas que dijeron ser policías federales, estando en su domicilio ubicado en la ciudad de Pachuca, se entrevistaron con su pareja, a la que le comentaron entre otras cosas que sabían de la existencia de una orden de aprehensión en su contra emitida por un Juez Federal de Naucalpan en el Estado de México. - Por turno de dicha demanda le correspondió conocer al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, quien una vez substanciado el procedimiento, mediante audiencia constitucional de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y declinó competencia al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno (con excepción del Juez Decimocuarto por estar señalado como autoridad responsable y haber admitido la emisión del acto reclamando). - Las razones fundamentales para declinar competencia radicaron en que se actualizaba la primer hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que los efectos de los actos reclamados, se están ejecutando fuera de la residencia del mismo, pues la autoridad responsable Procurador General de la Republica, había negado la existencia del acto reclamando, y el domicilio del quejoso (ubicado en el Estado de Hidalgo) no es determinante para definir la competencia; fundado su determinación en el criterio jurisprudencial con el rubro "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA". - Agregó carecer de competencia legal para resolver el asunto en comento en razón a que en el Distrito Judicial del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, fue donde se emitió la orden de aprehensión reclamada en la presente instancia constitucional; fundado su consideración en la tesis aislada bajo el rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO" - Por cuestión de turno correspondió conocer del asunto al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, quien mediante auto de siete de diciembre del dos mil dieciocho, no aceptó la competencia planteada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, toda vez que la misma es señalada como responsable, por lo que no puede tener doble carácter procesal, atendiendo al numeral 38 de la Ley de Amparo. - El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, mediante auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, consideró que el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, no se había pronunciado sobre el tema concreto de la competencia en razón de territorio, pues lejos de aceptar o no la competencia por razón de territorio, decidió no avocarse al conocimiento del asunto, porque carece de competencia legal, en términos del numeral 38 de la Ley de Amparo, por lo que ante la aceptación tácita de la competencia por razón de territorio, debió de ser dicho juzgador el que remitiera la demanda de amparo al Juzgado de Distrito que estimara competente. Luego consideró que el juez para tramitar dicha demanda de amparo (sic), debe considerarse otro del mismo circuito, y que los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo en Toluca, representan la distancia más corta con el Juez responsable, por lo que declinó competencia a esta sede. Precisado lo anterior, se tiene que en el presente asunto se reclama una orden de aprehensión que requiere de ejecución material, caso en que el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar dicho acto, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio, trabajo, escuela, etc. En el presente caso, en la demanda de amparo el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que el día diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, siendo aproximadamente las catorce horas unas personas que dijeron ser policías federales, estando en su domicilio ubicado en la ciudad de Pachuca, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito declinante, ante quien se promovió la demanda; por tanto, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto. Lo anterior debido a que señalo como autoridad ejecutora a la Procuraduría General de la Republica (foja 55), la cual negó la existencia del acto reclamando; empero, dicha negativa se desvirtúa con la aceptación de la autoridad ordenadora Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, respecto de la emisión de la orden de aprehensión de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, pues a virtud de ello al haber aceptado la orden de captura reclamada la autoridad ordenadora es evidente que la ejecutora, por estar en el ámbito de sus atribuciones, en cualquier momento puede recibir la orden para el cumplimiento. Máxime que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que el veintidós de mayo de dos mil dieciocho se notificó la orden de captura en contra de Jesús Roberto Sotelo Govea al agente del Ministerio Público Federal, ello a fin de que ordenara a quien corresponda su ejecución. Al respecto resulta aplicable por similitud jurídica, la tesis publicada en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1999, Tomo lll, Segunda Parte-1, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Entonces, en el caso existen indicios de prueba, respecto del lugar en el que el acto reclamando trató de ejecutarse, lo cual aconteció, en el estado de Hidalgo, pues el quejoso adujo bajo protesta de decir verdad que trató de ejecutarse en ese lugar, a lo cual se suma que en relación con la responsable ejecutora Procurador General de la Republica, se presume cierto el acto reclamando. Por tanto, el juez competente para conocer del presente asunto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, esto es el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, esto es se tienen indicios de que se trata de ejecutar en su domicilio ubicado dentro de la jurisdicción de dicho órgano jurisdiccional, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, del libro XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Agosto de 2013, Décima Época, con número de registro 2004166, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." De igual manera es aplicable la tesis aislada, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 29, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, con número de registro 234083, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSION. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, también lo es que la ejecución de una orden de captura, que constituya el acto reclamado en el juicio constitucional, no puede presumirse por el simple hecho de que la promovente del amparo haya manifestado que su domicilio particular se encuentra ubicado en cierta población de una entidad federativa, si en contra de dicha presunción milita la negativa de las autoridades señaladas como responsables residentes en la aludida entidad federativa, pues para la ejecución del referido acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito en esa entidad, y si las autoridades que admitieron la existencia de una orden de aprehensión en contra de la peticionaria del amparo tienen su residencia en el ámbito de la jurisdicción de un Juez de Distrito en otra entidad de la Federación, es evidente que la competencia para seguir conociendo del juicio de garantías corresponde a este último Juez." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, así como tampoco las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. Este juzgado de Distrito no comparte la consideración respecto de que en el presente asunto es aplicable el criterio jurisprudencial de la Novena Época, con el registro 200455, de la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo II, Septiembre de 1995, Materia Penal, bajo el texto y rubro siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Toda vez que la hipótesis de dicho criterio es atinente aun cuando el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio. Pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Y en el presente asunto, no es el solo hecho de que el quejoso haya señalado que se han presentado agentes de la autoridad a efecto de privarlo de su libertad (en el Estado de Hidalgo), pues se suma que a la autoridad señalada como ejecutora se le presume por cierta su ejecución. Tampoco se comparte la consideración emitida por el responsable en el sentido de que en el asunto en comento es aplicable el criterio jusriprudencial con el rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO" Dicho criterio no aplica en el presente caso, considerando que este supuesto de que una vez rendidos los informes, desaparece la posibilidad de ejecución en más de un distrito; lo cual no sucede en el caso aunado a ello; si existe la posibilidad de ejecución en el Estado de Hidalgo, toda vez que se tiene por cierta la ejecución reprochada al Procurador General de la Republica que tiene actuación en ese estado. De ahí que no se comparta el criterio del homólogo federal, pues se considera que es competente el Juez de Distrito donde se trata de ejecutar el acto reclamando, tan es así que dicha demanda fue presentada precisamente en el Estado de Hidalgo. En consecuencia, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente y devolver los autos al homólogo federal, a fin que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si insiste o no en declinar su competencia. Por tanto; solicítese el acuse de recibo correspondiente y en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

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