Jesus Roberto Salvador Mendoza Galvez

Expediente 694/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
694/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Jesus Roberto Salvador Mendoza Galvez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta de la Secretaria, se advierte que transcurrieron los diez días establecidos en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, sin que ninguna la parte quejosa lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha quedado firme; lo anterior, comuníquese a las partes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerados como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto por tratarse de un asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Amparo indirecto 694/2022. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la Secretaria da cuenta al Juez de Distrito, con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Nezahualcóyotl, Estado de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente juicio de amparo, de las que se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste en la omisión de entregar toda la documentación original correspondiente a la titulación de la carrera de derecho; asimismo, del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables y recibido en auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, se advierte que ya se realizó el trámite correspondiente para la autenticación del título profesional en favor del aquí amparista en virtud del cual se registró el título profesional correspondiente, mismo que fue entregado a la institución educativa para su entrega al interesado. Asimismo, cobra relevancia el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, en el cual se requirió al peticionario de amparo a efecto de que manifestara en el plazo de tres días siguiente a la notificación de dicho auto si ya le fue entregada la documentación que refiere en su escrito inicial de demanda, apercibido que de no realizar manifestación al respecto, se tendría por entregada y recibida la citada documentación; así, una vez transcurrido dicho plazo, sin que el quejoso desahogara el requerimiento indicado, en acuerdo de dieciocho del mes y año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos. En ese contexto, quien aquí provee advierte que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Del citado precepto legal se infiere que para efectos del juicio de amparo se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que se constituye una situación jurídica que destruya la que dio motivo a la promoción de la acción de control constitucional, de tal manera que por esa nueva situación se reponga a los quejosos en el goce del derecho fundamental violado. Además, que para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. Por lo que tal causa de improcedencia se actualiza pues el acto reclamado fue destruido en todos sus efectos, en forma total e incondicional, al haberse expedido y haberse tenido por entregada la documentación que reclamó la parte quejosa, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica de la justiciable. En efecto, si bien, al ocho de junio de dos mil veintidós, fecha en que se presentó la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, el quejoso señaló como acto reclamado destacado la omisión de entregar toda la documentación original correspondiente a la titulación de la carrera de derecho; lo cierto es, que de las constancias que remitió la titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, mismas que se recibieron en auto de doce de septiembre del año en curso, se advierte, entre otros documentos, la representación gráfica del título electrónico del quejoso, documentación que fue entregada a la institución educativa que lo expidió; asimismo, en auto de dieciocho de octubre pasado se tuvo por entregada al quejoso la documentación de cuya omisión de entrega constituye el acto reclamado, entre las que se encuentra el citado título. De ahí, quien aquí provee considera que han cesado totalmente los efectos de los actos reclamados, actualizándose así la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, con número de registro 2003491, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Asimismo, cobra vigencia la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

  3. Principal

    se aprecia que el pasado siete de octubre, éste órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto, toda vez que la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con Sede en Cuernavaca no aceptó la competencia planteada. En ese sentido, para continuar la secuela procesal del presente asunto, se fija la audiencia constitucional correspondiente para las doce horas con cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la misma.

  4. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, a siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el oficio signado por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con Sede en Cuernavaca, mediante el cual, informa a este órgano que no aceptó la competencia planteada. En consecuencia, este órgano jurisdiccional no insiste en plantear legal incompetencia, por lo que se avoca al conocimiento del asunto, por lo tanto acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese sentido, de la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintisiete de septiembre del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniere respecto de la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables "INSTITUTO AZTECA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL", "DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO AZTECA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL" y "JEFE DE CONTROL ESCOLAR DEL INSTITUTO AZTECA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL", sin que hubiere realizado manifestación al respecto. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y, consecuentemente, se tiene como inexistentes a las autoridades mencionadas dentro del presente asunto, por lo que, en lo subsecuente, se ordena suspender toda comunicación con las mismas. Lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable, sin que este Órgano Jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, enero de 2006, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este Juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de la autoridad señalada con el carácter de responsable, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, octava época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". Enseguida, del estado de autos se aprecia que el pasado doce de septiembre, se recibió el informe justificado de las autoridades denominadas: Secretaría de Educación del Estado de Morelos, Secretario de Educación del Estado de Morelos, Director General de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior y Director de la Dirección de Fortalecimiento Educativo y Profesiones, del cual se aprecian, entre otras constancias, la representación gráfica del título electrónico y el acta de evaluación profesional del quejoso Jesús Roberto Salvador Mendoza Gálvez. Ahora, toda vez que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la entrega de toda la documentación original correspondiente a la titulación de la carrera de derecho, pues han excedido en demasía la entrega de dicha documentación y, atento al contenido de las constancias que integran el presente juicio de amparo, requiérase al quejoso **********, a efecto de que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si ya le fue entregada la documentación que refiere en su escrito inicial de demanda. Apercibido que de no realizar manifestación alguna al respecto, se tendrá por entregada y recibida la documentación que nos ocupa; y, consecuentemente, se proveerá lo que en derecho corresponda en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; Y, AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLIQUE DE MANERA ÍNTEGRA.

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