Jesús Roberto Izquierdo Arellano
Expediente 616/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2019
Partes del expediente
- Jesús Roberto Izquierdo Arellano
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual informa que por auto de veintitrés de mayo pasado, aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo instada por Jesús Roberto Izquierdo Arellano, por propio derecho y como Presidente del Comité de Administración del condominio "MARIELA", misma que registró bajo el número de amparo directo 370/2019. Atento a lo anterior, archívese el presente cuadernillo como concluido, previas las anotaciones respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado al tribunal de alzada.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el dieciséis de mayo del año en curso, este órgano de control constitucional declinó competencia por razón de grado, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Luego, el diecisiete de mayo del año en curso, le correspondió el conocimiento de dicho asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; en razón de ello, se solicita a la superioridad que de no tener inconveniente, acuse de recibo e informe el estado procesal que guarda el asunto que nos ocupa.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve Jesús Roberto Izquierdo Arellano, por propio derecho y como Presidente del Comité de Administración del condominio "MARIELA", ubicado en calles Genaro Díaz Mañón sin número, La Trinidad, Tenancingo, Estado de México, personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública treinta y dos mil ochocientos ochenta y tres, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 616/2019-II-A. INCOMPETENCIA Del análisis de la demanda se obtiene que el acto reclamado lo constituye la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 172/2019, que confirmó la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió procedente la excepción de incompetencia planteada por la demandada en el juicio ejecutivo mercantil 861/2018 y declaró nulo todo lo actuado en dicho juicio, dejando a salvo los derechos del accionante para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Por tanto, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado; en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En efecto, los artículos 34, 47 y 170 de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. (.)" Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. En el caso concreto, el acto reclamado es la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 172/2019, que confirmó la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió procedente la excepción de incompetencia planteada por la demandada en el juicio ejecutivo mercantil 861/2018 y declaró nulo todo lo actuado en dicho juicio, dejando a salvo los derechos del accionante para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Así, el juicio está condicionado a la existencia de un procedimiento, sea litigioso o no, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define (en cualquier sentido) la controversia o solicitud, el juicio termina. Por tanto, atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de su artículo 170, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que culminan con el procedimiento), sin decidirlo en lo principal. Precisado lo anterior, se obtiene que la resolución dictada, que aquí se combate, sí pone fin al juicio, por esa razón, lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Por tales motivos, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee; en consecuencia, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve Jesús Roberto Izquierdo Arellano, por propio derecho y como Presidente del Comité de Administración del condominio "MARIELA", ubicado en calles Genaro Díaz Mañón sin número, La Trinidad, Tenancingo, Estado de México, personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública treinta y dos mil ochocientos ochenta y tres, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 616/2019-II-A. INCOMPETENCIA Del análisis de la demanda se obtiene que el acto reclamado lo constituye la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 172/2019, que confirmó la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió procedente la excepción de incompetencia planteada por la demandada en el juicio ejecutivo mercantil 861/2018 y declaró nulo todo lo actuado en dicho juicio, dejando a salvo los derechos del accionante para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Por tanto, este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado; en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En efecto, los artículos 34, 47 y 170 de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. (.)" Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. En el caso concreto, el acto reclamado es la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 172/2019, que confirmó la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, que resolvió procedente la excepción de incompetencia planteada por la demandada en el juicio ejecutivo mercantil 861/2018 y declaró nulo todo lo actuado en dicho juicio, dejando a salvo los derechos del accionante para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Así, el juicio está condicionado a la existencia de un procedimiento, sea litigioso o no, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define (en cualquier sentido) la controversia o solicitud, el juicio termina. Por tanto, atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de su artículo 170, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que culminan con el procedimiento), sin decidirlo en lo principal. Precisado lo anterior, se obtiene que la resolución dictada, que aquí se combate, sí pone fin al juicio, por esa razón, lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Por tales motivos, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee; en consecuencia, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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