Jesús Roberto Castilla Salazar

Expediente 128/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
128/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Jesús Roberto Castilla Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Acepta competencia. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual informa que asumió la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, respecto de la demanda de amparo promovida por Eduardo Pérez Díaz, quien aduce ser endosatario en procuración de Jesús Roberto y Wendy, ambos de apellidos Castilla Salazar. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso j), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó que este órgano jurisdiccional es incompetente para sustanciar el presente asunto; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la caratula de este expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Se recibe oficio Se tiene recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo de la demanda de amparo promovida por .... Asimismo, se toma nota de que dicha demanda fue registrada bajo el número de amparo directo civil 185/2022.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de marzo de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de las partes. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Pérez Díaz, quien aduce ser endosatario en procuración de ***, contra actos que reclaman del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 128/2022. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia Ahora, visto lo manifestado por el promovente, se advierte que los actos reclamados son: -El auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 166/2022, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por el que se desecha de plano el recurso de revocación planteado contra el auto que tuvo por no interpuesta la demanda inicial, así como su notificación. Al respecto, se debe destacar que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, son aquellas que deben acatar los órganos de control constitucional, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a ese juicio, para integrar exactamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional y revisten el carácter de oficiosas. En ese sentido, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente que debe analizarse por los órganos jurisdiccionales, en todas las etapas del procedimiento de amparo, pues estimar lo contrario, equivaldría a prorrogar indebidamente la competencia de un órgano jurisdiccional que no lo es, lo que propiciaría la inobservancia de las normas que rigen el juicio constitucional, lo que contravendría lo que establece el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Ahora, la procedencia del juicio de amparo directo se encuentra regulada en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y el diverso 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales por su orden, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictados en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local l autoridad que dicte el fallo o en juicios del orden común.; "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: c) En materia civil o mercantil, de resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal;" Resumiendo los dispositivos legales transcritos, es claro que el juicio de amparo directo procede contra sentencias que deciden el juicio en lo principal o resoluciones que ponen fin al juicio, es decir, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. De lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el solicitante de protección constitucional en su escrito de demanda de amparo se pone en evidencia que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado constituye una resolución que pone fin al juicio. Así es, el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 166/2022, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, por el que se desecha de plano el recurso de revocación planteado. En tal virtud, procede el juicio de amparo en la vía directa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 de la Ley de Amparo, y el diverso 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto que se reclama es una resolución, virtud del cual el juicio mercantil o natural se da por terminado. En ese sentido, al reclamarse una resolución que sin decidir en lo principal pone fin al juicio, es competencia de un Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí; por lo que en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo, se ordena: I. Remitir el original del presente sumario Constitucional al Tribunal Colegiado en Materias de Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con residencia en San Luis Potosí. II. Formar, el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.

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