Jesus Ricardo Mariscal Morales
Expediente 567/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/04/2023
Partes del expediente
- Jesus Ricardo Mariscal Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Zapopan, Jalisco, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. No acredita gestiones requeridas. Se tiene por recibido el oficio y anexo que remite el Director General de Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, con los cuales informa que solicitó a la Directora de Recursos Humanos de la misma dependencia, que gestione lo necesario para cumplir con el pago de las prestaciones a que tiene derecho el quejoso, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, con ello no cumple lo requerido en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, pues como se le indicó en dicho proveído, no basta que informe que requirió a diversa autoridad para que gestione lo necesario a fin de cumplir con la sentencia de amparo, sino que debe acreditar con constancias que se realizó la adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado para el año que transcurre a fin de que efectúe el pago correspondiente en favor del quejoso, aun cuando no esté previsto específicamente en tal presupuesto; y, en su caso, que se solicitó la aprobación de esa reestructura al Gobernador y a la Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco. Se requiere. Por tanto, requiérase nuevamente al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, acredite el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su defecto, las gestiones que de manera efectiva se encuentran realizando para ello. En su defecto, acredite la falta de recursos económicos y solicite la ampliación del presupuesto respectivo al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, específicamente destinada a cubrir la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso con motivo de la baja injustificada en el cargo que desempeñaba como elemento de la Policía Vial. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. XX/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 12, registro 187083, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Asimismo, robustece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, registro digital 162469, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que, de no acreditar el cumplimiento del fallo protector o las gestiones que de manera efectiva se encuentra realizando, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Requerimiento al superior jerárquico. En virtud de lo anterior y de acuerdo al procedimiento de ejecución que prevé el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena requerir al superior jerárquico de la precitada autoridad responsable, esto es, al Gobernador del Estado de Jalisco, para que en el lapso de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le practique la notificación del presente proveído, por su conducto, requiera a dicho Secretario de Seguridad, para que cumpla con la ejecutoria de amparo. Bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo; además, de conformidad con el numeral 192 de la ley de la materia, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada directamente al cumplimiento, lo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Ténganse por recibida la papeleta de turno otorgada a la queja interpuesta por el Director General Jurídico de la Fiscalía del Estado, contra el diverso auto de diecisiete de marzo de la presente anualidad, de la que se advierte que resultó competente el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; consecuentemente se provee de la siguiente manera. Hágase disponible la consulta. A efecto de que se conozca lo actuado en este expediente, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta al referido Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo anterior a fin de que esté en posibilidad de resolver el recurso interpuesto en autos.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado manifestación alguna en ese sentido. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. II. Concesión del amparo y efectos. Mediante sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil veintitrés, se concedió la protección constitucional para efectos de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: " [.] la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: Deje sin efectos la fecha lejana y señale una nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ciñéndose al plazo previsto por el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 2416/2020, de su índice, y únicamente para el caso de que no sea posible su desahogo en la nueva data indicada, por algún impedimento legal, el amparo tendrá el efecto de que la autoridad responsable señale una nueva fecha, dentro del plazo indicado. En tanto que, el Actuario Notificador de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: De no haberlo hecho, acredite que emplazó a las demandadas en el juicio laboral de origen, o, en su caso la imposibilidad que tenga para ello [.]. III. Ejecutoria y requerimiento. En proveído de veintiocho den noviembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió por su cumplimiento a las autoridades responsables. IV. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del comunicado de registro 6717, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que la autoridad responsable en proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen, señaló nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de conformidad con el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, el Actuario Notificador de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informó la imposibilidad que le asistió de emplazar a Consultoría Guadalajara Sociedad Anónima de Capital Variable, no obstante de estar las demás partes emplazadas. V. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que se atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Resérvese. Ahora bien, toda vez que se encuentra pendiente de integrar diversos recursos de queja en contra del proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, se reserva la ejecución material de la medida de apremio decretada hasta en tanto se resuelvan dichos medios de impugnación. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido en proveídos de diecisiete y veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que las partes señalaran las constancias que estimaran necesarias para la substanciación del recurso de queja hecho valer por la autoridad responsable. Informe con justificación. Por tanto, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto que se multó en el presente juicio de amparo, a las autoridades responsables en proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, por las consideraciones ahí vertidas. Petición de turno. Además, acátese lo ordenado en el acuerdo en el que se tuvo por interpuesto el citado recurso, esto es, mediante oficio que se envíe al correo electrónico eduardo.perez.fierros@correo.cjf.gob.mx, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a efecto de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano que corresponda conocer del recurso de trato. Los datos para registro son los siguientes: - Juicio de amparo: 2107/202. - Parte quejosa Juan Carlos Meléndez Galaviz - Parte recurrente: Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. - Autoridades responsables: Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. - Determinación recurrida: resolución de siete de de marzo de dos mil veintitrés. - Juicio de origen: 2416/2020. En el entendido de que, una vez que exista constancia de lo anterior, se pondrá a disposición el expediente en que se actúa para su consulta por parte del Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del recurso de queja, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y el criterio publicado en el Compilador de Criterios de Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de referencia CAP/DGAD/392/2021, relativo al tema "Valoración del incidente de suspensión", de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, dado que, por una parte, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados y por otra, se negó dicha medida cautelar; en tanto que, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. Devolución de documentos. Para los efectos del Acuerdo General invocado, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios en original a la incidencia en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica.
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