Jesús Ricardo Contreras Martínez
Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Ricardo Contreras Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio por medio del cual la autoridad oficiante acusa recibo de los documentos que se le devolvieron mediante oficio 25665/2021. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta por medio del cual la autoridad oficiante acusa recibo de los documentos que se le devolvieron mediante oficio 25666/2021. Notifíquese.
- Principal
Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, se ordena el archivo del presente expediente y se declara que este asunto es susceptible de destrucción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Octavo, del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, del veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, se tiene por hecha la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión, no obran documentos catalogados como originales y que las actuaciones del presente asunto concuerdan con las que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos conducentes. Finalmente, devuélvanse a la sala y juez responsables las constancias remitidas en apoyo a sus informes justificados, constantes de tres legajo; esto en virtud de que ya no son necesarias en el presente asunto, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia de que el desahogo a este requerimiento se deberá presentar de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, o en su caso, a través de la dirección de correo institucional 13jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx, debiendo contener las correspondientes firmas electrónicas; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón de cuenta signada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso la sentencia dictada en el presente juicio de amparo por los motivos que expone; en esas condiciones, túrnense los presentes autos al actuario que corresponda para que notifique por medio de lista al quejoso, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y el presente proveído, en términos del artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Notifíquese, y por medio de lista al quejoso. SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 463/2021, promovido por ****, por propio derecho, contra los actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitido el día siguiente a este órgano jurisdiccional, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios del artículo 1, 8, 14, 16 y 133 constitucionales y que precisó de la manera siguiente: "Norma General, Acto u Omisión que de cada Autoridad se reclame Única.- "La sentencia de fecha 3 de junio de 2021", dictada en el recurso de apelación por la Cuarta Sala de lo Familiar de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México". SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 463/2021, se admitió la demanda, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se reservó señalar tercero interesado hasta que obraran las constancias del juicio natural, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien omitió formular pedimento y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede, en la que se determinó no llamar a persona alguna en calidad de tercero interesado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra un acto dictado en un juicio de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común, que reside dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que precisa las bases que toda sentencia de amparo debe contener, entre ellas la fijación clara y precisa del acto reclamado, los actos reclamados quedan determinados de la siguiente manera: Resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ****/2021, mediante la cual confirmó el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitido en la sección segunda de la sucesión intestamentaria a bienes de ****, expediente ****/2007, del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual no se acordó de conformidad el desistimiento de la segunda sección promovido por al albacea, aquí quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que al rendir su informe justificado, así lo manifestó expresamente. Apoya lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, página 206, que a la letra dice:"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe, y que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º de este último ordenamiento legal. CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes las aleguen o no, el órgano jurisdiccional está constreñido a su estudio oficioso, al tenor de lo previsto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, este juzgado federal considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, esta última disposición aplicada en sentido contrario, pues la resolución aquí controvertida -emitida dentro de un procedimiento jurisdiccional- no produce consecuencias de imposible reparación, por los razonamientos que enseguida se exponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, cuando ello resulte de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley en consulta. Al respecto, la segunda disposición invocada prevé que el juicio constitucional en la vía indirecta, es procedente solamente contra actos de tribunales judiciales pronunciados dentro de un procedimiento, si se generan consecuencias de imposible reparación. Y, es que la refutación por la vía extraordinaria de aspectos que no son sustantivos, tiene lugar hasta que se impugna la resolución conclusiva, momento en el cual también son susceptibles de combatirse las violaciones a las leyes del procedimiento, en términos del principio acogido en el numeral 171 de la Ley de Amparo. Sentado lo precedente, es conveniente subrayar que a partir del tres de abril de dos mil trece, fecha de la entrada en vigor de la actual legislación de la materia, se proporcionó una mayor seguridad jurídica en cuanto a la procedencia del proceso constitucional bi-instancial, que se hace valer en contra de actos susceptibles de ser catalogados como de imposible reparación. Ello es así, ya que el legislador definió que las actuaciones de esa clase necesitan producir una afectación material en los derechos sustantivos del quejoso, reconocidos en sede constitucional o convencional; lo cual implica que sus consecuencias deban ser de tal magnitud que impidan en forma real y actual el uso de algún derecho de la naturaleza indicada. En ese sentido, no es suficiente la circunstancia de que el acto reclamado provoque una lesión de índole adjetiva o formal que pueda trascender o no en el resultado del fallo. Así, los actos de imposible reparación deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procedimental, además de afectar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Esto es, la procedencia del juicio tutelar de derechos humanos -en el supuesto examinado- se encuentra condicionada a que las prerrogativas afectadas sean necesariamente sustantivas, expresión antagónica de los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la atentación no es real ni actual, sino que depende de que llegue o no a trascender en el desenlace del juicio o procedimiento, momento en que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Precisado lo anterior, es importante tomar en cuenta que los juicios sucesorios son procedimientos de carácter universal y peculiar, que se componen de cuatro etapas, las cuales se deciden por separado; a saber, 1) Sucesión, 2) Inventarios y avalúos, 3) Administración, y 4) Partición y adjudicación. En esa guisa, la acción de amparo indirecto, por regla general, es procedente en cada una de las tres primeras fases, hasta que se decide el fondo de cada una de ellas, momento en el que pueden hacerse valer las violaciones de carácter adjetivas, o bien, si el acto reclamado constituye un obstáculo para su conclusión. Plasmadas las premisas anteriores, se detalla que en la resolución aquí controvertida, la autoridad responsable confirmó el auto en el que no se acordó de conformidad el desistimiento del albacea, aquí quejoso, respecto del inventario y avalúo que presentó; sin embargo, dicha determinación no produce efectos de imposible reparación, ni constituye el pronunciamiento que finalice el indicado periodo procesal segundo, ya que será en la resolución que resuelva la segunda sección en la que se verificará cuáles son los bienes qué comprende el patrimonio del de cujus; por ende, la presente instancia constitucional deviene improcedente en su contra. Luego, la parte inconforme debe estar a lo que se decida al cierre de la sección segunda del procedimiento de origen, momento en el cual podrá impugnar lo conducente en la instancia extraordinaria, previo acatamiento del principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 3º. C. 439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, enero 2004, página 1546, de rubro y contenido siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. " Por similitud de razones, se invoca la tesis 2a. L/2015 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Página: 1069, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74 al 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, por propio derecho, contra los actos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por las razones expuestas en este fallo. Notifíquese y personalmente a las partes."
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