Jesús Ricardo Barrera Rendón

Expediente 163/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
163/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2019

Partes del expediente

  • Jesús Ricardo Barrera Rendón

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... MESA: 3

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado, por medio del cual informa que remitió al archivo como asunto totalmente concluido el juicio ......................de su índice, con motivo del conocimiento previo planteado a este juzgado federal, asimismo, remite escrito firmado por el quejoso ................., mediante el cual desahogó el requerimiento formulado, en consecuencia, el mismo agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por auto de doce de febrero del año en curso, se desechó por notoriamente improcedente el juicio de amparo en que se actúa....MESA 3

  3. Principal

    VISTA LA DEMANDA DE GARANTIAS, SE DESECHA DE PLANO POR IMPROCEDENTE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO...SECOMISIONA AL ACTUARIO ADSCRITO A FIN NOTIFIQUE EL PRESENTE PROVEÍDO A LA PARTE QUEJOSA...MESA 3

  4. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE DOCE DE FEBRERTO DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DEL AVISO DE TRECE DE LOS CORRIENTES, AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de febrero de dos mil diecinueve. Recepción. Visto el oficio 2777/2019, emitido en el cuaderno de varios, por el cual se reconoció el conocimiento previo planteado por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en relación a los actos reclamados en el expediente 77/2019-I-B, de su índice, que se originó con motivo de la demanda promovida por Jesús Ricardo Barrera Rendón, con el diverso 417/2018, de este juzgado; atento a lo anterior, hágase del conocimiento del homólogo federal que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 163/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley común, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es Improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado: "SENTENCIA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Lo es EL AUTO dictado por el C. JUEZ SÉPTIMO DE LO FAMILIAR DE CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO, dictaminada en fecha (17) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO, Y QUE ME FUE DEBIDAMENTE NOTIFICADO POR LISTAS Y BOLETÍN EN FECHA 18 DE ENERO DEL AÑO 2019, misma que en el apartado correspondiente haré valer en razón a las consideraciones y preceptos legales constitucionales que se violaron." En efecto, el quejoso reclama el proveído de diecisiete de enero del año en curso, en el que se ordena la negativa de acordar de conformidad el cambio de medida provisional relativo a la guarda y custodia, así como el apercibimiento en el que para la próxima fecha en que tendría verificativo el régimen de convivencia constara en autos el descuento de la pensión o bien, el justificante del trámite necesario para ello, dentro del expediente 1656/2017, del índice del Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, contra el cual procede medio de defensa en su contra, lo que hace improcedente del juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto, quien esto juzga, considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Lo anterior es así, ya que se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado. Luego, como se advierte del contenido de la demanda y toda vez que las reglas procesales contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, determinan que la resolución que en esta vía se reclama es revocable de conformidad con lo previsto por el artículo 1.362, del ordenamiento legal invocado, que dice: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó." En consecuencia, el auto de diecisiete de enero del año en curso, dentro del expediente 1656/2017, del índice de la autoridad responsable, es susceptible de ser combatido a través del recurso de revocación, ante la propia autoridad responsable; entonces, es inconcuso que el ocursante no cumplió con el principio de definitividad ya citado, en atención a que dicho acto reclamado era susceptible de modificarse o confirmarse a través de dicha instancia. En las relatadas condiciones, si el promovente se abstuvo de promover dicho medio de impugnación antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotó el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, lo que comprueba y hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; al omitir el promovente, agotar el recurso idóneo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Libro 29, Abril de 2016, página 2542, Décima Época, con registro 2011512, que dispone: "RECURSO DE REVOCACIÓN. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PROCEDE CONTRA EL PROVEÍDO QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA EN UN JUICIO DE CARÁCTER CIVIL, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 22, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.", determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que desecha o desestima un incidente y/o la excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destaca el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, ya que la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. En congruencia con lo anterior, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra el proveído dictado en uno de carácter civil, que deseche la excepción de incompetencia por declinatoria, procede el recurso de revocación, en términos del artículo 431 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, toda vez que en ese evento, la Sala no resuelve el fondo sustancial de aquélla, pues no determina cuál Juez resulta competente para continuar conociendo del trámite del juicio de origen." La anterior tesis aislada, tiene sustento al caso concreto, en atención a que como se refirió en líneas que anteceden, el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia, ya sea por declinatoria o inhibitoria, pues previo a promover el juicio de amparo indirecto contra el proveído dictado por el Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, procede el recurso de revocación, pues el artículo 1.362 del Código de Procedimientos del Estado de México, establece que los autos que no fueren apelables son revocables y el diverso 431, del Código del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, indica: "Artículo 431. Procede el recurso de revocación contra los autos de primera y segunda instancia, con excepción de los que conforme a este Código admitan el recurso de apelación en su contra, sean irrecurribles o decretos de mero trámite." Por tanto, la tesis señalada por analogía es aplicable al caso, y sustenta la determinación de desechar la demanda por definitividad. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, visible a fojas 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, visible en la página 678, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Jesús Ricardo Barrera Rendón, por propio derecho. Notificaciones a la quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Se comisiona diligencia a actuario judicial adscrito a este juzgado. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en avenida del Parque, Manzana cuatro, lote tres, casa cuatro, colonia Hacienda del Parque en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído al quejoso Jesús Ricardo Barrera Rendón, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorización de personas. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en este juzgado, o bien, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el entendido de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano