Jesús Reyes Uribe Guzmán y Otros.
Expediente 444/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 41 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Reyes Uribe Guzmán y Otros.
- Pedro Rodróguez Palomares y Otros.
- Jesús Reyes Uribe Guzmán
- Pedro Rodróguez Palomares
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Noveno de Distrito, en esta ciudad
- Juan Antonio Quintero Mora
- Ejido Cajón Verde, Rosario Sinaloa y Otros.
- Ejido Cajón Verde, Rosario Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Incidental
ARCHIVO
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. I. Relación del estado de autos. Visto el expediente, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido en proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, para que las partes quejosa y tercero interesado, manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable afirmó dar al fallo protector, sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario. II. Efectos del fallo protector. En sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Dejar insubsistente el punto octavo del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 120/2020; y, Con plenitud de jurisdicción, en su lugar, dictar otro en el que se pronuncie de fondo, fundada y motivadamente, sobre la medida cautelar solicitada, de acuerdo a los artículos 166 y 167 de la Ley Agraria y supletoriedad aplicable conforme a la doctrina jurisprudencial. Determinación que confirmó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en sesión de cinco de diciembre de dos mil veintidós. III. Actos realizados por la autoridad responsable. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, se advierte que en proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 120/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con residencia en esta ciudad, se determinó en lo que interesa lo siguiente: "CUARTO. En acatamiento a la ejecutoria de amparo indirecto número 444/2020, se deja insubsistente únicamente el punto OCTAVO del proveído de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte. [...] SEXTO. Ahora bien, resulta pertinente destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Agraria los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. En este último supuesto, la suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley de Amparo y en la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. De dicho precepto (artículo 166 de la Ley Agraria) se desprenden dos supuestos jurídicos diferentes: 1) Las diligencias precautorias y, 2) La suspensión de los autos de autoridad en materia agraria que sean impugnados en juicios de esa misma naturaleza. De ahí que se tenga, que para determinar si lo solicitado se trata de una medida precautoria o de la suspensión de un acto de autoridad en materia agraria, debe de atenderse a si lo pretendido por el solicitante de la medida precautoria se refiere a la paralización de actos de particulares o de actos de autoridad en materia agraria. Así las cosas, de ser el caso que lo que se pretenda con la medida precautoria solicitada sea evitar que determinada persona realice un cambio de situación jurídica sobre determinado inmueble, entonces la autoridad que conozca del asunto debe decretar la medida precautoria ciñendo su determinación a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, relativas a las medidas preparatorias de aseguramiento y precautorias. Luego, de lo manifestado por Jesús Reyes Uribe Guzmán, Pedro Rodríguez Palomares y Juan Antonio Quintero Mora, se aprecia que los solicitantes de la medida precautoria se refieren a actos de particulares, por tanto, es evidente que este órgano jurisdiccional para determinar sobre la procedencia de ésta, así como las condiciones en las que se otorgue de ser el caso, debe ajustarse a las disposiciones contenidas en el Código (Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en términos de su artículo 167, dado que ésta última no contiene regulación alguna en materia de medidas precautorias o cautelares. Tópico al que resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 27/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, materia Administrativa, Novena Época, visible en la página 449, al tenor literal del siguiente rubro y texto: '"MEDIDAS CAUTELARES. LAS PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO, PRIMERA PARTE, DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA, SE RIGEN POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA.(...)"' En efecto, al no contener regulación alguna la Ley Agraria en materia de medidas cautelares es evidente que para decretar las medidas precautorias antes, al inicio o durante un procedimiento agrario, debe de atenderse a lo dispuesto por los artículos 389 y 399 de la legislación adjetiva civil, los que textualmente establecen: [...] De ahí que, tratándose de medidas cautelares que se involucren actos de particulares, los tribunales agrarios únicamente pueden decretar las medidas contenidas en el artículo 389 del citado código civil adjetivo, esto es, el embargo de bienes y el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito. Asimismo, que para el decretamiento de una medida precautoria el órgano jurisdiccional debe de considerar lo siguiente: a) Que la misma se encuentre contenida en un dispositivo legal; b) Que sea la idónea para el caso en concreto. Precisado lo anterior, este tribunal unitario agrario procede a resolver respecto a la medida precautoria solicitada por Jesús Reyes Uribe Guzmán, Pedro Rodríguez Palomares y Juan Antonio Quintero Mora, contenida en el escrito antes señalado, las cuales (sic) no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Como se ve, las medidas cautelares peticionadas por Jesús Reyes Uribe Guzmán, Pedro Rodríguez Palomares y Juan Antonio Quintero Mora, tienen como finalidad que la parcela objeto de litigio se mantenga sin uso o beneficio de alguna persona y no pueda ser usada, cultivada, ni ocupada por persona alguna que le pudiera generar derechos de posesión. Ahora bien, como ya se precisó, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en la tesis de jurisprudencia 2a./J.27/2009, determinó que las medidas precautorias en materia agraria en la que se involucren actos de particulares, los tribunales agrarios únicamente puede decretar alguna de las contenidas en el artículo 389 del ordenamiento procesal ya invocado, es decir, el embargo de bienes, o de ser el caso, el depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles respecto al inmueble de que se trate. De ahí que la medida cautelar solicitada por Jesús Reyes Uribe Guzmán, Pedro Rodríguez Palomares y Juan Antonio Quintero Mora, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral antes invocado; por lo que se niegan las medidas precautorias solicitadas por Jesús Reyes Uribe Guzmán, Pedro Rodríguez Palomares y Juan Antonio Quintero Mora. [...]" IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, se considera que fueron acatados los efectos amparadores. Esto, porque atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable dejó sin efectos el punto octavo del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 120/2020, de su índice interno; y con plenitud de jurisdicción, en su lugar, dictó otro en el que se pronunció de fondo, fundada y motivadamente, realizando un análisis de la medida precautoria solicitada por Jesús Reyes Uribe Guzmán, Pedro Rodríguez Palomares y Juan Antonio Quintero Mora, conforme lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la Ley Agraria, así como los diversos 389 y 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y determinó negar esa medida, al considerar que la misma no encuadraba en alguno de los supuestos establecidos en los citados numerales. Por consiguiente, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos o defectos. V. Manifestaciones en torno al cumplimiento. En relación con las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el sentido de que se requiera de nuevo el cumplimiento del fallo protector, en virtud de que refiere no estar de acuerdo con el mismo, toda vez que la responsable emitió la nueva determinación sin haberla fundado y motivado, afirmando que concluyó "erróneamente" que las medidas cautelares solicitadas, tienen como finalidad que la parcela objeto del litigio, se mantenga sin uso o beneficio de alguna persona y no pueda ser usada, cultivada, ni ocupada por persona alguna que le pudiera generar derecho de posesión, y que en consecuencia, no encuadra en los supuestos legales para su concesión. Tales manifestaciones no impiden declarar el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues, como se expuso en líneas precedentes, la autoridad responsable acató los efectos del fallo protector, ya que emitió la nueva resolución conforme los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, pues resolvió, con plenitud de jurisdicción, la cuestión planteada respecto a la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, con base en los ordenamientos que estimó aplicables al caso concreto; sin que resulte factible que a través de esta determinación se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados en la ejecutoria, pues de la sentencia dictada por este juzgado, así como del Tribunal Colegiado, únicamente se estableció que no existía un impedimento legal para que el Tribunal Agrario se pronunciara respecto de la procedencia de la medida cautelar solicitada. Al respecto, es ilustrativa en lo conducente, por el criterio jurídico que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." (Registro digital: 2008030. Décima Época. Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 605) VI. Vista a las partes. Dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201 fracciones I y II, de la Ley de Amparo. VII. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. En el intelecto de que, sin ulterior acuerdo una vez transcurrido el plazo a que se refiere el punto anterior, sin manifestación alguna, esta determinación se tendrá por consentida y con base en el numeral 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. VIII. Orden de depuración. De acuerdo con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración. IX. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. X. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. XI. Devolución de documentos y constancias. En tanto, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que allegó, al resultar innecesaria su retención. XII. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. XIII. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. XIV. Remisión de oficios. Se instruye al secretario y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercera interesada Ejido Cajón Verde, así como por lista a la diversa tercera interesada Consejo de Vigilancia y por oficio a la autoridad responsable. (...)
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. I. Manifestaciones. Se recibe el escrito signado por los quejosos Pedro Rodríguez Palomares, Juan Antonio Quintero Mora y Dora Alicia Cruz Salcido, en su carácter de causahabiente de Jesús Reyes Uribe Guzmán, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, agréguese en autos la promoción de cuenta para los efectos legales conducentes, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza y resérvese proveer lo conducente hasta el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista a las partes. (...)
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, trece de enero de dos mil veintitrés. Informe de autoridad. Se recibe el oficio presentado por la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 39, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. II. Vista a las partes quejosa y tercero interesada. En atención a lo anterior, córrase traslado a las partes quejosa y tercero interesada con copia del oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga. III. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
Quedan 37 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes
- Jesús Ramón Zamudio Gurrola219/2017
- Jesús Raúl Abud Fregoso227/2022
- Jesus Raul Abud Fregoso276/2022
- Jésús Raúl Pardini Campos563/2023
- Jesús Renan Gómez Partida190/2017
- Jesus Renan Gomez Partida534/2014
- Jesús Roberto Castañeda Galindo338/2023
- Jesús Rosario Osuna Quintero932/2015
- Jesús Rubén Osuna Zazueta402/2020
- Jesús Salvador Camacho Rodriguez877/2015
- Jesús Salvador Mayorquin Barrón331/2018
- Jesús Sánchez Osuna856/2016