Jesús Rey Ochoa Domínguez
Expediente 1019/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Rey Ochoa Domínguez
Actuaciones
- Principal
MESA I.- Visto el estado de autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de diciembre de este año, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 98, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido...
- Principal
MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo presentada por ***, quien se ostenta como asesor jurídico de ***, contra actos de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Uno, Sin Detenido, de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; en su atención, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1019/2021. DESECHAMIENTO En principio, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, quien ahora provee considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, sobre el que descansa la carga procesal del impetrante de amparo para agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad que se ocupa de analizar las violaciones a los derechos fundamentales de los justiciables reconocidos por la norma suprema, no así de cuestiones de legalidad, de las que se ocupan los medios impugnativos ordinarios contemplados en la ley que rige al acto; lo anterior salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el particular, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el promovente de amparo quien se ostenta como asesor jurídico del quejoso, señala como acto reclamado: El proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación ***. Así, de la lectura integral de la demanda y del anexo que la acompaña, se advierte que a través del referido auto la agente del Ministerio Público responsable no acordó favorable las peticiones que el ahí asesor del denunciante formuló en el escrito presentado a la responsable el veintitrés del mes próximo pasado, por los motivos que expuso; peticiones, que en esencia estriban en aportar medios probatorios en la indagatoria de mérito. En esa virtud, resulta pertinente traer a contexto el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra estatuye: "Artículo 258. Notificaciones y control judicialLas determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del artículo transcrito, se advierte que el código adjetivo penal, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones emitidas por el agente del Ministerio Público, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, o en su defecto por las omisiones que incurriere durante el curso de la investigación a su cargo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control, en general los actos u omisiones de los agentes del Ministerio Público, pues éstos definen el curso de la investigación; esto, ya que la autoridad jurisdiccional, en su caso, cuenta con las facultades para conminar al representante social a practicar las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados. Bajo esa óptica, el proveído que por esta vía de amparo intenta combatir el promovente, es equiparable a las determinaciones a que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por similitud en sus efectos; por tanto, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo. Máxime, que los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación en los términos previstos en la codificación en cita. En tales condiciones, es imperativo para la víctima agotar el medio de impugnación en cita, previo a la promoción del juicio de amparo biinstancial, el que en todo caso, será procedente contra la resolución que emita la autoridad judicial. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como asesor jurídico de ***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tal efecto, y como autorizada únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia a ***, por existir petición expresa en ese sentido. REPRODUCCIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite a la parte quejosa para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtenga la reproducción digital de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACION DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
MESA I. Vista la demanda de amparo presentada por ***, quien se ostenta como asesor jurídico de ***, contra actos de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Uno, Sin Detenido, de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; en su atención, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1019/2021. DESECHAMIENTO En principio, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, quien ahora provee considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, sobre el que descansa la carga procesal del impetrante de amparo para agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad que se ocupa de analizar las violaciones a los derechos fundamentales de los justiciables reconocidos por la norma suprema, no así de cuestiones de legalidad, de las que se ocupan los medios impugnativos ordinarios contemplados en la ley que rige al acto; lo anterior salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el particular, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el promovente de amparo quien se ostenta como asesor jurídico del quejoso, señala como acto reclamado: El proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación ***. Así, de la lectura integral de la demanda y del anexo que la acompaña, se advierte que a través del referido auto la agente del Ministerio Público responsable no acordó favorable las peticiones que el ahí asesor del denunciante formuló en el escrito presentado a la responsable el veintitrés del mes próximo pasado, por los motivos que expuso; peticiones, que en esencia estriban en aportar medios probatorios en la indagatoria de mérito. En esa virtud, resulta pertinente traer a contexto el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra estatuye: "Artículo 258. Notificaciones y control judicialLas determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del artículo transcrito, se advierte que el código adjetivo penal, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones emitidas por el agente del Ministerio Público, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, o en su defecto por las omisiones que incurriere durante el curso de la investigación a su cargo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control, en general los actos u omisiones de los agentes del Ministerio Público, pues éstos definen el curso de la investigación; esto, ya que la autoridad jurisdiccional, en su caso, cuenta con las facultades para conminar al representante social a practicar las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados. Bajo esa óptica, el proveído que por esta vía de amparo intenta combatir el promovente, es equiparable a las determinaciones a que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por similitud en sus efectos; por tanto, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo. Máxime, que los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplan el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación en los términos previstos en la codificación en cita. En tales condiciones, es imperativo para la víctima agotar el medio de impugnación en cita, previo a la promoción del juicio de amparo biinstancial, el que en todo caso, será procedente contra la resolución que emita la autoridad judicial. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como asesor jurídico de ***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tal efecto, y como autorizada únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia a ***, por existir petición expresa en ese sentido. REPRODUCCIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite a la parte quejosa para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtenga la reproducción digital de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACION DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales judiciales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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