Jesús Resendiz Jurado

Expediente 1528/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1528/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Jesús Resendiz Jurado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente haya recurrido el acuerdo por el que se desechó la demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. II. Se ordena archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del indicado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo. IV. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Oposición de datos personales. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.

  2. Principal

    I. No desahoga, efectivo apercibimiento. De autos se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, se previno al quejoso ********************, para que manifestará si señalaba como acto reclamado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva o, en su caso, las órdenes dadas para cerrar la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y trasladar los expedientes que ante ella se tramitaban a la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, sin que así lo hubiese realizado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, por lo que únicamente se tiene como acto impugnado el siguiente: i. La ejecución de las ordenes que recibió la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para cerrar sus oficinas y trasladar los expedientes que ante ella se tramitan a la ciudad de Torreón, Coahuila, entre ellos, el juicio laboral ********************, del que el ahora quejoso se ostenta como parte actora. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. a. Actos derivados de otros consentidos. En relación con el acto reclamado en esta vía, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El primer dispositivo mencionado estatuye la inviabilidad de la acción de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. La porción del arábigo señalado en segundo orden prevé, en lo que interesa, que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La causal de improcedencia se complementa con el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Para que se actualice la causal de actos derivados de otros consentidos, deben cumplirse diversas condiciones básicas, a saber: Que el acto origen del reclamado haya sido notificado a la parte quejosa o se haya ostentado conocedor de aquél, dado que no se puede decir que un acto es consecuencia de otro consentido si éste no se dio a conocer al disconforme de alguna forma. Que el mismo acto origen sea susceptible de combatirse mediante un recurso ordinario o en amparo, ya que para que se pueda estimar que el acto reclamado en un juicio de amparo, es consecuencia de otro anterior que fue consentido, es indispensable que éste sea susceptible de recurrirse, puesto que de lo contrario, no sería posible hablar del consentimiento del acto. Que el acto origen del reclamado en amparo cause, por sí solo, perjuicio al quejoso. Esto es así, porque no basta para sobreseer en el amparo, que una resolución o providencia sea consecuencia legal, forzosa o directa de otra resolución anterior, sino que es necesario que la primera resolución o actuación afecte los derechos o intereses del quejoso. Que los actos derivados de otros consentidos: 1) consistan en la repetición de éste, 2) sean consecuencia legal y necesaria del que se reputa como consentido; o bien 3) Se encuentren implícitos o comprendidos en él. Que su inconstitucionalidad se haga depender exclusivamente del acto de que se derivan. Es decir, el juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto que derivan. Requisitos que deben cubrirse en su totalidad a fin de que se actualice la aludida causal de improcedencia, dado que la ausencia de alguno impediría que pudiera sancionarse al peticionario de amparo con la improcedencia de la acción constitucional. En el caso, se satisfacen todas las exigencias mencionadas, debido a que: Se ostentó sabedor del acto origen del reclamado, pues manifestó que el uno de diciembre de dos mil veintidós compareció a la Junta Especial número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y le informaron que su expediente se iba a poner en una caja ya que dicha Junta se iba a trasladar a la ciudad de Torreón, Coahuila, derivado de la orden que habían recibido para cerrarla. El mismo acto de origen (orden para cerrar la junta), era susceptible de impugnarse por medio del juicio de amparo indirecto; además, al momento de recibir la demanda, por auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, se le previno para ver si era su deseo señalar como acto reclamado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva o, en su caso, las órdenes dadas para cerrar la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y trasladar los expedientes que ante ella se tramitaban a la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, sin que lo haya hecho. Que el acto origen del reclamado en amparo cause, por sí solo, perjuicio al quejoso; situación que se colma pues la orden de traslado a diversa ciudad del expediente del cual aduce ser parte el impetrante, causó afectación por sí sola, sin tener que esperarse a su ejecución. El acto aquí reclamado (ejecución del cierre de la junta) es derivado del consentido (la propia orden no señalada como impugnada), dado que resulta ser una consecuencia del decreto aludido, pues el cierre de oficinas y traslado de expedientes, deriva directamente del decreto por el que se ordenó tal situación. Que su inconstitucionalidad se haga depender exclusivamente del acto de que se derivan; en el caso también se acredita, debido a que la ejecución del cierre de la junta no se impugna por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la propia orden que ordenó su cierre. Por ello, la conclusión a la que se arriba es que al no haber impugnado por medio del juicio de amparo indirecto el decreto referido- se infiere que la ejecución en el cierre de la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y el traslado de sus expedientes- son una consecuencia directa y necesaria de otro consentido por el solicitante de amparo. En efecto, la ejecución de las ordenes que recibió la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para cerrar sus oficinas y trasladar los expedientes que ante ella se tramitan a la ciudad de Torreón, Coahuila, entre ellos, el juicio laboral ********************, del que el ahora quejoso se ostenta como parte actora, de ninguna forma tiene una naturaleza autónoma en el mundo de facto; sino que, en el caso particular, esta decisión constituye el efecto del decreto que así lo ordena. En tal virtud, es patente que el justiciable en todo caso debió señalar como acto reclamado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva o, en su caso, las órdenes dadas para cerrar la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y trasladar los expedientes que ante ella se tramitaban a la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, pues sólo de esta forma podría haber combatido la ejecución del cierre de la citada Junta y traslado de expedientes; máxime que la ejecución no se tilda de inconstitucional por vicios propios. Sostienen lo anterior, la jurisprudencia y tesis de rubro y contenido siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. "AUTORIDADES EJECUTORAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS. Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 217, de la Ley de Amparo, hace procedente desechar la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la norma en cita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    I. No desahoga, efectivo apercibimiento. De autos se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, se previno al quejoso ********************, para que manifestará si señalaba como acto reclamado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva o, en su caso, las órdenes dadas para cerrar la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y trasladar los expedientes que ante ella se tramitaban a la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, sin que así lo hubiese realizado; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, por lo que únicamente se tiene como acto impugnado el siguiente: i. La ejecución de las ordenes que recibió la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para cerrar sus oficinas y trasladar los expedientes que ante ella se tramitan a la ciudad de Torreón, Coahuila, entre ellos, el juicio laboral ********************, del que el ahora quejoso se ostenta como parte actora. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. a. Actos derivados de otros consentidos. En relación con el acto reclamado en esta vía, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El primer dispositivo mencionado estatuye la inviabilidad de la acción de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. La porción del arábigo señalado en segundo orden prevé, en lo que interesa, que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La causal de improcedencia se complementa con el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Para que se actualice la causal de actos derivados de otros consentidos, deben cumplirse diversas condiciones básicas, a saber: Que el acto origen del reclamado haya sido notificado a la parte quejosa o se haya ostentado conocedor de aquél, dado que no se puede decir que un acto es consecuencia de otro consentido si éste no se dio a conocer al disconforme de alguna forma. Que el mismo acto origen sea susceptible de combatirse mediante un recurso ordinario o en amparo, ya que para que se pueda estimar que el acto reclamado en un juicio de amparo, es consecuencia de otro anterior que fue consentido, es indispensable que éste sea susceptible de recurrirse, puesto que de lo contrario, no sería posible hablar del consentimiento del acto. Que el acto origen del reclamado en amparo cause, por sí solo, perjuicio al quejoso. Esto es así, porque no basta para sobreseer en el amparo, que una resolución o providencia sea consecuencia legal, forzosa o directa de otra resolución anterior, sino que es necesario que la primera resolución o actuación afecte los derechos o intereses del quejoso. Que los actos derivados de otros consentidos: 1) consistan en la repetición de éste, 2) sean consecuencia legal y necesaria del que se reputa como consentido; o bien 3) Se encuentren implícitos o comprendidos en él. Que su inconstitucionalidad se haga depender exclusivamente del acto de que se derivan. Es decir, el juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto que derivan. Requisitos que deben cubrirse en su totalidad a fin de que se actualice la aludida causal de improcedencia, dado que la ausencia de alguno impediría que pudiera sancionarse al peticionario de amparo con la improcedencia de la acción constitucional. En el caso, se satisfacen todas las exigencias mencionadas, debido a que: Se ostentó sabedor del acto origen del reclamado, pues manifestó que el uno de diciembre de dos mil veintidós compareció a la Junta Especial número 27 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y le informaron que su expediente se iba a poner en una caja ya que dicha Junta se iba a trasladar a la ciudad de Torreón, Coahuila, derivado de la orden que habían recibido para cerrarla. El mismo acto de origen (orden para cerrar la junta), era susceptible de impugnarse por medio del juicio de amparo indirecto; además, al momento de recibir la demanda, por auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, se le previno para ver si era su deseo señalar como acto reclamado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva o, en su caso, las órdenes dadas para cerrar la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y trasladar los expedientes que ante ella se tramitaban a la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, sin que lo haya hecho. Que el acto origen del reclamado en amparo cause, por sí solo, perjuicio al quejoso; situación que se colma pues la orden de traslado a diversa ciudad del expediente del cual aduce ser parte el impetrante, causó afectación por sí sola, sin tener que esperarse a su ejecución. El acto aquí reclamado (ejecución del cierre de la junta) es derivado del consentido (la propia orden no señalada como impugnada), dado que resulta ser una consecuencia del decreto aludido, pues el cierre de oficinas y traslado de expedientes, deriva directamente del decreto por el que se ordenó tal situación. Que su inconstitucionalidad se haga depender exclusivamente del acto de que se derivan; en el caso también se acredita, debido a que la ejecución del cierre de la junta no se impugna por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la propia orden que ordenó su cierre. Por ello, la conclusión a la que se arriba es que al no haber impugnado por medio del juicio de amparo indirecto el decreto referido- se infiere que la ejecución en el cierre de la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y el traslado de sus expedientes- son una consecuencia directa y necesaria de otro consentido por el solicitante de amparo. En efecto, la ejecución de las ordenes que recibió la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para cerrar sus oficinas y trasladar los expedientes que ante ella se tramitan a la ciudad de Torreón, Coahuila, entre ellos, el juicio laboral ********************, del que el ahora quejoso se ostenta como parte actora, de ninguna forma tiene una naturaleza autónoma en el mundo de facto; sino que, en el caso particular, esta decisión constituye el efecto del decreto que así lo ordena. En tal virtud, es patente que el justiciable en todo caso debió señalar como acto reclamado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva o, en su caso, las órdenes dadas para cerrar la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y trasladar los expedientes que ante ella se tramitaban a la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, pues sólo de esta forma podría haber combatido la ejecución del cierre de la citada Junta y traslado de expedientes; máxime que la ejecución no se tilda de inconstitucional por vicios propios. Sostienen lo anterior, la jurisprudencia y tesis de rubro y contenido siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. "AUTORIDADES EJECUTORAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS. Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 217, de la Ley de Amparo, hace procedente desechar la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la norma en cita. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, se ordenó devolver el exhorto 214/2022, orden 567/2022 al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para que nuevamente comisionara al actuario de la adscripción y realizara el emplazamiento del tercero interesada ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la represente, sin que a la fecha exista constancias de que se haya llevado a cabo dicho emplazamiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se fija como nueva fecha para su celebración a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

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