Jesús René Piura Fernández
Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús René Piura Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución mediante el cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales presentados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días naturales, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos serán destruidos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los legajos de copias certificadas que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución mediante el cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales presentados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días naturales, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos serán destruidos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los legajos de copias certificadas que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA LECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO QUE DICE Córdoba, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución mediante el cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales presentados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días naturales, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos serán destruidos. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los legajos de copias certificadas que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 83/2023, promovido por*** contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano de control constitucional advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar el quejoso contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la ley en cita, disponen*** De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita; asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otras palabras, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo. En el caso, el acto que se combate tiene su origen en un expediente civil, esto es, emana de un tribunal judicial. Luego, de no acreditar la parte quejosa tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional (dado que no puede aducirse interés legítimo), este juicio de amparo resultaría improcedente. Ahora, como se ve, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. A ese respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos*** La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado*** Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. En ese entendido, el interés jurídico surge cuando una norma jurídica específica confiere un derecho determinado a una persona sea física o moral, quien, además, por virtud de esa misma norma tiene la protección del derecho conferido frente a la actual afectación de cualquier autoridad. Ahora, basta imponerse de la relación de antecedentes del acto reclamado expuesta en el considerando inmediato anterior, para concluir que el quejoso*** es persona extraña típica al procedimiento del que aquél emana, ya que no es parte material en éste. Asimismo, de la lectura integral de la demanda de amparo es posible advertir que el peticionario de amparo acude a esta vía constitucional alegando la transgresión a la posesión que, dice, tiene respecto del terreno que comprenden los lotes*** En ese entendido, para acreditar su interés jurídico debía demostrar que efectivamente posee el inmueble con motivo de algún título sustentado en alguna figura jurídica prevista en la ley; lo que constituiría la causa generadora de su posesión. Esta última afirmación tiene sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Lo anterior implica que la parte quejosa debía acreditar no sólo que es poseedor de determinado bien, sino también que existe identidad entre el inmueble que aduce poseer y el que es objeto de afectación por virtud del acto reclamado. De lo contrario, no demostraría que su derecho subjetivo público ha sido transgredido. Así, el peticionario de amparo, para demostrar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, debió justificar dos extremos*** Sin embargo, del análisis del sumario se concluye que el inconforme no logró demostrar el primero de dichos extremos y, en consecuencia, tampoco el segundo, pues los únicos medios de prueba que ofreció, son los siguientes*** Empero, como se dijo, tales probanzas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, por lo siguiente*** En principio, la indicada en el inciso 1), consistente en el instructivo de notificación de treinta de enero de dos mil veintitrés, relativo al expediente*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, residente en esta ciudad, sólo tiene el alcance de demostrar que en la citada fecha el actuario comisionado notificó a la demandada en ese asunto, Tita Andrea Fernandez Rosas, el acuerdo de veinticinco de enero del referido año; empero, de modo alguno la titularidad del bien inmueble que el impetrante defiende. Por lo que respecta a la precisada en el inicio 2), consistente en el recibo de pago expedido por Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), tampoco resulta eficaz para acreditar el interés jurídico del quejoso, en la medida de que únicamente demuestra que en el domicilio ubicado en*** se encuentran contratados los servicios de suministro de energía eléctrica; empero, de ninguna manera constituye el título del que emane el derecho de posesión que el quejoso aduce en el presente controvertido. Por otro lado, las documentales señaladas en los incisos 3), 4), 5) y 6), también resultan ineficaces para acreditar el interés jurídico del peticionario de amparo, dado que al margen de que se trata de copias simples, lo único que podrían demostrar es que*** es titular de los derechos parcelarios de los predios ahí señalados, entre ellos, los lotes*** pero no que el inconforme ejerza sobre éstos la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo, esto es, la fundada en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Si bien en el reverso del 4) del título de propiedad número 000000307667, de once de diciembre de dos mil quince, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional, a favor de*** respecto del lote*** obra asentado "cesión de derechos" (endoso) en favor del aquí quejoso*** ello es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico del quejoso, pues tal enajenación carece de fecha cierta, por no haberse celebrado (o presentado) ante fedatario público o funcionario autorizado, haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad ni existir constancia de la muerte de alguno de sus firmantes. Corolario de lo anterior, el quejoso no acreditó su interés jurídico para controvertir el acto reclamado, porque no exhibió prueba alguna eficaz para acreditar el derecho que manifiesta le asiste, esto es, no aportó alguna prueba de la que pueda desprenderse el derecho que le fue otorgado para ejercer la posesión jurídica del inmueble en comento, y que por ello tenga la calidad de poseedor. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la tercero interesada a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por*** contra los actos reclamados del 1. Juez y 2. Notificador, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
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