Jesús Rene Gaona Ramírez

Expediente 1155/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1155/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Jesús Rene Gaona Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Fórmese expediente físico y electrónico, regístrese con el número 1155/2023 en el libro uno, relativo al registro de juicios de amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, considera que por una cuestión de turno, el presente asunto debe ser remitido a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, por los motivos y fundamentos siguientes. Del análisis realizado a la demanda de mérito, se advierte que la parte quejosa reclama la falta de notificación y baja del treinta y cinco batallón de infantería con residencia en Nuevo Casa Grandes, Estado de Chihuahua, perteneciente al Ejército y Fuerza Área Mexicano, del dieciséis de junio de dos mil ocho; a saber: "Inminentes órdenes, acuerdos y mandamientos de ejecución dictados o que pretenda girar en mi contra fuera de todo procedimiento legal pues no fui notificado en forma expresa y personalmente de mi baja del ejército y fuerza área mexicano en fecha dieciséis de junio del año dos mil ocho del treinta y cinco batallón de infantería con residencia en aquel tiempo en nuevo casa grandes chihuhua, (.).". Ahora bien, como argumento preliminar, debe indicarse que el juzgador fija su postura de incompetencia en razón de su atribución legal para conocer del asunto, cuando considera que carece de competencia para ello, por razón de territorio, grado o materia. La competencia por razón de territorio, se conceptualiza como el ámbito espacial, dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. La cuestión de competencia en razón de grado, atiende a cada cognición del litigio por un juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. La competencia en razón de materia, se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; de modo que es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo, pues debido a la creciente necesidad de especialización por parte del juzgador, la tarea judicial se reparte con base en este criterio. En ese tenor, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 57, fracción III y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De la transcripción se observa que a los jueces de distrito en materia administrativa, les corresponderá conocer de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Del precepto citado se advierte, que los jueces de distrito en materia civil conocerán de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil; contra leyes y demás disposiciones de observancia general en esa materia; de los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de la ley citada; y, de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia civil. Por otro lado, cabe tener en cuenta que por regla general, para la distribución de las competencias, tratándose de juzgados de distrito especializados por materia, debe tomarse como elemento esencial para determinar la competencia material, principalmente la naturaleza del acto que emite una autoridad. Al respecto, es importante mencionar que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, así como de las leyes que lo rigen, resulta evidente que la competencia corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Lo anterior es así, toda vez que en atención al contenido del artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes, las cuales son de naturaleza administrativa. Asimismo, la naturaleza de la relación laboral entre los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se encuentra excluida de la relación laboral, siendo esta de naturaleza meramente administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123, Aparatdo B, fracción XIII, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, es dable concluir que atendiendo expresamente al señalamiento del acto reclamado, no se desprende que este juzgador sea competente para resolver la litis planteada, puesto que como ha quedado patente en líneas que anteceden deberá realizarse un análisis normas de naturaleza meramente administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, P./J. 24/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo II, Septiembre de 1995, página 43, de rubro y texto del tenor siguiente: "POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito.". Asimismo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 23/96 sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo II, Junio de 1996, página 244, de rubro y texto del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE SAN LUIS POTOSI). De lo dispuesto por las fracciones XIII, del apartado B, del artículo 123 y V, del 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la naturaleza del vínculo jurídico existente entre los agentes de seguridad pública y el Estado, es de naturaleza administrativa y no laboral. Asimismo, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de las Autoridades de San Luis Potosí, tampoco reconoce como laboral el vínculo que une a los agentes de seguridad pública con el Estado. Por ello, resulta competente para conocer de los litigios que se generen con motivo de la prestación del servicio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, tal como lo dispone el artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa, que faculta a este órgano para conocer de las controversias de naturaleza administrativa entre las autoridades del Estado y los gobernados, sin dejar de tomar en consideración que las prestaciones demandadas no son sino una consecuencia de la acción de nulidad promovida en contra de la orden de baja del actor. Este criterio se ve fortalecido por diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, dentro de las que destacan las tesis jurisprudenciales números 24/1995 del Tribunal Pleno y 77/95 de la Segunda Sala, publicadas en el Tomo II del Semanario Judicial de la Federación (Novena Epoca), la primera en el mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página cuarenta y tres, y la segunda en el mes de diciembre siguiente, página doscientos noventa, y aunque se refiere a los policías en el Estado de México, guardan analogía con lo que acontece en San Luis Potosí y no viene sino a fortalecer el carácter administrativo de la relación que sostienen los agentes de seguridad pública con el propio Estado.". En tal virtud, el presente asunto se ubica en la hipótesis de la fracción III del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si conforme a lo dispuesto por el artículo 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil en la Ciudad de México, les corresponde conocer de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en materia de amparo, que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el presente asunto se ubica en la hipótesis de la fracción III del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, no le corresponde determinar respecto de la demanda, al no surtirse su competencia. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México declara carecer de competencia por materia para resolver el presente juicio de amparo; por lo que remítase al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocer de este asunto, para lo que a bien tenga determinar. Solicítese el acuse de recibo al órgano jurisdiccional que conozca del sumario en que se actúa. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones que así lo ameriten de manera electrónica a la parte quejosa, a través del usuario "********************". Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, de la ley de la materia, se autoriza en términos amplios a las personas que señala, en el entendido que al momento de presentar alguna promoción se constatará si tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y de no ser así, se les tendrá únicamente por autorizados para oír y recibir notificaciones. Acceso al expediente digital y notificaciones electrónicas. Como lo solicita el promovente, se le autoriza para consultar y promover vía internet, en el presente juicio de amparo con el nombre de los usuarios "********************", "********************", con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se ordena que el analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes proceda a otorgar los permisos correspondientes para la consulta del expediente electrónico en el presente asunto se realicen a través de los mencionados usuarios. Autorización para obtener imágenes. En términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los autos quedan a la vista para obtener imágenes. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Exhortación. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (acceso al expediente electrónico, notificaciones por esa vía, así como el uso de la FIREL o la e-firma); y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese por lista.

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