Jesús Raúl Méndez

Expediente 370/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
370/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Jesús Raúl Méndez
  • Licenciado Raúl Mejía Tovar Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Sub Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organiza
  • Joana Denisse Vela Flores

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, sin que se provea en relación a su contenido, en virtud de que el promovente del escrito, no es parte ni es autorizado dentro del presente asunto. Cúmplase.

  2. Principal

    Como lo solicita la quejosa, y en virtud de que ya causó ejecutoria el auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo presentada por la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, hágase la devolución de los documentos que solicita, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra del auto que desechó la demanda de amparo en el presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá destruirse en términos del artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales de diecisiete de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, acorde a lo dispuesto en el artículo 15, del citado acuerdo general, se declara que a juicio de este juzgado de Distrito, este asunto carece de valor jurídico, histórico o relevancia documental. Conforme a lo ordenado en el artículo 21 fracciones b y d del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo, y que es destruible.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Joana Denisse Vela Flores, en representación de los menores de iniciales J.R.M.V y J.R.M.V., a su vez a favor de Jesús Raúl Méndez, contra actos de la autoridad, Secretaria de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, fórmese y regístrese bajo el expediente 370/2021-VII-B. Ahora bien, en atención el análisis íntegro de la demanda, se advierte que esta es improcedente y, por tanto, debe desecharse de plano, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En tal sentido, vista la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como actos reclamados lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE LA AUTORIDAD SE RECLAMA: La inminente orden de traslado del C. Jesus Raúl Méndez, del Centro de Reinserción en el que actualmente se encuentra privado de su libertad, hacía diverso Centro Federal de Reinserción Social." Precisado lo anterior, el suscrito advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por Joana Denisse Vela Flores, en representación de los menores de iniciales J.R.M.V y J.R.M.V., a su vez a favor de Jesús Raúl Méndez, en la que reclaman a la Secretaria de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, la orden de traslado decretada en contra de Jesús Raúl Méndez, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Los preceptos mencionados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo: a) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; b) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, c) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Ahora bien, de la literalidad del artículo 6 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene reiterar, que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hacen consistir en: La orden de traslado de Jesús Raúl Méndez del centro penitenciario que actualmente se encuentra (Centro de Reinserción Social Uno, con sede en la Aquiles, Serdán, Chihuahua), a uno diverso Centro Federal. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que el referido acto reclamado, por sí solo, no causa a los promoventes un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que los legitime para solicitar la protección de la justicia federal. Por tanto, si el acto del que se duelen los promoventes no está dirigido en su contra, es inconcuso que no los causa un agravio personal y directo, ya que de ningún modo se patentiza ni involucra a los recurrentes en una situación jurídica concreta que se considere lesiva o que perjudique su esfera de derechos, pues no debe perderse de vista que el acto cuestionado únicamente incide en contra de Jesús Raúl Méndez, dado que a él es a quien se le pretende trasladar de un diverso centro de reclusión. En otras palabras, si en la especie los solicitantes del amparo reclaman la orden de traslado de Jesús Raúl Méndez, de un diverso centro penitenciario; es inconcuso que el acto reclamado, por sí solo, no les genera un agravio personal y directo, en virtud que no está dirigido en su contra ni afecta su esfera jurídica de derechos y, por tanto, no están legitimados para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la solicitante del amparo se ostente como "pareja" de la persona que refiere se encuentra recluida, toda vez que en el proemio de la demanda manifestó que acude esta instancia constitucional en su carácter de representante legal de sus menores hijos; además de que no actualiza alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 15 de la legislación en consulta, a fin de que pudiera promover el amparo a favor de Jesús Raúl Méndez, pues aun en el supuesto de que se considerara que el acto reclamado importe ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, lo cierto es que el presente juicio únicamente lo promueve en representación de sus hijos, sin argumentar que el directamente afectado Jesús Raúl Méndez, se encuentre imposibilitado para promoverlo. Esto último se afirma, dado que la condición de estar privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena que le fue impuesta, no implica que esté imposibilitado para instar al juicio de amparo por su propio derecho, o bien, por conducto de quien legalmente lo represente. De manera antagónica se invoca la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 2194, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Penal, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE TRASLADO. LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, NO DEBE DESECHARSE DE PLANO POR EL SOLO HECHO DE QUE SE PROMUEVA POR PERSONA DISTINTA AL QUEJOSO. El hecho de que el juicio de amparo sea promovido por persona distinta al directo agraviado, en nombre de éste, no conduce en todos los casos a desechar de plano la demanda bajo el argumento de que no se colma el principio de instancia de parte agraviada que rige al citado juicio, toda vez que una porción del artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que la parte a la que perjudique el acto reclamado, podrá promover el juicio "por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente" y el diverso precepto 17 de la misma legislación prevé que cuando en el juicio de control constitucional se combatan, entre otros actos, aquellos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre; de manera que si el referido juicio se insta en nombre del quejoso por otra persona contra una orden de traslado, procede tener por presentada la demanda y no desecharla de plano, porque conforme a los citados preceptos, tal orden se trata de un acto que afecta de forma indirecta la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento judicial -pues tiende a modificar las condiciones en que debe llevarse a cabo o ejecutarse la privación de la libertad en que esté el justiciable- y por encontrarse éste imposibilitado para promoverlo, con motivo de su condición de recluso en un centro penitenciario; sin que lo anterior implique que deje de regir el principio de instancia de parte agraviada, dado que si bien el quejoso no es quien en inicio solicita la protección constitucional, sino otra persona en su nombre, tal intervención sólo constituye una gestión judicial permitida expresamente en determinados casos por la ley de la materia, cuya eficacia jurídica, de acuerdo a la segunda parte del citado numeral 17, está condicionada a que el directo quejoso ratifique la demanda de amparo formulada a su favor, para que pueda seguirse el trámite del asunto y, por ende, cumplirse con el principio de instancia de parte agraviada." Lo resaltados propio de este Juzgado. Cabe puntualizar a la promovente, que respecto al acto materia de reclamo, previamente a la interposición del juicio de amparo se deben agotar los recursos que respecto del acto reclamado prevén las leyes atinentes al mismo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala. Se tiene a la promovente señalando el Usuario: MPINEDA, para oír y recibir notificaciones, así como para consultar expedientes, en tal virtud, se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realice en dicho sistema la anotación respectiva, a efecto de se proceda a los antes mencionados a realizarles las notificaciones que deriven del presente juicio. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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