Jesus Ramos Cortes
Expediente 459/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jesus Ramos Cortes
- Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Consideraciones previas. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no fue posible continuar con la prosecución del juicio, por virtud de la suspensión de funciones jurisdiccionales prevista para los períodos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, así como del diecinueve de enero, al nueve de febrero de dos mil veintiuno, ello en términos de las circulares CAP/3/2020, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021, emitidas por las autoridades correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, en las cuales se informó que durante los períodos citados los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresaban al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Último período de suspensión que fue modificado mediante circular SECNO/8/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, donde se informó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó que a partir del día uno de febrero del año en curso, se reanudaban en la totalidad las actividades jurisdiccionales para los Estados de Coahuila (Octavo Circuito) y Tlaxcala (Vigésimo Octavo Circuito), siendo aplicable para la operación de estos órganos jurisdiccionales, el ordenamiento establecido en el "Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19". En esa tesitura, conforme al citado Acuerdo General 21/2020, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo, para proveer lo concerniente a la etapa en que se encuentra, en el entendido de que, conforme a la fracción I del artículo 2º y 20, del referido Acuerdo General durante los períodos de suspensión de labores antes especificados, no corrieron términos; pero que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del auto de diez de diciembre de dos mil veinte, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Archivo del expediente. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, los documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa; es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Incidente de suspensión. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de diciembre de dos mil veinte. Se declara cumplida la sentencia. Visto el estado procesal de autos, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, de autos se advierte que mediante escrito de diecisiete de noviembre del año en curso, el quejoso **********, desahogó la vista que se le dio mediante proveído de diez de noviembre último; por tanto, se le tienen por hechas las manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las autoridades responsables con el escrito del quejoso con el que realiza diversas manifestaciones, por lo que mediante oficios CE-112020/DJ/AS-278 y CE-112020/DJ/AS-279, la Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Director Jurídico de la Contraloría del Ejecutivo, contestaron la vista formulada, realizando diversas manifestaciones. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional se pronuncia respecto a ello, dado que las ejecutorias de amparo son de orden público. En primer término, debe decirse que el quejoso **********, promovió juicio de amparo contra actos de las autoridades responsables referidas, que lo hizo consistir en la siguiente: RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número P.R.A. 09/2018/DJ/DRA, que se siguió en su contra como Auditor adscrito al Departamento de Control y Auditoría de la Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; y su ejecución. Considerando que le eran violadas sus garantías individuales consagradas en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal. El Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, mediante resolución de quince de noviembre de dos mil diecinueve, sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia al quejoso en el presente juicio de amparo. Inconforme con la misma, la autoridad responsable Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, y resolver al Primero Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el cual mediante ejecutoria de catorce de agosto de dos mil veinte, resolvió: "(.) PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta sentencia. TERCERO. Para los efectos precisados en el último de los considerandos de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto reclamado del Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, emitida dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 09/2018/DJ/DRA. (.)" Ahora bien, en la ejecutoria mencionada se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada de veintinueve de abril de dos mil diecinueve; Dicte una nueva en la que prescinda de las pruebas desahogadas en el procedimiento administrativo de origen; y, Resuelva lo que a derecho proceda. Cumplimiento a la ejecutoria. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requirió a la autoridad responsable, cumpliera con la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable, Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante oficio CE-112020/DJ/AS-253 de cinco de noviembre del año en curso, dio cumplimento con la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: "(.) Ordena dejar insubsistente la resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de **********, y en su lugar emitir una nueva resolución dejando de considerar las pruebas recabadas por parte de esta autoridad administrativa una vez radicado el procedimiento disciplinario en que se actúa (.)". En cumplimiento a lo anterior, el Contralor mencionado, acreditó que dictó resolución el cinco de noviembre de dos mil veinte, en la que en conducente consideró lo siguiente: "(.) III. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS. Ahora bien, para estar en condiciones de realizar una apreciación adecuada del asunto planteado, es necesario analizar todos y cada uno de los elementos de convicción aportados por el quejoso, los recabados por esta autoridad administrativa y los que fueron hechos valer por parte del presunto infractor **********, a efecto de estar en condiciones de determinar la existencia de la causa de responsabilidad administrativa que se le atribuye. En este tenor, se obtienen los siguientes medios de prueba: 1.- Tarjeta número T-99 de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, suscrita por la Licenciada María de Lourdes Teomitzi Solís, Directora de Modernización de la Administración Pública y Participación Social de esta Contraloría del Ejecutivo, mediante la cual remitió la queja con número de folio 2018/2018, presentada por el ciudadano Cuauhtémoc Romero Germán, en contra del servidor público **********, Auditor adscrito al Departamento de Control y Auditoria de la Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de esta Contraloría del Ejecutivo, que textualmente establece lo siguiente: (se transcribe)". .2. Impresiones de las capturas de pantalla de los mensajes de texto exhibidas por el ciudadano Cuauhtémoc Romero Germán, las cuales obran a fojas de la siete a la diecisiete, mismas que se tienen a la vista en este momento.. .3. Escrito de contestación del presunto infractor ********** de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. .4. Pruebas que ofreció el presunto infractor **********, para acreditar sus afirmaciones: Instrumental pública de actuaciones. Presuncional legal y humana. Testimonial Bajo dichas premisas este Órgano Estatal de Control se encuentra en la circunstancia de poder emitir la siguiente: IV. DETERMINACIÓN.- Una vez analizados los medios de prueba que obran en el presente legajo, se advierte dos elementos a saber: el primero de ellos la existencia de la falta administrativa, ahora bien, como lo señala el segundo de los considerandos, la conducta atribuida al presunto infractor es a) haber solicitado la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) al ciudadano **********, con la promesa de no incluir en el informe de resultados de la auditoría número AIC/17-12 una observación que se detectó en contra del quejoso consistente en que desempeñaba dos empleos, cargos o comisiones en el servicio público y b) ventiló documentación oficial relacionada con el informe de resultados de la auditoría número AIC/17-13 practicada a la Escuela Normal Rural "Licenciado Benito Juárez", ahora bien, con los medios de prueba que han sido valorados con anterioridad se comprueba la existencia de la falta administrativa por las siguientes consideraciones: (se transcribe). Ahora bien, para señalar el segundo de los elementos a analizar consistente en la responsabilidad de las faltas administrativas, se indica de los medios de prueba que: Existe el señalamiento del quejoso **********, en contra del presunto infractor como el servidor público que le informó que como resultado de las auditorías con número AIC/17-12 practicada al Instituto del Deporte de Tlaxcala y AIC/17-13 practicada a la Escuela Normal Rural "Licenciado Benito Juárez", existía una observación, que señalaba que el quejoso estaba laborando en dos lugares,.. Se tiene por acreditado que el presunto infractor Jesús Ramos Cortés, coordinó la auditoría número AIC/17/13 practicada a la Escuela Normal Rural "Licenciado Benito Juárez", conforme a su aceptación expresa y tácita a través del escrito de contestación por el cual ofreció los medios probatorios que estimó pertinentes,.. Se comprueba el dicho del quejoso al señalar que el presunto infractor le solicitó dinero, esto en razón de que no existe prueba que demuestre lo contrario, además de que el quejoso en sus argumentos invoca hechos que eran del dominio del presunto infractor,.. Se comprueba la divulgación de la información con las capturas de pantalla de una conversación vía whats app, así como las testimoniales ofrecidas por parte del presunto infractor,. De los argumentos vertidos, así como los medios de prueba transcritos y valorados con antelación, este órgano estatal de control llegó a la conclusión de que se cuentan con los elementos suficientes para determinar que existe responsabilidad administrativa en contra del presunto infractor **********, por haber dejado de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, certeza, veracidad y eficacia, al incumplir con sus obligaciones estipuladas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, (.)". Se declara cumplido el fallo protector. En consecuencia, es evidente que la mencionada autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, pues demostró que dejó insubsistente la resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de **********, y en su lugar emitió una nueva resolución de fecha cinco de noviembre del año en curso, en la que dejó de considerar las pruebas recabadas por parte de dicha autoridad administrativa una vez radicado el procedimiento disciplinario; lo que demuestra que se colmó los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de las resoluciones dictadas en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Tal circunstancia, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Por otro lado, el quejoso al desahogar la vista del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, manifestó sustancialmente que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida por lo siguiente: a) Porque volvió a tomar en cuenta los mismos medios de prueba que tomó en cuenta en la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. b) Porque realizó una indebida valoración a los medios de prueba desahogados. c) Que no se le puede atribuir una responsabilidad administrativa, porque los códigos de ética, tanto a nivel local o federal no contienen normas jurídicas coercibles y obligatorias. Contrario a lo manifestado por el propio quejoso, la ejecutoria de amparo sí se encuentra cumplida; pues en primer lugar, de la lectura de la misma, se advierte que la autoridad responsable, ya no tomó en consideración las pruebas que recabó y desahogó dicha autoridad con posterioridad al haber iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa, sino que se tomaron en consideración las pruebas que exhibió el denunciante de la queja y las pruebas que el hoy quejoso ofreció; de ahí que la ejecutoria de amparo se encuentre cumplida. Sin que la suscrita pueda analizar si la autoridad responsable al cumplir con la ejecutoria de amparo, valoró correctamente o no los medios de convicción admitidos y desahogados, ya que ese no fue el efecto de la concesión del juicio de amparo; y tampoco puede pronunciarse respecto a si los códigos de ética, tanto a nivel local o federal contienen o no normas jurídicas coercibles y obligatorias, pues se insiste, la concesión del amparo fue para que no se tomaran en consideración las pruebas que de oficio ordenó recabar y desahogar la autoridad responsable en el procedimiento administrativo de origen; aunado a que se dejó de libertad de jurisdicción para que resolviera conforme a derecho procediera. Consecuentemente, se insiste la ejecutoria de amparo ya se encuentra cumplida; pues en su caso, sin conceder, podría estarse en una indebida valoración de pruebas, e indebida fundamentación y motivación de la resolución, que no puede ser motivo de análisis en el presente cumplimiento. Por otra parte, por cuanto solicita el quejoso que de oficio se abra incidente de liquidación a efecto de que le sean pagados los emolumentos que ha dejado de percibir durante el tiempo que ha estado vigente la suspensión temporal decretada en su contra; dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad, en atención a los efectos precisados en la ejecutoria de amparo; aunado a que se le determinó responsabilidad administrativa y fue sancionado con una amonestación y además no se resolvió el fondo del asunto. Finalmente, agréguese el escrito del quejoso **********, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo ordenado en el presente proveído; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso; al Agente del Ministerio Público adscrito vía electrónica y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veinte. Se da vista cumplimiento de autoridad. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta, suscritos por el Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y del Director Jurídico de la Contraloría del Ejecutivo; atento a su contenido, se le tiene realizando diversas manifestaciones respecto a la vista que se les hizo por auto de diecinueve de noviembre del año en curso; en tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal federal, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, a fojas 243, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso ********************; atento a su contenido, téngasele desahogando la vista que se le formuló en proveído de diez de noviembre del año en curso, en el que formula diversas manifestaciones; ahora bien, y previo a que este Órgano Jurisdiccional se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria en el presente juicio de amparo, dése vista con copia simple del escrito de cuenta a las autoridades responsables Contralor del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y del Director Jurídico de la Contraloría del Ejecutivo, para que dentro del término de tres días, siguientes al de su legal notificación, manifiesten lo que a sus intereses convenga; una vez transcurrido dicho término este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se pronunciará conforme a derecho proceda. Notifíquese.
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