Jesús Ramón Zamora Jauregui
Expediente 580/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Ramón Zamora Jauregui
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, diez de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada [acuerdo aclarado en proveído de veintitrés de noviembre siguiente] la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
DEMANDA Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Ramón Zamora Jauregui; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 580/2021. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de cuenta, se advierte que el quejoso en su acto de pedir señala: El día 27 de 12 de 2020 fecha en que su servidor fue trasladado del Centro Penal Federal del Estado de Ciudad Juárez Chihuahua a este Centro. Señoría desde esa fecha su servidor a estado manifestándose de manera respetuosa y con las peticiones que nos son proporcionadas cada 15 días para que me de la información necesaria para poder tramitar un beneficio y el pago de la multa pero a la fecha del día de hoy no me dan respuesta es por eso que acudo ante usted señoría para que me apoye y me haga posible obtener los datos necesarios como son número de causa cómputo y partida jurídica, lugar donde su servidor pueda pagar la multa y de ser posible señoría como obtener un defensor de oficio para dichos tramites. Su señoría no solo voy a creer en las leyes de nuestro país sino también fiel y firmemente en su visión humana y los principios que la llevaron por esta senda de administración autoridad y equidad. En mérito a lo anterior, es evidente que en la especie no se está en ninguno de los supuestos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo cual, se provee en cuanto al fondo de la demanda de cuenta, en el término de veinticuatro horas hábiles siguientes al en que fue recibido el citado libelo constitucional. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a la promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Igualmente, el artículo 108 de la Ley de Amparo, establece el contenido que debe reunir la demanda de amparo: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y Los conceptos de violación". Así, de la lectura integral del escrito que se provee, se advierte que el mismo carece de los requisitos esenciales para formular la demanda de amparo, toda vez que el promovente omitió manifestar la autoridad o autoridades responsables, el acto u omisión que de cada autoridad reclame, la fecha de conocimiento de los actos reclamados, e indique bajo protesta de decir verdad los hechos que constituyan los antecedentes del acto reclamado, según lo exige el numeral 108, fracciones III, IV y V, así como 114, fracción I y II ambos de la Ley de Amparo. Además, del escrito de demanda no se advierte que el quejoso manifieste ni acredite con documental alguna las ocasiones en las cuales ha realizado sus diversas peticiones ante las autoridades responsables, en el sentido de que ha estado manifestándose de manera respetuosa con peticiones para que se le proporcione información que dice necesitar para tramitar un beneficio; asimismo, tampoco refiere si las mismas las ha realizado de manera escrita o de forma verbal; lo anterior, a fin de que por una parte, las autoridades señaladas como responsables estén en aptitud de rendir sus informes justificados, se fije la litis de manera clara y se satisfagan los requisitos que impone la Ley de Amparo. Asentado lo anterior, resulta factible imponer la siguiente: PREVENCIÓN Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III IV y V, así como 114, fracción I y II ambos de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que al momento de la notificación o dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: PRIMERO. Manifieste ante el actuario, la autoridad o autoridades responsables. SEGUNDO. Manifieste en concreto cuales son los actos reclamados, así como la fecha de conocimiento de cada uno de ellos. TERCERO. Manifieste las ocasiones en las cuales ha realizado sus diversas peticiones ante las autoridades responsables, y en su caso, deberá precisar si dichas peticiones las ha realizado en forma escrita y/o verbal, de ser así, deberá exhibir los documentos que tenga a su alcance, tales como los acuses de recibido de sus escritos, con los cuales acredite su manifestación, o bien, indique el impedimento que tenga para ello. CUARTO. Bajo protesta de decir verdad, manifieste los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior, a fin de que este Juzgado Federal pueda identificar plenamente el acto reclamado y pronunciarse respecto de la demanda de amparo y se satisfaga el requisito que impone el artículo 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo requerido en el momento de la notificación, o dentro del término otorgado, se acordara lo procedente respecto a su escrito de demanda, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 114, en relación con su fracción II, de la ley de Amparo, se tendrá por no presentada la misma. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Consecuentemente, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán" y notifique el contenido del presente auto al quejoso Jesús Ramón Zamora Jaureguí. Asimismo, lo requiera para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombre a un abogado que lo represente, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional le designará uno de oficio; de igual forma, lo requiera para que en el mismo término indique si se encuentra privado de su libertad por delito federal o bien, por la comisión de un delito de fuero estatal. Esto último tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente: Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto de los quejosos como del funcionario que le notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo al quejoso, absteniéndose de recabar la firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.
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