Jesús Ramón Sarabia Lafarga
Expediente 1060/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Ramón Sarabia Lafarga
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó fuera de audiencia y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General el presente expediente es susceptible de destrucción. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.
- Principal
DESIGNACIÓN DE JUEZA DE DISTRITO Vista la certificación que antecede de la que se desprende que en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la designación de la Jueza Paula Liliana Cháirez Parra, como Titular de este Juzgado, en lugar de la ahora Magistrada Abigaíl Cháidez Madrigal, con efecto a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, según consta en el oficio SEADS/695/2022, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para el efecto de que manifiesten lo que a su derecho corresponda, respecto de las causas de impedimento que pudieran hacerse valer, en términos del artículo 51 de la Ley de Amparo. Al respecto se cita, la tesis 2a./J. 104/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, visible en la página 312, registro: 164217, que a la letra dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, agréguese a los autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado rendido por el Síndico Procurador del Municipio de Elota, Sinaloa, en representación de las autoridades responsables: - Presidenta Municipal de Elota, Sinaloa; - Cabildo del Ayuntamiento de Elota, Sinaloa; y, - Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa. Asimismo, se tienen por designados como delegados, a los profesionistas que indica, conforme lo dispone el artículo 9 de la Ley de Amparo y señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa para tal efecto. En primer orden, es necesario atender el planteamiento que formulan las autoridades responsables en el sentido de que, este juzgado carece de competencia para conocer de este asunto, en tanto que el inconforme tiene su domicilio en Elota, Sinaloa, por lo que la competencia se surte en favor del Juez de Distrito con jurisdicción en Mazatlán, Sinaloa. Al respecto; el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de ahí que si la omisión de las autoridades de contestar el escrito de petición formulado por el quejoso constituye un acto negativo carente de ejecución material, dado que la única intención de su impugnación es obtener la respuesta respectiva. Entonces la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Y, considerando que el quejoso presentó su demanda en esta localidad, es válido afirmar que este Juzgado es competente para conocer de la demanda. Acotado lo anterior, del análisis de las constancias que se adjuntaron al informe justificado de cuenta, a las que se les concede valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; se advierte que en el sumario en que se actúa sobreviene la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, dado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto reclamado no existía, como se evidenciará a continuación. Al respecto, la causa de sobreseimiento a que se refiere la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, indica: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...]". De lo anterior, tenemos que procede el sobreseimiento en el juicio cuando de autos no se apreciare claramente demostrado el acto reclamado, o cuando el quejoso no probare su existencia. En la especie, la parte quejosa impugna de las autoridades responsables: - La omisión de dar contestación a la petición formulada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, presentada ante las autoridades responsables el dos de septiembre del año en curso. Ahora, del contenido de las constancias allegadas por las autoridades responsables, se advierte: Por oficio de cinco de septiembre de dos mil veintidós, el Síndico Procurador del Municipio de Elota, Sinaloa, en representación de las autoridades señaladas como responsables, dio contestación a la solicitud elevada por el aquí quejoso, presentada ante ésas entidades el dos de septiembre de esta anualidad; oficio que le fue notificado al promovente el cinco de septiembre de este año. Lo anterior, evidencia que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (seis de octubre de dos mil veintidós), la responsable ya había dado contestación a la solicitud aquí reclamada. Ello significa que a la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo atribuido a las autoridades responsables es inexistente. Al respecto se cita la tesis emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que indica: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." De igual manera, se invoca la diversa tesis que indica: "SOBRESEIMIENTO EN UN JUICIO ADMINISTRATIVO, DECRETADO FUERA DE LA AUDIENCIA DE JUICIO. DEBE SER EVIDENTE LA CAUSA DE. Conforme al artículo 69 de la Ley de Justicia Administrativa, una vez contestada la demanda, el tribunal del conocimiento sólo estará en aptitud de dar por concluido el juicio, cuando al examinar las constancias de autos, advierta alguna causa evidente de sobreseimiento, lo cual implica que el motivo debe ser tan claro, que emerja sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, pero además que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba, pues como los medios de convicción deben rendirse en la audiencia de juicio en la que es factible acreditar la inexistencia del motivo de sobreseimiento por medio de las probanzas a rendir en la diligencia de mérito, se dejará al promovente en estado de indefensión al impedirle allegar al juzgador los elementos de convicción que justificarán el ejercicio de su acción. De esa manera, no sería correcto sobreseer en un juicio contencioso, con apoyo en la circunstancia de que la demandada hubiese negado el acto reclamado, pues ello puede desvirtuarse durante el procedimiento mediante probanzas que pudieran rendir los demandantes en la audiencia de juicio". Y, la diversa jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No pasa inadvertido para este juzgado, la existencia de la tesis de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO PROCEDE DECRETARLO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO RECLAMADO, PUES HACERLO PRIVA AL QUEJOSO DE LA OPORTUNIDAD DE DESVIRTUAR DICHA NEGATIVA"; empero, en el caso concreto la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada para concluir lo contrario. Es decir, el motivo de sobreseimiento es notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba puede desvirtuarse, por lo que resultaría ocioso esperar a la celebración de la audiencia constitucional. En tales condiciones, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción IV, del propio ordenamiento legal. Bajo ese contexto; se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que a la hora antes señalada no obra en autos los informes justificados de las autoridades responsables Así como tampoco la constancia de notificación de los oficios, en el que se le solicitó dicho informe. En consecuencia, para dar oportunidad a la recepción del informe justificado por parte de las referidas autoridades responsables, se difiere la audiencia incidental programada para el día de hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo
- Principal
Se admite la demanda de amparo; Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa.
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