Jesús Ramón Núñez Angulo
Expediente 30/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 19/04/2018
Partes del expediente
- Jesús Ramón Núñez Angulo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que el amparista (quien es el único interesado en hacerlo), no recurrió la sentencia de ocho de septiembre pasado, mediante la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que se estima ocioso continuar en espera de los acuses de recibo de los oficios girados para notificar la resolución de referencia a las autoridades responsables foráneas; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el once de abril de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo enviado por el Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, devuélvase a su lugar de origen; solicítese a la citada autoridad el acuse respectivo.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 30/2017, promovido por Jesús Ramón Núñez Angulo, contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, que por razón de turno correspondió al Juzgado Primero de Distrito, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y estimó que se violan sus derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 14, 15, 16, 18 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Ese día se admitió la demanda bajo el orden 655/2016; se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención legal al representante social de la Federación adscrito al referido juzgado; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. Por acuerdos de diecinueve y veintiséis de agosto del referido año, se tuvo por ampliada la demanda que planteó el justiciable, y se requirió el respectivo informe de ley a las autoridades que precisó. Llegada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se llevó a cabo el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, declarándose el juez de referencia legalmente incompetente para conocer de dicho asunto por razón de territorio. V. El seis de enero de este año, se recibió el expediente mencionado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado, el cual se registró con el orden 30/2017 y se aceptó la competencia declinada; y dado que la audiencia constitucional se llevó a cabo en sus dos primeras etapas, esto es, probatoria y de alegatos, únicamente se procedió a dictar la sentencia correspondiente. VI. Mediante oficio recibido en este juzgado el catorce de febrero siguiente el juez responsable remitió diversas constancias relativas al expediente de extradición, que se tomaron en consideración al resolver el presente asunto en esa fecha. VII. Contra la anterior determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, revocando la resolución puesta a su consideración y ordenó reponer el procedimiento a efecto de que este juzgado notificara personalmente a la parte quejosa la imposibilidad de emplazar a la autoridad que se señaló en la demanda como "Secretario de Seguridad Pública Federal de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Gobernación", además, se requiriera nuevamente los informes de ley al Secretario de Marina y Director General de Ejecución de Sanciones de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que se pronunciaran en cuanto a la totalidad de los actos reclamados por el justiciable. VIII. Por auto de diecisiete de julio de este año se dio cumplimiento a lo anterior y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al numeral 74, fracción I, de la ley de la materia y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran el expediente, se precisa que los actos reclamados son: a) La ejecución de la orden de extradición, reclamada de: 1. Secretaría de Relaciones Exteriores; 2. Procurador; 3. Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, los dos anteriores de la Procuraduría General de la República; 4. Delegado de Procuraduría General de la República en Culiacán, Sinaloa. b) La orden de traslado, reclamada de: 5. Director General de Ejecución de Sanciones de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad; 6. Secretario de Seguridad Pública Federal dependiente de la Secretaría de Gobernación; 7. Director General del Centro Federal número 8, en Guasave; 8. Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial -denominación correcta-; 9. Director de la Policía Ministerial; 10. Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Guasave; 11. Secretario de Seguridad Pública en Culiacán; 12. Director de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública en Culiacán, los seis anteriores del Estado de Sinaloa; 13. Comandante de la Novena Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; 14. Secretario de Marina -denominación correcta-; 15. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. c) La orden de detención provisional con fines de extradición internacional girada contra el quejoso -expediente 23/2015-D-, reclamada del: 16. Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad. TERCERO. La autoridad precisada en el punto 6, no existe con tal denominación, según se advierte del sobre que obra en autos; por tanto, no puede existir el acto que se le reclama. No son ciertos los actos precisados en los incisos a) y b), reclamados de las autoridades responsables señaladas en los puntos del 1 a 5 y 7 a 15, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna que desvirtuara esas negativas. En tal virtud, debido a la inexistencia de la citada autoridad y de los actos reclamados de las restantes responsables mencionadas, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Es cierto el acto precisado en el inciso c), reclamado del Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a ese comunicado relativas al expediente 23/2015-D, de la que se advierte la determinación reclamada; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado de la autoridad mencionada, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia. Para sustentar lo anterior, es necesario relatar los siguientes antecedentes: 1. La autoridad responsable por resolución de diecisiete de diciembre de dos mil quince, libró contra el quejoso la orden de detención provisional con fines de extradición internacional en el expediente 23/2015-D. 2. Mediante oficio recibido en este órgano de control constitucional el catorce de febrero de este año, la autoridad judicial responsable adjuntó copia certificada de la diversa determinación de siete de octubre de dos mil dieciséis, en que se advierte que el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, formuló petición formal de extradición del quejoso, a solicitud del Gobierno de Estados Unidos de América. 3. En la fecha mencionada en último término, la autoridad responsable determinó lo siguiente: ".Así, considerando que la petición formal de extradición internacional fue presentada dentro del término de sesenta días, señalado en auto de trece de agosto de dos mil dieciséis, a fin de continuar con el procedimiento de extradición instaurado contra Jesús Ramón Núñez Angulo (a) 'Panales', (a) 'Panalez', (a) 'R7', (a) 'R7PNI', con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Extradición Internacional, dicho extraditado deberá continuar en detención preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho, 'Nor Poniente', en la ciudad de Guasave, Sinaloa, a disposición de este Juzgado para los fines a que se refiere dicho procedimiento de extradición que se le atribuye.". De lo anterior, se observa que la autoridad judicial responsable al haber recibido la petición formal de extradición, continuó con el procedimiento de extradición instaurado contra el amparista, por lo que es evidente que se decretó la detención formal con fines de extradición internacional del justiciable en el referido expediente, más aún de que hizo del conocimiento del quejoso de que contaba con tres días para oponer las excepciones previstas en el precepto 25 de la Ley de Extradición Internacional, lo cual realizó en diligencia de quince de octubre de dos mil dieciséis. En tales condiciones, al haberse decretado contra el quejoso la detención formal con fines de extradición, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la ley de la materia, al sobrevenir un cambio de situación jurídica por cuanto a la libertad personal del peticionario de amparo; y por ende, con fundamento en el numeral 63, fracción V de la ley en cita es procedente sobreseer en el juicio, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, del tenor literal siguiente: "EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL TRÁMITE DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL QUEDAN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CUANDO EL JUEZ DECRETA LA DETENCIÓN FORMAL DEL RECLAMADO, POR LO QUE NO PUEDEN SER MATERIA DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN FINAL. Conforme a la tesis P. XXXVI/2004 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, página 11, la detención provisional con fines de extradición constituye una medida precautoria que si bien forma parte del trámite de extradición, no da inicio formal al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, dado que éste comienza cuando se presenta la petición formal con los requisitos establecidos en el tratado internacional y en la ley de la materia. En congruencia con el criterio expuesto, se concluye que las violaciones cometidas en aquella fase autónoma, así como las normas que constituyan el fundamento de los actos realizados en ella, ya no pueden examinarse en la vía constitucional intentada contra la resolución final de ese procedimiento, por no poder decidirse sobre aquéllas sin afectar la nueva situación jurídica del reclamado, actualizándose la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo". Por último, únicamente glósese al cuaderno principal el cuadernillo relacionado con el presente expediente. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Ramón Núñez Angulo, contra los siguientes actos: a) La ejecución de la orden de extradición, reclamada de: 1. Secretaría de Relaciones Exteriores; 2. Procurador; 3. Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, los dos anteriores de la Procuraduría General de la República; 4. Delegado de Procuraduría General de la República en Culiacán, Sinaloa. b) La orden de traslado, reclamada de: 5. Director General de Ejecución de Sanciones de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad; 6. Secretario de Seguridad Pública Federal dependiente de la Secretaría de Gobernación; 7. Director General del Centro Federal número 8, en Guasave; 8. Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial -denominación correcta-; 9. Director de la Policía Ministerial; 10. Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Guasave; 11. Secretario de Seguridad Pública en Culiacán; 12. Director de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública en Culiacán, los seis anteriores del Estado de Sinaloa; 13. Comandante de la Novena Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; 14. Secretario de Marina -denominación correcta-; 15. Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. c) La orden de detención provisional con fines de extradición internacional girada contra el quejoso -expediente 23/2015-D-, reclamada del: 16. Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad.
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