Jesus Ramon Martinez del Angel
Expediente 1384/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jesus Ramon Martinez del Angel
Actuaciones
- Incidental
Visto lo de cuenta y como está ordenado en el acuerdo de esta fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 1384/2019-II-A, promovido por Jesús Ramón Martínez del Ángel, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 138, fracción III, 139, 140 y 142 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado este incidente de suspensión solicitado. INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 142 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguiente al en que reciban la notificación de este proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Apercibidas que de omitir rendir sus informes en ese plazo, con fundamento en el artículo 260, fracción I, del citado texto normativo, se les impondrá multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que para tal fin deban cubrirse. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia incidental. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Enseguida se provee respecto de la suspensión provisional que se solicita: EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO A LA ORDEN DE APREHENSIÓN O CUALQUIER ACTO PRIVATIVO DE LA LIBERTAD ATRIBUIDA A LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL TRADICIONAL De conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 166 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a la parte quejosa la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado, consistente en la ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O CUALQUIER OTRO ACTO PRIVATIVO DE LA LIBERTAD, dictada en su contra, para el efecto de que el quejoso no sea privado o afectado en su libertad personal, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Ahora, si el delito por el cual se libró la orden de aprehensión y/o cualquier otro acto privativo de libertad reclamada, es de los señalados como graves por la legislación correspondiente, esto es, que el delito no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión que se concede sólo producirá el efecto de que una vez que la parte quejosa sea aprehendida quede a disposición de este juzgado de Distrito, en cuanto a su libertad personal, quedando a disposición del juez de la causa por lo que respecta a la continuación del procedimiento respectivo, en términos del artículo 166 Ley de Amparo vigente. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone a la parte quejosa la obligación de comparecer dentro de un plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído donde se dé a conocer el informe del Juez responsable que acepte haber emitido la orden privativa de libertad combatida, a efecto de que se le instruya el o los procesos correspondientes y le sea tomada su respectiva declaración preparatoria; circunstancia que deberá acreditar mediante la constancia correspondiente que deberán exhibir en el mismo término. Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA." El cumplimiento de la obligación impuesta deberá demostrarlo ante este órgano jurisdiccional con las constancias respectivas, dentro de igual término (tres días), pues de no hacerlo, se dejará sin efecto la medida cautelar concedida y en consecuencia, expedita la facultad de las responsables para que procedan a la ejecución de la orden privativa de libertad reclamada, y se hará efectiva la caución en favor del erario federal; lo anterior, sin perjuicio que, con vista de las constancias que envíe la responsable, la medida cautelar concedida pueda modificarse, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139, de la Ley de Amparo. Por otra parte, la medida decretada no surtirá efectos si la orden de aprehensión dictada en la causa penal respectiva, haya sido materia de un diverso juicio de amparo en que se haya negado la protección constitucional solicitada, si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito, si la orden es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda o si deriva de actos diversos a los reclamados por el disconforme, o si el acto reclamado procede de autoridades distintas por las señalas como responsables. En otro orden, con el objeto de estar en aptitud legal de revocar o modificar, en su caso, esta medida cautelar, o bien, con la finalidad de contar con datos suficientes para pronunciarse respecto de tales aspectos en la suspensión definitiva, que en su momento se llegue a dictar en el presente asunto, solicítese a los Jueces responsables para el efecto de que al rendir su respectivo informe previo, con fundamento en el artículo 140, de la Ley de Amparo vigente, informe los siguientes datos: a) la época en que se cometió el delito o delitos por los cuales libró la orden privativa de libertad que constituye el acto reclamado; b) precisen con exactitud el artículo, fracción, inciso y párrafo, en que se encuentre previsto y sancionado el delito o delitos por los cuales haya obsequiado dicho mandamiento de captura; c) la fecha en que se libró la orden de aprehensión y/o reaprehensión; d) los salarios que los inculpados hubieren manifestado percibir ante el órgano ministerial consignante, si es que declararon ante él; y e) si de lo actuado se desprenden motivos o circunstancias que permitan posibilitar que la parte quejosa se sustraiga de la acción de la justicia. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO A LA ORDEN DE DETENCIÓN, PRESENTACIÓN, LOCALIZACIÓN Y/O CUALQUIER OTRO ACTO PRIVATIVO DE LA LIBERTAD ATRIBUIDOS A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL SISTEMA TRADICIONAL De igual manera, se concede al quejoso la suspensión provisional respecto a la emisión de alguna orden de presentación, localización y/o cualquier otro acto privativo de la libertad girado en contra del quejoso, toda vez que aunque dicha orden no es un requisito indispensable para integrar una averiguación previa, se advierte que pudiera consumarse irreparablemente un daño o perjuicio si no se suspende el acto que reclama, por ello, es procedente su concesión para el efecto de que el quejoso pueda desahogar las diligencias dentro de la averiguación correspondiente, hasta antes del ejercicio de la acción penal, que es la resolución firme de esa etapa. Lo anterior, se establece así acorde con lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a.), de título: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA." EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN TORNO A LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LOS FISCALES RESPONSABLES Y UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL Por cuanto hace al acto reclamado que el quejoso hace consistir en la emisión de alguna orden de detención y/o cualquier acto privativo de libertad, emitido por el ministerio público o fiscal del procedimiento penal acusatorio adscrito a la unidad de investigación, o bien, si se trata de una medida cautelar emitida por delitos que conforme a la legislación penal aplicable no impliquen prisión preventiva oficiosa, toda vez que se actualizan los tres requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 163, 166, 167 y 168 de Ley de Amparo, para el efecto de que el quejoso no sea detenido, y quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de las autoridades responsables para la continuación del procedimiento. Si se trata de orden de detención o medida cautelar que implique privación de la libertad dictadas por autoridad competente por delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, se concede la suspensión provisional para el sólo efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en el que se encuentre recluido, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Por otra parte, de conformidad con el numeral 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, en el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la precitada ley, es decir, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. En otro orden, con el objeto de estar en aptitud legal de revocar o modificar, en su caso, esta medida cautelar, o bien, con la finalidad de contar con datos suficientes para pronunciarse respecto de tales aspectos en la suspensión definitiva, que en su momento se llegue a dictar en el presente asunto, solicítese a las responsables para el efecto de que al rendir su respectivo informe previo, con fundamento en el artículo 140, de la Ley de Amparo vigente, comuniquen los siguientes datos: a) la época en que se cometió el delito o delitos por los cuales libró la orden privativa de la libertad, que constituye el acto reclamado o cuando se efectúo la detención; b) precisen con exactitud el artículo, fracción, inciso y párrafo, en que se encuentre previsto y sancionado el delito o delitos por los cuales haya obsequiado dicho mandamiento de captura; c) la fecha en que se libró la orden privativa de la libertad; d) el salario que la parte inculpada hubiere manifestado percibir ante el órgano ministerial consignante, si es que declaró ante él; y e) si de lo actuado se desprenden motivos o circunstancias que permitan posibilitar que la parte aquí quejosa se sustraiga de la acción de la justicia. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN ATRIBUIDA A LA SALA RESPONSABLE Ahora bien, dado que el quejoso señala como autoridad responsable a la Sala Regional Zona Sur del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, y toda vez que la citada tiene competencia para conocer de asuntos del sistema tradicional, así como de aquellos tramitados conforme al nuevo sistema de justicia penal; con fundamento en los artículos 162, 166 y 168 de la Ley de Amparo vigente, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para los siguientes efectos: - No sea privado o afectado en su libertad personal. - Deberá quedar a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal. - De igual forma, el impetrante deberá quedar a disposición del juez encargado de instruir el procedimiento penal correspondiente, para la continuación del procedimiento iniciado en su contra y pueda ser devuelto a dicha autoridad judicial en caso de que no obtenga la protección constitucional. Sin que lo anterior sea obstáculo para que a solicitud del Fiscal, de la víctima u ofendido, el Juez de Control que corresponda, pueda imponer al aquí quejoso una o varias de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con excepción de la prisión preventiva. Efectos que prevalecerán hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Lo anterior siempre y cuando el delito por el que se dictó la orden de aprehensión o detención no sea de aquéllos que requieran prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional. La medida cautelar que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si la parte quejosa no cumple lo siguiente: a) Otorgar garantía en los términos que quedaran precisados en párrafos posteriores. Sin que obste a lo anterior que el último párrafo del referido artículo, señale que no se exigirá cuando la suspensión únicamente tenga como efecto que el quejoso quede a disposición de esta juzgadora por lo que hace a su libertad personal y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento. Sin embargo, en el presente caso la suspensión tiene mayores efectos a los señalados en el artículo 163, de la referida ley, puesto que se ordena al quejoso que comparezca ante el juez del proceso correspondiente para continuar el procedimiento y no sea privado de su libertad personal en los términos establecidos en el diverso 166 del mismo ordenamiento legal. b) Con fundamento en los artículos 166 y 168 de la Ley de la Materia, así como 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena al impetrante comparecer dentro del término de TRES DÍAS, ante el Juzgado que conozca del proceso penal correspondiente, y ponerse a su disposición, con el fin de llevar a cabo la audiencia inicial en la cual se le harán saber sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado con anterioridad, se le formulará la imputación respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito y se le dará la oportunidad de declarar, si así lo desea, entre otros supuestos; lo anterior, de conformidad con el artículo 307 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de que conozca el informe previo, en el cual se reconozca la existencia del acto reclamado. Audiencia inicial que se deberá llevar a cabo en la hora y fecha que al efecto el Juez instructor de acuerdo a su agenda. c) Presentarse ante el órgano judicial que conozca del proceso para la continuación del procedimiento o procedimientos penales seguidos en su contra, cuantas veces sea requerido para ello. d) Cumplir con las medidas cautelares que el Juez pueda imponer, a solicitud del Ministerio Público o víctima, de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional del Procedimientos Penales, a excepción de la prisión preventiva, dado que por lo que ve a su libertad personal, está a disposición de este juzgado, por lo cual la autoridad responsable no podrá imponer dicha medida. e) Asimismo, el quejoso queda obligado a acreditar dentro del término de cinco días, el exacto cumplimiento a lo ordenado en el inciso b) que antecede. Apercíbase a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a los anteriores requisitos, con fundamento en los artículos 136, párrafo segundo y 166, último párrafo de la Ley de Amparo, la suspensión será revocada de oficio o ante el aviso de la responsable de que ha incumplido las obligaciones derivadas del proceso penal. En el entendido de la que el otorgamiento de la presente medida cautelar, surtirá efectos hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. GARANTÍA El beneficio concedido surte sus efectos de inmediato, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se le haga del presente proveído, garantía por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que fija discrecionalmente el suscrito; garantía que deberá exhibir el quejoso a disposición de este Juzgado, en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, a satisfacción de este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que si la garantía es exhibida en billete de depósito, éste deberá contener el nombre del quejoso en el apartado o rubro denominado "nombre del depositante", y la autorización expresa de éste al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la Institución depositaria la información necesaria que le permita el control de dicho billete de depósito, como está previsto en el artículo 883, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince; y si fuera exhibida en póliza de fianza, la compañía afianzadora que resulte fiadora, deberá señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la fianza, así como mencionar el nombre o nombres de las personas con representación legal para recibir a nombre de la propia compañía afianzadora, y por otra parte, que se someta expresamente a los órganos jurisdiccionales residentes en esta ciudad, para el caso de litigio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 1a./J. 66/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo: XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Apercíbase a la parte quejosa que de no acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, dentro del plazo de cinco días, con fundamento en los artículos 136 de la Ley de Amparo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y las autoridades responsables quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado que se trate. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Nataniel Miranda Morato y Roberto Sánchez Araujo, por contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final, del segundo párrafo del citado artículo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Cesar Ossiel Contreras Ponce, Luis Raymundo Corona Hernández y Juan Armando García Correa, por así solicitarlo expresamente. AUTORIDADES RESPONSABLES Se tiene como autoridades responsables las que señala la parte quejosa en su escrito de demanda; mediante oficio notifíqueseles la radicación del presente juicio, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Asimismo, comuníquese a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como la parte quejosa solicita en su escrito de demanda que se autorice a Nataniel Miranda Morato el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, y para tal efecto proporciona a este Juzgado el usuario y correo electrónico con los que dicha persona se encuentra registrado en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se provee: Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, 60, 77, 78, 80, 93, 94 y relativos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al autorizado de la parte quejosa para que pueda presentar promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1384/2019-II-A de manera electrónica y bajo los lineamientos establecidos para tal efecto, bajo el usuario nataniel y correo electrónico mirandamorato@yahoo.com.mx. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Principal
Vista la demanda de amparo formulada por Jesús Ramón Martínez del Ángel, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, y otras autoridades; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, 5, 35, 37, 107,108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1384/2019-II-A. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en artículo 128, último párrafo, de la ley de la materia, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese el informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación, para lo cual tendrán que acompañar, en su caso, copia fotostática certificada, legible, completa, en orden cronológico, foliada y rubricada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del propio ordenamiento legal, se les impondrá una multa que puede ir de cien a mil unidades de medida y actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI); medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que para tal fin deban cubrirse. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de las autoridades responsables que cuando adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato a este Juzgado y remitir al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten como está previsto en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, con relación al 64 y 238 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Por otra parte, resérvese proveer lo conducente en el momento procesal oportuno, respecto del emplazamiento de a quien, en su caso, pudiera asistirle el carácter de tercero interesado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Nataniel Miranda Morato y Roberto Sánchez Araujo, por contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final, del segundo párrafo del citado artículo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Cesar Ossiel Contreras Ponce, Luis Raymundo Corona Hernández y Juan Armando García Correa, por así solicitarlo expresamente. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de Ley de Amparo, notifíquese la instauración del presente juicio, mediante oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para la intervención que legalmente compete, debiendo anexar copia simple de la demanda de amparo. AUTORIDADES RESPONSABLES Se tiene como autoridades responsables las que señala la parte quejosa en su escrito de demanda; mediante oficio notifíqueseles la radicación del presente juicio, de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. Asimismo, comuníquese a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como la parte quejosa solicita en su escrito de demanda que se autorice a Nataniel Miranda Morato, el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, y para tal efecto proporciona a este Juzgado el usuario y correo electrónico con los que dicha persona se encuentra registrado en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se provee: Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, 60, 77, 78, 80, 93, 94 y relativos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al autorizado de la parte quejosa para que pueda presentar promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el juicio de amparo 1384/2019-II-A de manera electrónica y bajo los lineamientos establecidos para tal efecto, bajo el usuario nataniel y correo electrónico mirandamorato@yahoo.com.mx. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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