Jesus Ramon Garcia Colores
Expediente 219/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Magistrado del Segundo Tribunal Distrital de la Ciudad de Torreón, Coahuila
- Jesus Ramon Garcia Colores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO PROVEEDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE:VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a través de su representante legal Jesús Ramón García Colores, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Como Ordenadora y Ejecutora, EL MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL DISTRITAL DE ESTA CIUDAD, ubicado en DIAGONAL DE LAS FUENTES S/N COLONIA LA MERCED DE ESTA CIUDAD. --- IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De la Autoridad responsable Ordenadora y Ejecutora: La Sentencia de fecha 22 de enero 2021 dentro del toca civil 268/2020. --- De la autoridad se reclaman las consecuencias directas e indirectas que se deriven del acto reclamado señalado y listado con antelación". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Previa aclaración, por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 219/2021-V, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido por sus etapas se celebró la audiencia constitucional conforme el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, con relación al diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, fueron emitidos por autoridades con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante, y a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la quejosa, reclama lo siguiente: Resolución de veintidós de enero de dos mil veintiuno, emitida en toca 268/2020, en la que declaró infundada la excepción incompetencia por declinatoria de la materia mercantil a la civil, planteado por la parte demandada aquí quejosa. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su informe justificado, expresamente reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituyen confesión expresa con valor probatorio pleno, para tener demostrados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Cabe citar la jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las constancias relativas con los actos reclamados, que fueron allegadas a este contradictorio federal por el tribunal responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Cobra aplicación la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Es procedente el juicio de amparo que nos ocupa, toda vez que la temática de origen versa sobre un incidente de incompetencia por declinatoria de la materia mercantil a la civil, lo cual desde luego, al contener reglas distintas para su tramitación, podría afectar derechos sustantivos y no solo adjetivos, con independencia de que dicha resolución haya sido dictada dentro de juicio. Por su contenido, ilustra lo anterior, la Tesis XXVII.3o.154 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2462, de rubro y texto: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. SI ANTES DE AGOTARSE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA DECLARA INFUNDADA, EL JUEZ EMITE LA SENTENCIA DEFINITIVA, POR EXCEPCIÓN PROCEDE SU ANÁLISIS COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO. Por regla general, de conformidad con el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, contra la determinación que declara infundada una excepción de incompetencia procede el juicio de amparo indirecto, en virtud de que dicho juicio opera contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación (entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos), así como contra actos de autoridad en los que se inhiba o decline la competencia de un asunto, siendo necesario que el acto de autoridad produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontece una vez que el acto es definitivo, como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 239/2014(1) y 216/2014(2), donde puntualizó que es innecesario esperar a que se dicte la sentencia definitiva en el juicio de origen para impugnar una violación en amparo directo, porque al desestimarse una excepción de esa naturaleza, la cuestión competencial produce una afectación personal y directa en la esfera de derechos del interesado, la cual podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se tramite por una autoridad incompetente e, incluso, con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables, ni siquiera obteniendo una sentencia definitiva favorable. Sin embargo, existe un caso de excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto interpuesto contra la determinación que declara infundada una excepción de incompetencia, la cual surge cuando dentro del expediente relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria, el tribunal de alzada declara infundada dicha excepción, y sin que se agote el plazo de quince días para la promoción de la demanda previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para impugnar en la vía indirecta la determinación que resolvió esa excepción, el Juez natural emite la sentencia definitiva; de ahí que sea factible que el Tribunal Colegiado de Circuito, por excepción, analice los argumentos hechos valer por el quejoso a título de violación procesal contra la resolución que declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer al contestar la demanda." En ese sentido, no se advierte de oficio la actualización de alguna causal de improcedencia, ni alegada por las partes; por lo que, se procede examinar el fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1340, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Decisión judicial. Sostiene el quejoso que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, ya que: El contrato de origen no es mercantil sino administrativo por lo cual la controversia de origen, debe ser conocida por un tribunal en materia administrativa. El hecho de que no se impugnaran las diligencias de jurisdicción voluntaria, solo produce que haya quedado firme para los efectos legales. Son inoperantes por novedosos en parte e inatendibles en otra, los conceptos de violación propuestos por la quejosa, toda vez que por lo que respecta al inciso sintetizado como a), son argumentos que no se plantearon ante la autoridad responsable al momento de presentar la excepción de incompetencia por declinatoria, ya que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la resolución reclamada a la luz de razonamientos que no conoció al momento de resolver el mencionado medio de defensa; aunado a que dichas manifestaciones no formaron parte de la litis natural. Del mismo modo, por lo que hace al inciso sintetizado como b), no contiene razonamiento lógico jurídico que permita a este juzgador resolver la cuestión efectivamente planteada. A fin de patentizar lo anterior, se transcriben los argumentos formulados por la aquí quejosa, que sustentaron la base de su planteamiento de incompetencia: Del discurso de la aquí quejosa, se advierte que su tesis a probar, es que el juicio de origen debe llevarse en la vía civil y no mercantil. En la especie, el municipio quejoso en sus conceptos de violación, sostiene que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, porque el contrato base de la acción es de naturaleza administrativa y es el tribunal de justicia administrativa quien debería dirimir la controversia de origen. De tal suerte, existe claramente una temática distinta a la propuesta ante la autoridad responsable, misma que, desde luego, no fue tocada en la resolución reclamada. Por tanto, se puede concluir que son novedosos los argumentos planteados en este juicio de amparo, puesto que al momento de presentar la excepción de incompetencia, no fueron propuestos ya que la controversia original era respecto a las materias civil y mercantil y ahora el quejoso pretende involucrar la materia administrativa, lo cual dista totalmente de la controversia propuesta ante la autoridad responsable. En efecto, resulta ser ajena a la Litis, pues el involucrar otra materia y nuevos argumentos, implica un estudio diferente en cuanto a las reglas y actores legales que participan en el mismo, así como sus autoridades y competencias. Por tanto, la autoridad responsable no tuvo la oportunidad legal de analizarlos ni pronunciarse sobre ellos, y en consecuencia no estaría justificado obligarla a que se pronuncie respecto de planteamientos que no le fueron expuestos. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, materia administrativa, página 1137. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas." Luego, por lo que hace al inciso sintetizado como b), es inoperante por inatendible, ya que el quejoso no expresa razonamiento lógico-jurídico que permita a este juzgador resolverlo, claro está, sin exigir de forma rigorista silogismo jurídico para ello, puesto que únicamente sostiene que el hecho de que las jurisdicciones voluntarias no hayan sido impugnadas, traen como consecuencia que hayan quedado firmes para los efectos legales conducentes. Sin embargo, no argumenta cuáles son precisamente esas consecuencias, esto es, que no surtan efectos para posteriores juicios, que sean oponibles a terceros, que no fijen la materia, etc, o cualquier temática que permita a este juzgador pronunciarse al respecto. Sirve en sustento, la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1683. "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." Consecuentemente, ante lo inoperante de los conceptos de violación y al no haber motivo legal para suplir la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a través de su representante legal Jesús Ramón García Colores, contra el acto y la autoridad responsable, precisada en el resultando primero, por las consideraciones fijadas en el último apartado. Notifíquese personalmente; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que no aparece el talón de notificación del oficio 13282/2020, dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, con residencia en esta ciudad, correspondiente al auto de cinco de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En tales condiciones, en obvio de mayores dilaciones y con base en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese oficio con transcripción del proveído de referencia, y córrase traslado con copia autorizada del proveído antes mencionado, a fin de que quede debidamente notificado de dicha determinación. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el encargado de la Administración Postal; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que ya obran en autos los acuses de recibo solicitados en proveído de doce de agosto del año en curso. Apercibimiento. En tales condiciones, se deja sin efectos el apercibimiento decretado por este Juzgado Federal en el auto indicado. Notifíquese.
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