Jesús Ramírez Martínez

Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
252/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Jesús Ramírez Martínez
  • Agente de la Policía de la Comunidad de San Juan Acaltepec, municipio de Santa María Ecatepec, Distrito Yautepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; asimismo, que por interlocutoria dictada en este cuaderno incidental, se negó la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y aun cuando en la sentencia de treinta de mayo del año en curso, se decretó el sobreseimiento total en este asunto, se tiene en cuenta que en el proveído de once de marzo de la presente anualidad, se otorgó a la parte quejosa la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones combatidas, la cual tuvo efectos definitivos y su vigencia abarcó hasta que quedó firme la resolución que puso fin al juicio constitucional en una situación análoga a la medida cautelar definitiva que se decreta en un incidente de suspensión, por lo que acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General se estima que este asunto es conservable en términos de lo estatuido por el diverso 17, fracción III, inciso b), del propio acuerdo de observancia general, aplicado por analogía en el caso, dada la concesión de la medida suspensional señalada. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que el presente juicio de amparo se resguardará íntegramente en este órgano jurisdiccional durante el plazo de tres años previsto por el ordinal 17, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la notificación de este auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese lapso de conservación en términos de lo señalado por el diverso 26 del Acuerdo General indicado se solicitará la transferencia de este expediente al Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 252/2023, promovido por ******, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES La parte quejosa aduce que diversas autoridades del municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca le impusieron a) un arresto administrativo por el plazo de veinticuatro horas (consumado); y, b) una multa por la cantidad de $***** (*********moneda nacional). Refiere que en el acta de asamblea comunitaria de cinco de marzo de dos mil veintitrés, se decretó la privación de sus derechos civiles, políticos, agrarios y se ordenó el destierro de la comunidad de San Juan Alcaltepec, municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ******, por propio derecho, presentó demanda de amparo el once de marzo de dos mil veintitrés, ante el secretario de guardia adscrito a este Juzgado Federal, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisará. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se registró bajo el consecutivo 252/2023, en auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: Del Agente de Policía de la comunidad de San Juan Alcaltepec, municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca. El arresto administrativo ejecutado el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés. La multa impuesta por la cantidad de $***** (******* moneda nacional). La determinación adoptada en el acta de asamblea comunitaria de cinco de marzo de dos mil veintitrés, en la cual se decretó la privación de sus derechos civiles, políticos, agrarios y se ordenó el destierro de la comunidad de San Juan Alcaltepec, municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca. Del Presidente y Consejo de Vigilancia, ambos del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Alcaltepec, municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca. La determinación adoptada en el acta de asamblea comunitaria de cinco de marzo de dos mil veintitrés, en la cual se decretó la privación de sus derechos civiles, políticos, agrarios y se ordenó el destierro de la comunidad de San Juan Alcaltepec, municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables rindieron su informe justificado en el sentido siguiente: No. Autoridad responsable Sentido 1 Agente de la Policía de la Comunidad de San Juan Acaltepec, Municipio de Santa María, Ecatepec, Distrito Yautepec, Oaxaca. Niega 2 Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Acaltepec, Municipio de Santa María, Ecatepec, Distrito Yautepec, Oaxaca. Niega 3 Presidente del Consejo de Vigilancia de San Juan Acaltepec, Municipio de Santa María, Ecatepec, Distrito Yautepec, Oaxaca. Niega. Es decir, la totalidad de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe de ley, negaron la existencia del acto que se les atribuye. El solicitante del amparo para desvirtuar su negativa aportó copia simple de cinco citatorios signados por autoridades del municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca, en la cual citan al aquí quejoso y a diversas personas a la reunión a celebrarse a las diez horas del cinco de marzo de dos mi veintitrés, en la cual refieren se tratará información importante de la comunidad. Dichas documentales resultan jurídicamente insuficientes por sí solos para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables. En efecto, aun valoradas a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como se adelantó no desvirtúan la negativa de las autoridades responsables, al sólo acreditar de manera indiciaria lo que ahí se contiene; es decir, una citación a la reunión a celebrarse a las diez horas del cinco de marzo de dos mi veintitrés en la comunidad de San Juan Alcaltepec, municipio de Santa María Ecatepec, Distrito de San Carlos Yautepec, Oaxaca, no así los diversos actos que le atribuyó el quejoso y se detallan en el apartado correspondiente. Apoya lo expuesto la tesis 2a. CI/95 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, página 311, registro digital 200696, de rubro y texto siguiente: "COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION. Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador. No obstante lo anterior, durante la tramitación del juicio de amparo, este Juzgador Federal a efecto de dilucidar los hechos controvertidos, de oficio y con apoyo en el numeral 75 de la Ley de Amparo, requirió copia certificada del acta de asamblea de cinco de marzo de dos mil veintitrés de la aludida comunidad. Documental pública que se recibió en este juzgado el cuatro de mayo en curso, a la cual se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su numeral 2. Así, de una simple lectura de dicha acta, se advierte que se trataron diversos acuerdos atinentes a la comunidad; empero, en ningún momento acto relacionado con el aquí quejoso Jesús Ramírez Martínez. En ese contexto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...]" Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Finalmente, es dable reiterar que se sobreseyó en el presente asunto por la totalidad de los actos controvertidos al resultar inexistes; empero, un arresto administrativo ejecutado, el cual aduce el quejoso tuvo una duración de veinticuatro horas el día veinte de febrero pasado, para efectos del juicio de amparo deviene improcedente en términos del numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, al ser un acto consumado de modo irreparable. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho, en términos del apartado V de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de ocho del mes y año en curso, se dio vista a las partes con la documental exhibida por el Agente de Policía de San Juan Acaltepec, Municipio de Santa María Ecatepec, Yautepec, Oaxaca. En consecuencia, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido de dicha documental, la audiencia constitucional se difiere, por lo que se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese.

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