Jesús Ramírez Luna

Expediente 739/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
739/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • Jesús Ramírez Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 73 a 81), en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en comento, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con un anexo, en atención a su contenido, se tiene a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados, Región Sur del Estado de Tlaxcala; rindiendo su informe justificado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad oficiante consistente en copia cotejada y autentificada de la carpeta de investigación C.I. UISPM-1/49/2016 de su índice, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido del informe justificado rendidos por la autoridad responsable, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las consideraciones siguientes: En primer término resulta oportuno precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo constituye dilación para dar contestación a su escrito, a través del cual solicita la devolución de su vehículo dentro de la carpeta de investigación *****, y como consecuencia de ello la negativa de hacerle la devolución del mismo. Ahora, del contenido del informe justificado de cuenta, se advierte que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados, Región Sur del Estado de Tlaxcala, señala que es cierto el acto reclamado; sin embargo, precisa que el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, resolvió la solicitud de devolver el vehículo dentro de la carpeta de investigación C.I. UISPM-1/49/2016 y que notificó por estrados el referido acuerdo, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al realizar los actos señalados, cesó la dilación reclamada que dio origen al presente juicio; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la dilación para dar contestación a su escrito, a través del cual solicita la devolución de su vehículo dentro de la carpeta de investigación C.I. VISPN-1/49/2016 y/o C.I. UISPM-1/49/2016, y como consecuencia de ello la negativa de hacerle la devolución del mismo, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. ... Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la dilación para dar contestación a su escrito, a través del cual solicita la devolución de su vehículo dentro de la carpeta de investigación C.I. VISPN-1/49/2016 y/o C.I. UISPM-1/49/2016, y como consecuencia de ello la negativa de hacerle la devolución del mismo, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada para la Investigación, Aseguramiento, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados y Recuperados, Región Sur del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia cotejada y autentificada de la carpeta de investigación C.I. UISPM-1/49/2016 de su índice, de la que se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, resolvió la solicitud de devolver el vehículo dentro de la mencionada carpeta de investigación y notificó ese acuerdo al aquí quejoso. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó la omisión de dar contestación respecto a la petición de la devolución de su vehículo, en los términos apuntados. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que si bien, la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la dilación para dar contestación a su escrito, a través del cual solicita la devolución de su vehículo dentro de la carpeta de investigación C.I. VISPN-1/49/2016 y/o C.I. UISPM-1/49/2016, y como consecuencia de ello la negativa de hacerle la devolución del mismo, y a dicha petición le recayó el acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, en el presente caso no se surte el segundo de los requisitos para la procedencia de la ampliación, pues no resulta procedente requerir a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo para que señalara como acto reclamado el acuerdo dictado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334 del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de dos mil seis, Novena Época, de rubro y texto: ... Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que la quejosa, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destaco que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso. En virtud, de que el derecho fundamental de petición, es un derecho gestado y promovido en el seno del Estado democrático, único en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública, se respeta sólo si las autoridades proporcionan en sus respuestas a las solicitudes de los particulares la suficiente información para que éstos puedan conocer plenamente el sentido y el alcance de las respuestas, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ellas y, en su caso, impugnarlas. Asimismo, estableció que dentro de la relación entre particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal; en específico regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento; y, el segundo de los numerales citados en su parte inicial consagra la garantía de legalidad. Por ello, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Y en razón de ello, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación. Situación que será regulada por la norma secundaria que regule dicho procedimiento, por ello, es que no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, será conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud de particular, pues de considerar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria. Así la trasgresión al artículo 8, constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. ... Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17, Constitucional, del que deriva un acuerdo cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la omisión de dictar un proveído, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de un auto, dictado dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda. ... En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por Jesús Ramírez Luna, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de agosto de dos mil diecisiete, y al efecto señala como domicilio el ubicado en Calle Ignacio Zaragoza, número 10, Pblo. La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72730 y hace manifestaciones en relación con el tercero interesado. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento de que se trata y vista de nueva cuenta la demanda de amparo, se provee: En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado el siguiente: La dilación para resolver respecto de la solicitud de devolución de vehículo o aseguramiento, dentro de la carpeta de investigación C.I. VISPN-1/49/2016 y/o C.I. UISPM-1/49/2016, del índice de la responsable. La negativa de hacerle la devolución del vehículo. Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, además de que de no rendirlo o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. ... Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, gírese oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. En otro orden de ideas, resérvese proveer lo relativo a la existencia terceros interesados, hasta que obre en autos el expediente generador del acto reclamado. De igual forma, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa la parte quejosa, consistente en copia simple de diversas constancias, la cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Ahora, dado que el domicilio de Jesús Ramírez Luna se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Por otra parte, en relación a la solicitud del peticionario del amparo que refiere en su petitorio tercero en el sentido de requerir a la Agencia del Ministerio Público en Turno de la Mesa Especializada en Investigación de Robo de Vehículo y Transporte de Carretera de la Región Sur, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que remita la carpeta de investigación C.I. VISPN-1/49/2016, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud, en virtud de que no se aprecia que exista negativa por parte de la autoridad correspondiente para la expedición de las copias certificadas que solicita, de ahí que no se acuerde favorable su petición, dado que para su ofrecimiento primero deben solicitarse a la autoridad de que se trata, las constancias respectivas y sólo ante su negativa, debe pedirse a la autoridad responsable para que éste requiera su exhibición de conformidad con el numeral 121 de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, solicita autorización para tomar fotografías de las actuaciones que existan en el juicio en que se actúa; en atención a ello, dígasele que se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. ...

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por Jesús Ramírez Luna, contra actos de la Agente del Ministerio Público en turno de la Mesa Especializada en Investigación de Robo de Vehículo y Transporte de Carretera de la Región Sur, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 739/2017-V. A efecto de acordar el escrito de demanda de garantías, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentra el previsto en las fracciones I y II, que a la letra dice: ... Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso c), 108 fracción II y IV, y 114 fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, señale, bajo protesta de decir verdad: Señale su domicilio particular pues aun y cuando expresa en el apartado I de su demanda que: "I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO; indicado de forma expresa en el proemio de éste escrito, en partirla", lo cierto es, que del mismo no se advierte ningún domicilio. El nombre y domicilio de la parte tercero interesada o manifieste bajo protesta de decir verdad el impedimento que tenga para ello. Lo anterior, tomando en consideración en el apartado de antecedentes del acto reclamado, manifiesta que la Agente del Ministerio Público, el día once de agosto de dos mil dieciséis, procedió a investigar los hechos denunciados, en el que se señaló como probable responsable del delito de fraude a Esteban Tlapale Zempoalteca, -tercero interesado-. En virtud de lo anterior, se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado dentro del término indicado para ello, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. De igual modo, se apercibe al promovente que en caso de incurrir en la conducta a que alude el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a la sanción dispuesta en dicho ordenamiento: ... Por otra parte, toda vez que el promovente no señala domicilio para oír y recibir notificaciones por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, teniéndose como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Antonio Vega Ramírez por no contar con cedula registrada ante el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. ...

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