Jesús Ramírez Gatica
Expediente 1119/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Ramírez Gatica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativa 51/2020 formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra del proveído de trece de enero del año en curso; en consecuencia, agréguese el oficio y testimonio de referencia, acúsese recibo y hágase saber a las partes que el Superior en la ejecutoria de que se trata, dictó los siguientes puntos resolutivos: "R E S U E L V E: PRIMERO. Se revoca el auto sujeto a revisión. SEGUNDO. Se ordena la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residentes en Chilpancingo, Guerrero.". En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese.
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Visto; el estado que guardan los presentes autos se advierte que el once de diciembre del año en curso, se reservó acordar respecto a la petición formulada por la parte quejosa, respecto a requerir a las autoridades responsables las documentales consistentes en el expediente completo del pensionado aquí quejoso *****, hasta en tanto obren las responsables rindieran sus respectivos informes justificados, lo que en la especie ha acontecido. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, remitan copia certificada del expediente que se formó del quejoso Jesús Ramírez Gatica, como pensionado, ofrecidas como prueba por el impetrante. Apercibidos que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo , se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al valor diario a la fecha que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio , y se proveerá lo que en derecho proceda.
- Principal
Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio firmado por el Jefe de la Unidad Jurídica en Guerrero y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinden su informe justificado; y remiten copia certificada de diversas documentales; por tanto, con su contenido y las constancias de que se tratan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. En relación con lo anterior, es preciso decir que el artículo 117 de la Ley de Amparo establece que con la finalidad de que las partes en el juicio tengan conocimiento no sólo del informe justificado rendido en autos, sino además de aquellas constancias que se recaben de manera oficiosa por encontrarse relacionadas con la emisión del acto que se reclame, se les deberá dar vista con éstos, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, situación que no ocurre en el presente caso, toda vez que ésta fue fijada para la presente fecha, por lo que el plazo a que se refiere el artículo en mención, para darle vista a las partes con el informe justificado, no se cumple pues aún no se ha agotado. Por lo tanto, y con el objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia, lo procedente es otorgar el plazo mínimo necesario para que las partes puedan imponerse del contenido de dicho informe. Para robustecer lo anterior, es conveniente citar la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 5). Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia VI.3o.A. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 667, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS". En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para la presente fecha, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su celebración.
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Visto; téngase por recibido el escrito firmado por *****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual ofrece pruebas. En atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 del ordenamiento legal en cita, se admite la presuncional, legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. En tal tenor, por lo que respecta a la solicitud de requerir a la responsable para que remitan las constancias relacionadas con el que en esta vía se combate; resérvese acordar hasta en tanto, obren los informes justificados correspondientes. Finalmente, en relación al informe que solicita se requiera a las autoridades señaladas como responsables Titular de la Delegación Estatal en Guerrero y Titular del Departamento de Pensiones de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de los puntos que detalla en su escrito, SE DESECHA DE PLANO DICHO MEDIO DE CONVICCIÓN, toda vez que las mencionadas autoridades figuran como responsables, por lo que en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, son parte en este sumario; de ahí que la mencionada probanza prácticamente se traduciría en una prueba de posiciones, la cual es inadmisible en el juicio de amparo. En efecto el artículo 119 de la Ley de Amparo literalmente dice: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. [.]" Resulta aplicable por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J.17/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 170210, publicada en la página 595, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. LA TESTIMONIAL DE UNA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE NO SEA PARTE EN AQUÉL, PERO QUE CONOZCA DEL ASUNTO POR VIRTUD DE SUS FUNCIONES, NO ES EQUIPARABLE A UNA CONFESIONAL POR ABSOLUCIÓN DE POSICIONES, PROSCRITA POR EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al mencionado precepto, en el juicio de amparo es permisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho; lo cual significa que la confesión expresa de una de las partes, realizada de manera diversa a la absolución de posiciones, es admisible. En ese contexto, considerando que la confesión debe: a) ser realizada por una de las partes del juicio, b) versar sobre hechos propios del confesante y, c) producir efectos en perjuicio del que la hace; se concluye que la declaración que rinda un funcionario público que no haya sido señalado como autoridad responsable o como tercero perjudicado, respecto de hechos que haya conocido por virtud de sus funciones, no puede asimilarse a una confesión, pues además de que la realiza quien no es parte del juicio de amparo, no produce efectos en su perjuicio; por lo que debe ser considerada como una testimonial, cuya admisión se encuentra sujeta, entre otros requisitos, al principio de idoneidad de la prueba, esto es, que los hechos a demostrar sean susceptibles de acreditarse, legalmente, mediante dicha probanza. Ahora bien, en caso de que el interrogatorio propuesto para ese testigo contenga preguntas que se refieran a hechos propios del declarante y que no estén relacionados con la razón de su dicho, más que desechar la prueba por ese motivo, el juzgador debe admitirla como testimonial, calificando de ilegales las preguntas que tengan ese carácter, por ser ajenas a la naturaleza del citado medio de convicción, pues una de las notas distintivas de los testigos es el desinterés que deben observar en la controversia." Al respecto cabe precisar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 267/2012, sostuvo que conforme a lo previsto por el artículo 150 de la Ley de Amparo abrogada, las partes interesadas podrán ofrecer todos aquellos medios probatorios que estimen pertinentes para comprobar la acción intentada, con excepción de los que sean contrarios a la moral y al derecho, así como la prueba de posiciones y determinó que si la parte interesada, como acontece en el caso concreto, ofrece como prueba un informe a cargo de la autoridad responsable en el juicio de amparo, distinto al informe justificado a que se refiere el artículo 149 de dicho ordenamiento legal, a efecto de que el Juez de Distrito le requiera la remisión de una nueva documental en la que exponga los hechos o razonamientos que le solicita la propia parte quejosa, resulta inconcuso que la intención del ofrecimiento de dicha probanza lo constituye el hecho de que la autoridad responda cuestionamientos o apreciaciones del oferente de la prueba, y que por consecuencia su desahogo se constituya como un medio idóneo para la acreditación de su acción. Es decir, que la prueba de informe a cargo de una autoridad responsable dentro de un juicio de amparo, implica que dicha autoridad esté obligada a emitir un documento antes inexistente en sus archivos, en el que informe, bajo los lineamientos señalados por la oferente, respecto de hechos o apreciaciones sobre la litis que circunscribe al propio juicio, situación que se traduciría en la admisión de una prueba de posiciones a cargo de la autoridad responsable, y cuya admisión en el juicio de garantías proscribe el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente. En ese contexto, puntualizó que la parte interesada sólo puede solicitar al Juez de Distrito que requiera a la autoridad responsable la remisión de documentos ya existentes y que obren en su poder, a fin de integrar debidamente el expediente del juicio de amparo, guardando su debida relación con las reglas establecidas para tal efecto en el artículo 121 de la ley de la materia; empero, aclaró que aquél no puede admitir la prueba de informe vía documental a cargo de una autoridad responsable, porque ello la obligaría a emitir un documento inexistente previamente en su archivo, y que tendría que circunscribir a las apreciaciones de la oferente. Los relatados aspectos, dieron pauta a la aprobación de la jurisprudencia por contradicción de tesis 160/2013, consultable en la página 1326, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del libro XVI, enero de 2013, tomo 2, materia común, Décima Época, de los siguientes rubro y texto: "PRUEBA DE INFORME A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ES INADMISIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO.- La prueba ofrecida por la quejosa en un juicio de amparo indirecto por informe a cargo de la autoridad responsable resulta inadmisible conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, en virtud de que su ofrecimiento implica que aquélla deba emitir un documento antes inexistente en sus archivos, en el que informe, bajo los lineamientos señalados por la oferente, respecto de hechos o apreciaciones sobre la litis que circunscribe el propio juicio, lo que indudablemente se traduciría en una prueba de posiciones proscrita por el citado precepto legal."
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