Jesus Rafael Solis Minaya

Expediente 99/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
99/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Jesus Rafael Solis Minaya

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II.- Toda vez que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.

  2. Principal

    MESA II.- Agréguese los informes justificados rendidos por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado por conducto de su Presidenta, así como de la Actuaria de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, así como anexo que acompaña a la primera. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que produce el sobreseimiento de este juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, por las razones que a continuación se exponen. Del legajo de copias certificadas que remitió la Junta responsable con su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se aprecia que el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se señaló las nueve horas con treinta minutos del día once de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; notificándose el veintiocho de enero del año en curso (fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo) a la parte actora y demandada, respectivamente. De lo anteriormente reseñado, resulta incuestionable que el acto omisivo que se reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en el artículo 17 Constitucional. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional del juicio, fijada para tener verificativo las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS.

  3. Principal

    MESA II.- Toda vez que mediante proveído de veintitrés de diciembre del año dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, con el oficio DRAN.Q.ROO/2601/2021 de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, signado por la Registradora Integral de la representación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, que obra glosado en autos; proveído en el que se les apercibió a las partes que en caso de no hacer manifestación alguna en el término de tres días, éste Tribunal acordaría lo que en derecho procediera, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades. Por lo que la suscrita, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Se tiene que desde que este juzgado federal requirió a la responsable la ejecución de la sentencia de amparo, ésta demostró en esta fase que emitió la determinación respectiva, pero que en esta imposibilitada legalmente para emitir nueva determinación porque se necesita que el interesado presente nuevamente la documentación que le fue devuelta, lo que no ha acontecido, no obstante por acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se dio término de cinco días a la parte quejosa, para acreditar que ha ingresado nuevamente la documentación que señala la autoridad como necesaria para emitir su calificativa. De lo anterior, se dio vista de tres días a la parte quejosa, sin que hiciera manifestación alguna, cuestión que no aconteció. Con ello se entiende que la responsable no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia de amparo; pero también resulta claro que no es resultado de un no actuar de la responsable, sino que es imperioso el actuar del directo quejoso para que se pueda cumplir en su totalidad la sentencia. En ese tenor, debe decirse que lo procedente es declarar QUE EXISTE UNA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO; al no haber presentado nuevamente la parte quejosa documentación respectiva para la emisión de una nueva calificación registral, para lograr su objetivo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo de mérito vigente, hágase del conocimiento de las partes que pueden interponer dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, el recurso de inconformidad establecido en el primer numeral citado, en contra del presente acuerdo, que declara cumplida la sentencia de amparo, y que una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo de este expediente, de conformidad con los artículos 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de la Materia.

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