Jesús Rafael Muñoz Bautista
Expediente 557/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Rafael Muñoz Bautista
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta que antecede y en virtud de que ha transcurrido el término de cinco días para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 97 de la Ley de Amparo, en contra del auto dictado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL MISMO. Consecuentemente, archívese este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno; y se hace la observación de que es susceptible de destrucción, . Asimismo se precisa que no es de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos, el oficio 13486/2020-II, suscrito por la SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, por el cual remite el juicio de amparo 415/2020 y hace del conocimiento el auto de trece de octubre de dos mil veinte, en el que determina que el que se declara incompetente por razón de turno para conocer de la demanda de mérito, y ordena remitir el expediente a este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo de estilo En acatamiento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, ÉSTE JUZGADO FEDERAL ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA EN SU FAVOR y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida ; fórmese el expediente físico y electrónico, con el número 557/2020-II. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la orden de desocupación del inmueble ubicado en ***. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías se advierte que el hoy quejoso acude al presente juicio como tercero extraño total al juicio especial hipotecario 869/2014, en que se duele esencialmente que el acto reclamado afecta sus derechos sustantivos, en virtud de que no fue oído ni vencido en juicio, no obstante que detenta la posesión del inmueble derivado del contrato de arrendamiento celebrado con la demandada en ese juicio natural ***. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo, se trae a colación el juicio de amparo 923/2019 del índice de este juzgado, en el cual +***, promovió amparo indirecto en contra de los actos reclamados al Juez Vigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Jueces Primero y Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Estado de México, con sede en Cuautitlán y Ejecutores adscritos a dichos Juzgados, consistentes en todo lo actuado en el juicio especial hipotecario promovido por ***, en contra de ***, expediente 869/2014, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos. ".PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio respecto de los actos reclamados al Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Estado de México, con sede en Cuautitlán y Ejecutores adscritos a dicho Juzgado, por los razonamientos contenidos en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosa Herlinda Estrada Díaz, contra los actos reclamados del Juez Vigésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Jueces Primero y Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Estado de México, con sede en Cuautitlán y Ejecutores adscritos a dichos Juzgados, consistentes en todo lo actuado en el juicio especial hipotecario , por los razonamientos contenidos en el último considerando de esta sentencia." Resolución que fue confirmada por resolución de siete de febrero de dos mil veinte, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Asimismo, de dicho juicio de amparo, se advierte que en efecto, el aquí quejoso no es parte formal, ni material en el juicio y por ende se le considera tercero extraño, sin embargo, también se detenta que le resulta el carácter de causahabiente de la demandada ***, con quien celebró el contrato de arrendamiento en diez de julio de dos mil veinte, ratificado , respecto del inmueble materia de la litis. Contrato que si bien, fue ratificado ante fedatario, dicha suscripción no es anterior a la emisión de la sentencia definitiva del juicio de origen, la cual no es del desconocimiento de la demandada (arrendadora), quien a sabiendas de que existía un juicio en su contra en el que estaba en duda la propiedad del bien inmueble materia de la litis e incluso habiendo sido condenada de las prestaciones reclamadas, celebró contrato de arrendamiento con el hoy quejoso; por ende, al promover el juicio de amparo le afectan las mismas causas de improcedencia que a su causante. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.828 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, agosto de 2010, visible a foja 2248, y que a la letra establece: "CAUSAHABIENCIA PROCESAL E INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA DE AMPARO. Por virtud de la causahabiencia, en términos generales, el causante es sustituido procesalmente por su causahabiente ya que éste queda sometido a las mismas obligaciones contraídas por aquél respecto de un derecho idéntico (causahabiencia procesal). En el amparo, el derecho invocado por el causahabiente no necesariamente debe ser idéntico del de su causante, como cuando el quejoso se ostenta como arrendatario del demandado en el juicio natural, que es propietario del inmueble objeto de litigio sobre el que se ostenta tercero extraño al juicio y que es a la vez materia del acto reclamado. Así, el hecho de que se pruebe ese derecho personal sólo se traduce en que el quejoso sí tenga interés jurídico, razón por la cual no puede sobreseerse en el juicio por falta de ese interés. Sin embargo, lo que ocurre es que en el amparo el causahabiente quejoso se posicionará en un estado jurídico igual al que tendría su causante, inclusive, respecto de las causas de improcedencia correspondientes, lo cual no significa que en el juicio natural pueda tomar la situación jurídica de su causante. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto el quejoso se ostenta como tercero extraño deduciendo su derecho de un contrato de arrendamiento cuya existencia demostró, y de autos se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, entonces la causa de improcedencia que se actualiza no es la de falta de interés jurídico, sino la relativa a que el quejoso debió esperarse a impugnar la "última resolución" que se dictara en esa fase ejecutiva (causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo), pues ésta es la hipótesis en que encuadraría también su causante, porque el causahabiente no puede tener más que éste." Entonces, si lo que reclama esencialmente el peticionario de amparo, es el hecho de que el juez de origen ordenó la desocupación del inmueble controvertido, el hoy quejoso debe estarse a las resultas de éste, como ha quedado precisado en párrafos que anteceden; por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que se advierte que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, dado que la última resolución en el procedimiento será aquella en la que el juez responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente; por lo que esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que del escrito inicial y aclaratorio de demanda, se desprende que el hoy quejoso ya fue oído y vencido en juicio a través de su arrendadora y demandada en el juicio de origen *** y el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencial P./J. 108/2010, por contradicción, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, enero de 2011, página 6, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En ese orden de ideas, si bien es cierto que el acto reclamado se hace consistir en la orden de desocupación y entrega del bien inmueble arrendado, decretado en el juicio de origen, también lo es que dicho acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113, del propio ordenamiento se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señaladas las listas para oír y recibir notificaciones, incluso las de carácter personal. En relación a la persona que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente se le autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral, en virtud de que no proporciona el número de cédula, lo anterior en razón de que pueden existir homónimos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme al Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al proveído de diez de julio del presente año, de conformidad con base en el ordinal 55, con relación en el considerando QUINTO del citado Acuerdo 12/2020, y toda vez que la ocursante proporcionó el correo electrónico ***, téngasele únicamente como medio de contacto y para comunicaciones no procesales el correo antes precisado Dado que la premisa esencial para la que las notificaciones se realicen en modalidad electrónica es que sean los propios justiciables quienes expresamente soliciten dicho esquema, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del referido Acuerdo General 12/2020; y numerales 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en donde se precisa que en el caso específico de las notificaciones electrónicas respecto del juicio de amparo, las partes pueden optar a que se les practiquen por ese medio, lo cual se logra mediante el sistema de notificaciones electrónicas en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, así como la obligación de las partes de acceder a este tipo de notificación en caso de contar con la firma electrónica para ello. Por otra parte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció que la reactivación de la actividad jurisdiccional no se realiza en un contexto de "normalidad", insiste, entre otras cosas, en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, a fin de preservar la salud de los justiciables, del personal que labora en los Órganos Jurisdiccionales y en general de todas las personas (pues aquellos tienen interacción con otras al realizar las notificaciones, o consulta de acuerdos, por ejemplo); por ello, se exhorta a las partes para que soliciten expresamente que las notificaciones que deriven de este juicio, inclusive las de carácter personal, se les practique vía electrónica, para lo cual previamente deberán hacer el registro respectivo en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal, señalando un correo electrónico y usuario. Además, dicho usuario podrá realizar la consulta, vía electrónica, de todas las constancias que integran este juicio. De conformidad con el numeral 5, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales, se pone como herramienta adicional de las personas justiciables para brindarles atención, vía correo electrónico en la dirección oficial de este juzgado 8jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx; se les exhorta que al efectuar una consulta de este tipo, en el correo que se envíe al juzgado pongan como asunto del correo: consulta; comunicación no procesal (y el número de expediente), a fin de que sea atendida a la brevedad posible. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, los que incluso, son comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se determina que cuando se trate de un caso que, por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARSCo2 (COVID -19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra En otro contexto, dese aviso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la presente determinación en la que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, fin de equilibrar las cargas de trabajo y remita la papeleta respectiva; lo anterior para fines estadísticos. NOTIFÍQUESE, POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
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