Jesús Rafael Mendoza Ruiz
Expediente 405/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús Rafael Mendoza Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veinte. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida el veinte de octubre de dos mil veinte, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio de la sentencia dirigido a la autoridad foránea; ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones II, inciso a), y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y por lista a las demás partes.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veinte. En un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 405/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veinte. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio de la sentencia dirigido a la autoridad foránea; ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones II, inciso a), y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veinte. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio de la sentencia dirigido a la autoridad foránea; ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones II, inciso a), y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y por lista a las demás partes.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 405/2020, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, y turnado al día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, *********** promovió juicio de amparo contra actos de la 1. Fiscalía Facilitadora Primera Certificada, con sede en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades, mismos que serán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que vincula a este órgano jurisdiccional a precisar los actos que efectivamente se reclaman. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de veintiséis de agosto siguiente (fojas 8 a 12 vta.) se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Fiscal Federal de la adscripción; se ordenó emplazar al tercero interesado, y se fijó fecha y hora para celebrar audiencia constitucional TERCERO. Mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte (foja 156) se tuvo por inexistente a la autoridad responsable 5. Comisaria de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, con residencia en Veracruz, Veracruz, al no haber sido localizada y por haber precluido el derecho de la parte quejosa al no haber expuesto manifestación alguna en relación con ello, tal como se le dio la oportunidad mediante el diverso auto de diecisiete de septiembre de este mismo año (fojas 132). CUARTO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 16, 17, 21, 25 y 31) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclaman actos que están vinculados con la restricción del derecho fundamental relativo a la libertad del quejoso; lo que es impugnable en amparo indirecto. Por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado restrictivo de libertad se presente ejecutar dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, de las constancias de autos, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio, son: a) El acuerdo reparatorio diferido ++++++, y b). Como consecuencia, la orden de detención, presentación y/o aprehensión girada por las responsables en su contra, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 1. Fiscalía Facilitadora Primera Certificada, con sede en Veracruz, Veracruz (foja 25); 2. Fiscal Noveno de la Unidad de Atención Temprana (foja 31) 3. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial (foja 17) 4. Coordinador de Unidad de Detectives de la Policía Ministerial (foja 16) con residencia en Veracruz, Veracruz, y el 6. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial en Boca del Río, Veracruz (foja 21); negaron los actos reclamados consistentes en b). la orden de detención, presentación y/o aprehensión girada por las responsables en su contra, y su ejecución. Por ende, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó medio de convicción alguno con el cual desvirtuara la negativa de las mencionadas autoridades, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia de los actos que les atribuye, es procedente SOBRESEER en el presente juicio de amparo en relación con dichos actos reclamados, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. CUARTO. Certeza de actos reclamados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha lugar a tener por cierto el acto reclamado a la 1. Fiscalía Facilitadora Primera Certificada, con sede en Veracruz, Veracruz, con residencia en Veracruz, Veracruz (foja 25) consistente en a) el acuerdo reparatorio diferido número +++++. Lo anterior, pues no obstante que al rendir su informe justificado dicha autoridad responsable negó el acto reclamado, enseguida, en el mismo escrito, hizo manifestaciones que evidencian su certeza. (foja 25) Además, lo anterior se corrobora con las constancias que exhibió como justificación del mismo, consistentes en copias certificadas de la investigación ministerial ++++++++, del índice de la citada autoridad responsable (fojas 144 a 153); documentos que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. QUINTO. Improcedencia. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado consistente en a) el acuerdo reparatorio diferido número 28/2020 de trece de febrero de dos mil veinte, celebrado en la carpeta de investigación número UAT/DXVII/86/2020 del índice de la autoridad responsable, se actualiza la causa de sobreseimiento a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se verá enseguida. MARCO JURÍDICO El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitvidad que rige el juicio constitucional, pues al ser el amparo un medio extraordinario de defensa resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitivita que rige en el juicio de garantías, el cual debió agotarse previamente por la accionante del amparo. Ahora, para que se acredite tal causa de improcedencia deben actualizarse las siguientes hipótesis: 1. Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. Se exceptúa de agotar los recursos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. ... Por otro lado, conforme a lo dispuesto en los artículos 186 y 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que de que los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues consiste en un acuerdo celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias causadas por la comisión de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. En este sentido, las partes podrán suscribir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, esto es, cuando la obligación adquirida, se cumple en el plazo establecido para tal fin. También debe decirse que, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, el ministerio público tiene el deber de promover y dirigir una investigación en la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación. Dentro de esa etapa de investigación, ya sea en su fase inicial o complementaria, el ministerio público puede llevar a cabo actuaciones tendentes investigar delitos; sin embargo, éstas podrían llegar a trasgredir derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. Ahora bien, durante las aludidas fases de investigación e intermedia, el juez de control tiene, entre otras, la obligación de vigilar los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales, bajo las reglas de control judicial sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos del ministerio público que eventualmente lesionen los derechos de estos, según se advierte de lo dispuesto en el artículo 134 del citado Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe destacar que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 233/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se describen cuáles son las finalidades de los actos u omisiones de la autoridad ministerial y el control que sobre de ellos ejercen los jueces, en el nuevo sistema penal acusatorio: 88. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control. Así, como se dijo en el apartado correspondiente, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. 89. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. Para los efectos del presente asunto, se destaca que si bien una de las finalidades de la implementación del sistema acusatorio consiste en que la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de control; dicha facultad tiene el alcance para analizar y resolver además las impugnaciones de las resoluciones de reserva; de no ejercicio de la acción penal; del desistimiento; de la suspensión del ejercicio de la acción penal y, en general, todas las determinaciones del ministerio público e, incluso, sus omisiones. De ahí que se estableció que el juez de control tiene la función de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito sean preservados de manera correcta, además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado, de la víctima o del ofendido; pero cuando no satisface tales prerrogativas, sobre todo cuando intervienen en la carpeta de investigación, estos últimos tienen reconocido el derecho a impugnar ante la autoridad judicial los referidos actos y omisiones del Ministerio Público. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reconoce tal derecho de impugnación a las partes intervinientes en el proceso penal, y bajo ese equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, se propicia que las partes intervinientes en el procedimiento penal puedan acudir ante el juez de control para que éste ejerza un control de legalidad respecto de los actos del Ministerio Público. Sobre todo, porque el Juez de Control también puede revisar la manera en que el Ministerio Público atiende y protege a las partes del proceso cuando conduce a las partes al procedimiento encaminado a obtener una justicia restaurativa a través de los mecanismos alternativos de control de controversias, pues no se puede olvidar que dichos mecanismos pueden ser adoptados por las partes en cualquier etapa del procedimiento penal, esto es, en sede ministerial o, bien, en sede judicial. Máxime que en el caso de que se haya celebrado un acuerdo preparatorio en la fase inicial, las partes tienen el derecho a acudir ante el Juez de control, dentro de los cinco días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia, tal como lo dispone el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dispone: "Artículo 190. Trámite.- Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el Juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Publico en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el Juez de control, dentro de los cinco días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Si el Juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción". Lo anterior que constituye un verdadero medio de impugnación si se tiene en cuenta que, si el Juez de Control determina como válidas las pretensiones que las partes hagan valer con dicho recurso, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Incluso, porque tiene la facultad de verificar que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. En términos de lo anterior, es decir, al quedar establecido que cuando se haya celebrado un acuerdo preparatorio en la fase inicial y si las partes tienen el derecho a acudir ante el Juez de control, dentro de los cinco días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, al estimar que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia, debe considerarse que dichas partes cuentan con un verdadero medio de impugnación y, por tanto, deben agotar dicho medio legal de defensa previamente a promover la acción de amparo; es decir, deben agotar ese medio de impugnación. Máxime que, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas y ofendidos. ANTECEDENTES Ahora, de las copias certificadas relativas a la investigación ministerial UAT/DXVII/86/2020 (fojas 144 a 153) se desprenden los antecedentes que al caso importan, y que se describen en la siguiente relatoría: 1.- La carpeta de investigación UAT/DXVII/86/2020, se formó por el 2. Fiscal Noveno de la Unidad de Atención Temprana con residencia en Veracruz, Veracruz, con motivo de la puesta a disposición del aquí quejoso y el tercero interesado, derivado de un hecho de tránsito ocurrido el dieciséis de enero de dos mil veinte (foja 35). 2.- Mediante oficio UAT-DXVII/833/2020 de seis de febrero de dos mil veinte, se remitieron las constancias de la citada investigación ministerial a la 1. Fiscalía Facilitadora Primera Certificada, con sede en Veracruz, Veracruz, a fin de agotar el mecanismo alterno de solución de conflictos (foja 34) lo cual se logró a través del "Acuerdo Reparatorio Diferido 28/2020" celebrado entre ambas partes el trece de febrero de dos mil veinte (fojas 146 y 147) en el que se establecieron las cláusulas en que se establecieron y reconocieron los derechos y obligaciones que contrajeron respectivamente, para dar por terminado el conflicto habido entre ellas, generando a su vez, el archivo temporal de la carpeta de investigación (fojas 114 y 115). 3.- Ante el incumplimiento de dicho acuerdo, mediante oficio de veinticuatro de agosto de dos mil veinte (foja 152) la 1. Fiscalía Facilitadora Primera Certificada, con sede en Veracruz, Veracruz, éste fue informado al 2. Fiscal Noveno de la Unidad de Atención Temprana con residencia en Veracruz, Veracruz, quien mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte (foja 125) ordenó reabrir la carpeta de investigación y se ordenó turnar la misa al fiscal de distrito correspondiente a fin de dar continuidad a la secuela procesal que se impone, hasta su total integración y determinación. 4.- Finalmente, mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, JESÚS RAFAEL MENDOZA RUIZ promovió juicio de amparo en contra del citado "Acuerdo Reparatorio Diferido 28/2020" de la 1. Fiscalía Facilitadora Primera Certificada, con sede en Veracruz, Veracruz. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, es evidente que en relación con el acuerdo reparatorio diferido número 28/2020 de trece de febrero de dos mil veinte, celebrado en la carpeta de investigación número UAT/DXVII/86/2020 del índice de la autoridad responsable, se actualizó la causa de improcedencia de análisis. Lo anterior es así, puesto que si el citado acuerdo preparatorio que en la especie se combate fue celebrado en la fase inicial de la investigación ministerial, entonces el aquí quejoso debió acudir ante el Juez de control, dentro de los cinco días siguientes a aquel que se aprobó el citado acuerdo reparatorio, tal como lo dispone el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser una de las partes que celebraron dicho acuerdo y por ser el que considera que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia. Máxime que en ese momento es en el que podía exponer las causas de oposición que presenta ante esta instancia constitucional, pero sobre todo porque dicho acto puede ser modificado por el juez de control que conozca de esa impugnación, de conformidad con el numeral 190 antes señalado, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige dicho juicio. En los términos anteriores, es dable concluir que si el quejoso no agotó los medios ordinarios de defensa que prevé la ley del procedimiento de origen para combatir el acto que ahora señala como reclamado y que resultaba combatible ante el juez de control; máxime que, en el caso, se considera que no se está en alguno de las hipótesis de excepción a que hace referencia la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en comento. Lo anterior es así, pues los actos no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste el acto en órdenes de aprehensión o reaprehensión -que resultaron inexistentes- autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o la resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos. Además, al ser el peticionario del amparo parte de la investigación ministerial, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento; y la procedencia de los medios de impugnación antes aludidos no están sujetos a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. De modo tal que, si el quejoso no agotó el medio de defensa contra el "Acuerdo Reparatorio Diferido 28/2020", resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. +++ SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. SÉPTIMO. Emisión y notificación de la sentencia. Finalmente, se precisa a las partes que la presente sentencia se dicta al haberse actualizado, respecto de este asunto, la hipótesis contenida en los artículos 1, fracción II, y 10, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo del a Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en consecuencia, su notificación será realizada conforme a la normatividad correspondiente, de manera escalonada y una vez que se normalicen las actividades, de acuerdo con lo establecido en el diverso numeral 11, fracción I, del citado acuerdo. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ++++++++++, respecto de los actos que se atribuyen a las autoridades responsables, según fueron precisados en el considerando segundo, por las razones y motivos expuestos en el diverso considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese la presente sentencia, haciéndolo por medio de oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa y, por medio de lista a las demás partes, en términos del último considerando de esta sentencia. Lo anterior se notifica por lista de acuerdos a la parte tercero interesada.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veinte. De la certificación secretarial que antecede se advierte que el veinticinco de septiembre actual feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista dada en proveído de diecisiete de septiembre de este año, respecto de la inexistencia de la autoridad responsable 5. Comisaria de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, con sede Veracruz, Veracruz, sin que hiciera manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el aludido auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, y al efecto, se tiene por inexistente a la referida autoridad y se suspende toda comunicación con ella. De conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista a las partes el contenido del presente proveído.
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