Jesús Rafael Macías Macías
Expediente 708/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Jesús Rafael Macías Macías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
-Análisis de cumplimiento y archivo - Visto el estado de los autos; con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes en el presente juicio, que mediante oficio SEADS/090/2017, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, determinó designar al licenciado José Guadalupe Arias Ortega, como Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en esta ciudad, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el primero de julio de dos mil dieciséis por este juzgado, se concedió el amparo para los siguientes efectos: Deje insubsistente la resolución de plazo constitucional de quince de abril de dos mil dieciséis, en la que se decretó el auto de formal prisión impugnado, en los autos de la causa penal...., del índice de la autoridad jurisdiccional responsable; y, en su lugar, Ordene la reposición del procedimiento, a partir de la declaración preparatoria del encausado; en el que se salvaguarde el derecho efectivo a una adecuada defensa en los términos que han sido expuestos en este fallo; particularmente, dejando constancia del sustento documental que demuestre la calidad de abogado del defensor nombrado y, en su caso, se desahoguen las pruebas y se ordenen las diligencias que se ofrezcan dentro del plazo constitucional en aras de una efectiva defensa del inculpado; y, Hecho lo anterior, transcurrido el plazo constitucional, con plenitud de jurisdicción, se dicte la resolución que conforme a derecho proceda, pero estimando la ilicitud de la declaración ministerial vertida ante el fiscal integrador por el imputado Jesús Rafael Macías Macías, de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, por haber sido incorporada a la averiguación previa...., origen de la causa penal...., con violación al derecho de adecuada defensa y la excluya de la valoración correspondiente, resolviendo lo que en derecho proceda. Inconforme con el aludido fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión (fojas 83 a 90), del que toco conocer al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que mediante ejecutoria emitida treinta y uno de enero de la presente anualidad, en el amparo en revisión penal 343/2016, determino modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para que: De esta manera, al ser fundado pero insuficiente lo alegado, el fallo recurrido únicamente debe modicarse en cuanto a los efectos de la concesión, es decir, prescindiendo solamente de lo relativo a la exclusión de la declaración ministerial del quejoso del material probatorio, subsistiendo lo concerniente a la reposición del procedimiento, a partir de la declaración preparatoria del encausado para que se le de el uso de la voz al inicio de dicha audiencia para que en su caso, de forma libre, nombre a un defensor de su confianza y de no hacerlo, se le designe uno de los del Estado, dejando constancia del sustento documental que demuestre la calidad de abogado del que sea nombrado. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la ejecutoria emitida por el aludido Tribunal Colegiado y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma (fojas 113 a 115). Por oficio recibido en este Juzgado, el tres de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Interino del Juzgado Primero de lo Penal del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El uno de febrero del año en curso, dentro de la causa penal...., instruida en contra de la parte aquí quejosa, se ordeno, dejar insubsistente el auto de termino constitucional de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, mismo que resolvía la situación jurídica de impetrante de amparo, ordenado de igual forma la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria de los inculpados (foja 126). Posteriormente por acuerdo de fecha siete de febrero del año en curos, se le tuvo a dicha autoridad en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dejándole saber que subsistía la obligación de dar cumplimiento de inmediato a la ejecutoria de amparo. Por oficio recibido en este Juzgado, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, el Juez Interino del Juzgado Primero de lo Penal del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió copia certificada de la resolución con lo que se dio vista. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El siete de febrero del año en curso, dentro de la causa penal...., instruida en contra de la parte aquí quejosa, se determino la exclusión probatoria de la declaración ministerial de Jesús Rafael Macías Macías, ello el actualizarse violaciones de formalidad esenciales del procedimiento y por tanto no deberían ser tomadas en consideración,(foja 183), finalmente, se decreto el auto de libertad por falta de elementos para procesar, por el delito de robo calificado, en favor del solicitante de amparo (foja 191). Ordenó la notificación al quejoso (foja 191 y 192). En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el primero de julio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el veintiuno de febrero dos mil diecisiete; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. III
- Principal
Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Estado, por medio del cual informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe los documentos respectivos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado en su caso, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.(III)
- Principal
Visto el oficio signado por la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Estado y en atención a su contenido, téngasele informando que se encuentra en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente expediente, por las razones que indica. Al respecto, hágasele de su conocimiento, que subsiste la obligación de dar cumplimiento de inmediato con la ejecutoria de amparo y de remitir las constancias con las que lo acredite, así como las prevenciones que se le hicieron al requerirle el mismo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.(III)
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, por el que remite: a) el testimonio de la resolución pronunciada en sesión de diecinueve de enero del año en curso, dentro del amparo en revisión... b) el expediente...del índice de este Juzgado. Hágase del conocimiento de las partes, acúsese el recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. De la ejecutoria de cuenta se desprende que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida, dictada el uno de julio de dos mil dieciséis por el Juez Segundo de Distrito en el Estado en el juicio de amparo indirecto 708/2016-III. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jesús Rafael Macías Macías, contra las autoridades y por los actos precisados en el punto 7 de esta resolución y para los efectos señalados en la sentencia recurrida, con la salvedad precisada en el punto 34 de este fallo. Notifíquese." Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." En el entendido que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Devuélvase a la Juez Primero de lo Penal del Estado, el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado. En atención a que la Superioridad determinó modificvar la sentencia impugnada, y conceder la protección constitucional, remítase copia autorizada de la ejecutoria de cuenta a las autoridades responsable, para los efectos precisados con antelación. Apoya lo anterior, la tesis aislada registrada con el número 2013030, del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, 11 de noviembre de 2016, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo."(III)
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