Jesús Rafael López Contreras
Expediente 3236/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3236/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/12/2018
Partes del expediente
- Jesús Rafael López Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL PERITO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LUIS OCTAVIO LOPEZ LIMÓN EL AUTO DE 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Visto el estado de autos se advierte que en proveído de doce de noviembre del actual, la Comisión Nacional del Agua Organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico remitió copias certificadas del procedimiento administrativo JAL-0-0042-02-10-14-S; por ello, de conformidad con los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere al perito oficial, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la presente notificación subsane las deficiencias destacadas en su dictamen correspondiente, mismas que fueron aseveradas en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa según lo establecido en los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, que consiste en multa de cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, se advierte que no obra notificación del proveído de veinticuatro de septiembre del actual, al perito de la autoridad responsable, en tales condiciones, se comisiona al actuario judicial correspondiente para que realice la notificación de mérito, y estar en aptitud de requerir a dicho perito a fin de que subsane las deficiencias de su dictamen pericial. En consecuencia, a fin de dar oportunidad de que ello ocurra y respetar así los principios rectores del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las doce horas del veintitrés de enero de dos mil diecinueve para su celebración. ASÍ COMO EL AUTO DE 24/09/2018, QUE DICE: Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el trece de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del recurso de revisión *****; en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo *******.. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento para los efectos precisados en el considerando último de esta resolución." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Entonces, se ordena la reposición del procedimiento y se fijan las doce horas del cinco de noviembre de dos mil dieciocho para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, del testimonio de cuenta, se desprende que la superioridad destacó dos puntos a subsanar en la integración del presente juicio, el primero: "Entonces, atendiendo a las constancias que conforman el juicio de amparo indirecto, se advierte que junto con la demanda de amparo la parte quejosa aportó diversas copias simples de constancias vinculadas al expediente JAL-0-0042-02-10-14-S, y que invariablemente fueron tomadas en cuenta por la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenta Lerma-Santiago-Pacífico, para emitir precisamente el acto reclamado. Así es, al escrito inicial se allegaron diversos acuses de veinticinco de noviembre de dos mil catorce; oficio BOO.00.812.08.1.-788/2014 relativo a la delimitación de zona federal; acta de notificación de permiso para construcción de ocho de abril de dos mil quince; y, el propio permiso reclamado (Tomo I, fojas 43 a 56) Asimismo, en su informe justificado la autoridad responsable no adjuntó documento alguno, sino que se remitió a las documentales aportadas por el propio quejoso, que se reitera fueron aportadas en copias fotostáticas simples (Tomo I, foja 204 vuelta). Posteriormente, a instancia del juez de Distrito la referida responsable aportó solamente copia certificada del permiso reclamado (Tomo II, fojas 746 a 754). (.) En seguimiento de ello, si en el caso particular se cuestiona la legalidad del "Permiso para construcción o modificación en zonas federales", que constituye el acto administrativo último dentro del procedimiento administrativo llevado en el expediente JAL-0-0042-02-10-14-S, la mencionada autoridad responsable tenía obligación de acompañar a su informe justificado las actuaciones propias de ese expediente, ya que su contenido está concatenado con la materia de este litigio." Luego, el segundo: "(.)El impetrante elaboró los cuestionamientos enlistados del "1" al "15", mientras que la parte tercera formuló de la "Primera Ampliatoria" a la "Décima Sexta Ampliatoria", mientras que la autoridad responsable añadió los puntos del "1" al "11", tal y como se observa, respectivamente, a folios 72 a 74, 137 a 141 y 382 a 384 del tomo I. Entonces, al imponerse del dictamen rendido y ratificado por el diestro Adolfo Pinedo Martínez, designado por la parte tercera interesada, se observa que se pronunció sobre la totalidad de los cuestionamientos referidos por las partes (Tomo II, folios 422 a 457 y 503). Por su parte, la opinión pericial emitida y ratificada por Luis Octavio López Limón, nombrado por la autoridad responsable, se concretó solamente a los puntos formulados por la parte quejosa y la propia Comisión Nacional del Agua, quedando pendiente de respuesta las adiciones de la parte tercera interesada, (Tomo II, fojas 567 a 619 y 621). Pero además, al responder la pregunta número "3" de las adiciones de la autoridad, el experto señaló en un segmento: ""En ese orden, puedo establecer que el arroyo El Bajío Grande-Salitre, tenía antes del otorgamiento del permiso No. OCLSP.02-2015 de fecha 20 de febrero de 2015, a Arboledas de San Isidro A.C. y tiene actualmente un ancho promedio de metros con un tirante promedio de metros correspondiéndole una superficie de zona federal de 10 metros a cada margen del arroyo."" Por último, en cuanto al dictamen ratificado del Perito Oficial Héctor Manuel Salinas Hermosillo, se desprende que dicho diestro sí se pronunció con respecto a cada uno de los cuestionamientos señalados por las partes (Tomo II, 690 a 714). Sin embargo, al imponerse de sus respuestas se evidencian diversos cuestionamientos que el diestro no contestó frontalmente, así como otras respuestas que pueden asumirse incongruentes, y que a guisa de ejemplo se destaca lo siguiente: En cuanto a las cuestiones marcadas con el números "2" y "5" de la autoridad responsable, así como a la "Cuarta" formulada por la parte tercero interesada, el perito respondió: ""2.- Que con base a los trabajos técnicos de campo y gabinete respectivos, determine si el denominado arroyo El Bajío Grande-Salitre, es de propiedad nacional por ser un bien inherente a las aguas nacionales a que se refiere el artículo 27 de la constitución federal"". ""RESPUESTA.- esta pregunta es de carácter legal, no de la especialidad que fui nombrado que es en TOPOGRAFÍA."" ""5.- Que determine en base a los trabajos técnicos de campo y de gabinete respectivo, si el permiso de 20 de febrero de 2015 a Arboledas de San Isidro A.C., otorga anuencia para obra hidráulica privada a realizarse sobre bienes nacionales como es el Arroyo El Bajío Grande-Salitre, o sobre diversas superficies agrarias o particulares. RESPUESTA.- El permiso autorizado el 20 de Febrero de 2015 a Arboledas de San Isidro, A.C., fue sobre la margen derecha del arroyo El Bajío Grande, desconociendo si esta sea o no de propiedad nacional, ya que en autos no encontré que la autoridad haya acompañado la declaratoria de bienes nacionales sobre el mencionado arroyo, en donde se autorizó la construcción de la obra de drenaje, el cual atraviesa físicamente 900.00 metros lineales sobre las propiedades del quejoso, apreciándose en dicho permiso expedido por la C.N.A., que únicamente cuenta con una sola coordenada geográfica o geodésica, que al convertirla a coordenada UTM, me arrojó que está localizada muy distante de las propiedades del quejoso, además de que con una sola coordenada no se puede determinar el curso de un arroyo o dibujar o determinar el trazo de alguna línea."" ""CUARTA.- Diga el perito, atendiendo a la documentación aportada al juicio interdictal del que emana el acto reclamado, así como de las inherentes al juicio de amparo indirecto en que se propone el medio de convicción indirecto que nos ocupa, si tuvo a la vista el permiso que bajo el folio N. OCLSP-02-2015, de fecha 20 del mes de Febrero de 2015, para construcción o modificación de obras federales, se expidió por parte de la comisión nacional del agua, a favor de "ARBOLEDAS SAN ISIDRO, A.C."" ""RESPUESTA.- Si"". De lo hasta aquí destacado, el diestro oficial de manera impropia establece la premisa que no puede definir si el arroyo El Bajío Grande-Salitre es propiedad nacional, por tratarse de un aspecto de carácter legal y no propio de su especialidad en Topografía. Empero, ello constituye una afirmación incorrecta, por incurrir en una falacia de petición de principio, porque si bien la delimitación, los supuestos y condiciones que permiten establecer cuándo se está frente a un bien propiedad de la nación, se contemplan en cuerpos legales y otros ordenamientos normativos, también es verdad que el conocimiento y aplicación de éstos no es privativo de una rama profesional, que a su vez excluya a otras, como lo pretende demostrar el perito oficial; esto es así, porque las disposiciones aplicables implican aspectos y rasgos técnico-científicos que necesariamente requieren del auxilio de un experto que esclarezca a su leal saber y entender, en cuáles casos y bajo qué circunstancias se configura la propiedad de la nación, concretamente a parir de los cauces de cuerpos acuíferos; máxime, que el perito oficial al haber aceptado y protestado el cargo, implícitamente reconoció su capacidad profesional para atender los puntos a que estaría sujeta la prueba en comento. Y, precisamente, será a partir de esa opinión pericial que se permitirá al órgano jurisdiccional tomar una decisión al respecto; a más, que se insiste, en el juicio de amparo, la prueba pericial no constituye una prueba colegiada y destaca por su primordial relevancia el dictamen del diestro oficial. Sumado a lo anterior, destaca que el perito en mención, reiteradamente sostiene que no localizó la declaratoria de bienes nacionales sobre el mencionado arroyo, siendo que ésta se encuentra inmersa en el mismo permiso reclamado, el cual sí reconoció haber tenido a la vista. " Como se advierte de las trascripciones que anteceden, la superioridad consideró que para emitir una sentencia que resuelva conforme a derecho la litis planteada, es necesario -en primer término- contar con las actuaciones del procedimiento administrativo JAL-0-0042-02-10-14-S; asimismo -en segundo término-, ponderó que los dictámenes periciales rendidos por los peritos de la autoridad responsable y el oficial, contienen inconsistencias que deben ser corregidas. Por ello, de conformidad con los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a las siguientes partes, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la presente notificación y cumplan con lo siguiente: A la Comisión Nacional del Agua Organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico, para que remita copias certificadas del procedimiento administrativo JAL-0-0042-02-10-14-S. Al perito de la autoridad responsable y al perito oficial, a fin de que subsanen las deficiencias destacadas en sus dictámenes. Se le apercibe que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedores a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
ESTE ASUNTO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO.
- Principal
Por este conducto se notifica al perito oficial el auto de 23 de noviembre de 2018 que dice: Vista la cuenta que antecede, se provee: téngase por recibido el oficio signado por la Directora General de la Secretaría Técnica de Asuntos Periciales del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual, informa que se autorizó el pago de los honorarios del perito oficial en materia de topografía, Héctor Manuel Salinas Hermosillo, por la cantidad de ***. En vista de lo anterior, se requiere al diestro en mención, para que en el término de tres días contados a partir del en que surta efectos la notificación de este proveído, se presente a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, a aceptar y protestar el cargo, que se le confiere, y señale si cuenta o no con alguno de los impedimentos que contempla el artículo 66 de la Ley de Amparo, para ejercer el cargo encomendado; una vez realizado lo anterior, se le otorga un término de diez días, de conformidad a lo dispuesto en la fracción I del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que presente su dictamen pericial en materia de topografía y dentro de los tres días siguientes lo ratifique ante la presencia judicial de este Juzgado de Distrito; apercibiendo al perito en mención, de que de incumplir o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario, de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos), en moneda nacional, tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a ($80.60 ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional), establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; acorde con el artículo 237, fracción I, de la Ley que rige a la materia antes invocada.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el seis de noviembre de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Finalmente, analizadas que fueron las constancias que integran este sumario, se advierte que en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó formar los cuadernos de pruebas respectivos, con las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco consistentes en copias certificadas del juicio laboral de origen 1078/2008; sin embargo, al resultar innecesaria la conservación de las mismas, se ordena su devolución a la referida Junta para los efectos legales conducentes.
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