Jesús Rafael Herrera Domínguez

Expediente 199/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
199/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Jesús Rafael Herrera Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    El Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad solicita información y copias certificadas del juicio de amparo... del índice de este órgano jurisdiccional... no es posible acordar de conformidad su solicitud, debido a que, del acta de destrucción correspondiente al seis de diciembre de dos mil dieciocho, de expedientes que se encontraban resguardados en el Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Apizaco, Tlaxcala, se advierte que el juicio de amparo de referencia fue destruido... la promoción de cuenta y el acuerdo relativo serán glosados al cuaderno de varios de este año...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo indirecto contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Córdoba, Veracruz y otra; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio de amparo indirecto 199/2022 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha ley. Por otro lado, del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, cuanto se trate de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y, específicamente en procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De los artículos legales mencionados, se deduce que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y puedan reclamarse en la demanda respectiva las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, cabe destacar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse a través del juicio de amparo, por ser de interés público. Por otra parte, existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Ahora bien, en relación con el procedimiento de remate, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz contempla lo siguiente. De conformidad con el artículo 431 del citado código, una vez aprobado el remate, el juez o jueza deberá mandar el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes, y en el auto respectivo deberá prevenir a la persona compradora que consigne, ya sea ante el juez o la jueza, o ante el notario o la notaria que vaya a autorizar la escritura respectiva, el precio del remate. Consecuentemente el artículo 432 siguiente establece que una vez consignado el precio, se hará saber a la parte deudora que dentro del tercero día otorgue la escritura de venta a favor de la parte compradora, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, quien juzgue lo hará en su rebeldía, haciéndolo constar así. En ese mismo sentido, el artículo 433 del código en cita establece que una vez otorgada la escritura se darán a la parte compradora los títulos de propiedad, y en su caso se apremiará a la parte deudora para que los entregue, y se pondrán los bienes a disposición de la parte compradora, para lo cual se darán las órdenes necesarias aun las de desocupación. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado por el promovente es el siguiente: La resolución de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, que dictara la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del toca ***, donde se desechó el recurso de apelación presentado por la parte quejosa dentro del expediente civil número *** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz, previo a llevar a cabo una audiencia de remate en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno. No pasa desapercibido que la parte quejosa señala que se llevó a cabo la audiencia de remate, sin que se hayan publicado correctamente los edictos ordenados en dicho expediente judicial, esto es de siete en siete días. Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado no se advierte que en éste se hubiera dictado determinación alguna que continuara el procedimiento respectivo y se ordenara el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, contemplado en los artículos 431 a 433 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Así mismo se advierte que la parte quejosa reconoce ser parte en el procedimiento respectivo. CONCLUSIÓN De lo expuesto, se concluye que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución; en ese sentido, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, pues no se ha ordenado la escrituración del bien, ni se ha ordenado su entrega, sino que en dicho procedimiento el Juzgado Segundo de Primera Instancia con residencia en Córdoba, Veracruz, únicamente celebró la audiencia de remate. Máxime que se advierte que la parte quejosa es parte en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por lo que no se actualiza ninguna excepción a la causa de improcedencia que se invoca. Por lo tanto, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, debido a que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas que nombra, por no contar con dicho registro. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se exhorta a la parte quejosa a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, puedan consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los "Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico". LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.

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