Jesús Rafael Añorve Polanco
Expediente 495/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Rafael Añorve Polanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa el término de tres días, otorgados a efecto de que realizara manifestaciones en relación a la vista ordenada en proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubiera hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, la suscrita considera necesario realizar un análisis con relación a si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado Federal, se concedió la protección de la justicia federal para los efectos siguientes: ".el tribunal responsable una vez desahogada la prueba de inspección ofrecida en el incidente de liquidación promovido en el juicio laboral de origen, remita a este órgano jurisdiccional las constancias con que acredite su desahogo." 5. Conclusión. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en el fallo federal. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO, toda vez que otorgó la protección de la justicia federal.
- Principal
Glósese a los autos el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas del auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por el cual llevó a cabo el desahogo de la prueba de inspección ordenada por auto de uno de agosto del año en curso, dentro del juicio laboral ********************; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del proveído de uno de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 145/2013, en el que se reprograma la prueba de inspección judicial para las trece horas del veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales correspondientes. Reitérese a la autoridad laboral que continúa vigente el apercibimiento decretado el veinticinco de julio de dos mil diecisiete.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecisiete (fojas 32 a 38); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su titular, Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Una vez desahogada la prueba de inspección ofrecida en el incidente de liquidación promovido en el juicio laboral de origen, remita a este órgano jurisdiccional las constancias con que acredite su desahogo. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, con arreglo a los artículos 238, 258 y 192 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que dicha Unidad de Medida y Actualización es de $80.04 (ochenta pesos con 04/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la tesis XIX. 1o.P.T. J/6 (9ª), consultable a página 1545, con No. de registro 160,832 del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en rubro y texto dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, AL TENER LA NATURALEZA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES, LOS REQUERIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN HACERSE DIRECTAMENTE A ELLAS, POR NO TENER SUPERIORES JERÁRQUICOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con diversos criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIX, página 274, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."; se advierte que las Juntas y Tribunales de Conciliación y Arbitraje al tener la naturaleza de órganos jurisdiccionales no tienen superiores jerárquicos, dicho aspecto las inscribe en el elenco constitucional de las entidades que conforman el sistema de administración de justicia, razón por la cual, su actuación se encuentra regida por los principios de imparcialidad, autonomía e independencia jurisdiccional, cuya característica en el ejercicio de la función judicial presupone la inexistencia de relaciones de subordinación o superioridad jerárquica, fundada de modo relevante en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si se reconociera la existencia de relaciones de jerarquía o mando capaces de someter a los tribunales, aunque sea en cualquier grado, entonces la jurisdicción sería funcionalmente desnaturalizada. Por lo anterior, resulta inconcuso que los requerimientos de cumplimiento a las ejecutorias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales del trabajo, de conformidad con el artículo 105, párrafo primero de la Ley de Amparo."
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