Jesús Rafael Aguilar Fuentes
Expediente 907/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jesús Rafael Aguilar Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Visto el estado de autos, se advierte que en auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se ordenó archivar el presente juicio como asunto concluido, sin embargo, el quejoso acompañó a su demanda de amparo diversos documentos originales. Consecuentemente, a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, infórmese a la parte quejosa que quedan a su disposición los documentos que exhibió en este sumario, los que deberá recoger dentro del término de noventa días hábiles contado a partir de que se le notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será destruido. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Finalmente, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Una vez hecho lo anterior, como está ordenado en auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, archívese este expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se ordenó archivar el presente juicio como asunto concluido, sin embargo, el quejoso acompañó a su demanda de amparo diversos documentos originales. Consecuentemente, a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, infórmese a la parte quejosa que quedan a su disposición los documentos que exhibió en este sumario, los que deberá recoger dentro del término de noventa días hábiles contado a partir de que se le notifique este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, será destruido. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Finalmente, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Una vez hecho lo anterior, como está ordenado en auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, archívese este expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Medidas preventivas adoptadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, se encontraba pendiente de causar estado el proveído a través del cual se desechó la demanda de amparo, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Estado de autos y certificación. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Causa estado. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el dos de diciembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo con que se formó este juicio de amparo y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, en virtud de que este asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, y otras autoridades, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno con el consecutivo 907/2020-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). I. Actos reclamados. Los actos reclamados que constituyen la materia del asunto que nos ocupa, lo son: a) Licencia otorgada por tiempo indefinido a Francisco Xavier Nava Palacios, en el cargo de Presidente Constitucional del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el catorce de noviembre de dos mil veinte. b) Designación de Alfredo Lujambio Cataño como Presidente Constitucional del Ayuntamiento de San Luis Potosí. c) Acta de la cuarta sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, iniciada el trece de noviembre de dos mil veinte y culminada el catorce siguiente, y en cuyo desahogo se asentaron los actos anteriores. II. Hipótesis. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. III. Marco normativo. i) Interés legítimo. Es necesario realizar algunas precisiones en torno a la figura jurídica del interés legítimo como presupuesto para promover el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa disposición constitucional fue interpretada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 111/2013. En ese asunto, en primer término, fue referido que el seis de junio de dos mil once, fue publicada la reforma constitucional mediante la cual se realizaron diversas modificaciones al esquema y alcances del juicio de amparo, entre las cuales estaba el cambio en el interés necesario para promover dicho medio de control de constitucionalidad establecido en la fracción I del artículo 107 constitucional, la cual quedó redactada en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal directa;...". En la sentencia del Pleno fue enfatizada la distinción introducida por el Poder Reformador en el interés necesario para acudir al juicio de amparo indirecto, pues con la nueva redacción de la fracción I del artículo 107 constitucional ese requisito no es igual si se impugnan actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese sentido, en términos generales fue establecido que el juicio de amparo indirecto se sigue a instancia de parte agraviada, entendida ésta, como el titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución y que ello afecta su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Sin embargo, en el supuesto de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, necesariamente el quejoso debe ser titular de un derecho subjetivo afectado de manera personal y directa. Acorde con la reforma constitucional referida, en la sentencia del Pleno, fue referido que el dos de abril de dos mil trece fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley de Amparo, cuyo artículo 5° fue redactado como sigue. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Precisadas las disposiciones en las que se establecieron los elementos normativos del interés legítimo, en la sentencia fueron desarrolladas diversas precisiones terminológicas desde una perspectiva teórica a efecto de atribuir significado y precisar los alcances de la fracción I del artículo 107 constitucional. En ese sentido, fue señalado que el interés en su acepción jurídica, refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, mediante la cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés, puede clasificarse de diversas formas con base en la acción jurídica a la cual se refiere. Algunos de los criterios más empleados por la doctrina, aludidos en la sentencia del Pleno, por su especial relevancia para el análisis del interés legítimo, fueron los siguientes: I. En atención al número de personas afectadas por el acto reclamado, el interés puede clasificarse en: a) individual y b) colectivo o difuso. II. En atención al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, el interés puede clasificarse en: a) simple, b) legítimo y c) jurídico. En cuanto a los tipos de interés, en atención al número de personas afectadas, por el acto reclamado fue señalado que el interés individual se refiere a la afectación de la esfera jurídica de un individuo, con independencia del nivel de afectación que resienta; mientas que el interés difuso y colectivo son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, por lo que la afectación resentida es indivisible. Asimismo, se precisó que respecto del interés difuso y colectivo, es posible realizar una sub clasificación, pues un sector de la academia indica que los intereses colectivos son los intereses comunes a una colectividad de personas entre las que existe un vínculo jurídico, mientras que en los intereses difusos no existe tal vínculo jurídico, sino solamente situaciones contingentes o accidentales. No obstante, fue señalado, que tanto el interés colectivo como el difuso, comparten como nota distintiva la supraindividual, es decir, son indivisibles, lo que no significa que tales circunstancias escapen de la dimensión individual, pues la repercusión recae directamente en personas identificables, pero la afectación trasciende de la esfera jurídica subjetiva y se proyecta en un grupo, categoría o clase en conjunto. Por otra parte, en cuanto a la clasificación del interés en atención al nivel de afectación o intensidad de relación, con la esfera jurídica de la persona, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo por el solo hecho de ser miembro de la comunidad; mientras que el interés jurídico, es aquel identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de ello. Sobre el interés legítimo, a manera de aproximación inicial fue indicado que se trata de una legitimación intermedia, entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica, entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. En la sentencia del Pleno fue añadido que el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto reclamado produce un beneficio o efecto positivo, en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, fue concluido que para que exista un interés legítimo se requiere de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual una eventual sentencia protectora implicaría la obtención de un beneficio determinado no lejanamente derivado, sino, resultado inmediato, de la resolución que se llegue a dictar. Al respecto, fue precisado que tal parámetro de razonabilidad no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte, para analizar la validez de disposiciones normativas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación, por lo que dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. De ahí, que el Pleno sostuviera que el interés legítimo, consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que no se identifica con el interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, fue abundado en la sentencia que mediante este interés legítimo el demandante está en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien ésta se diferencia del interés del resto de la sociedad, lo cierto es, que no requiere provenir de una facultad otorgada, expresamente, por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En ese sentido, fue aclarado que la apreciación del interés legítimo, por parte del órgano competente, a efecto de verificar su existencia no depende de la sola afirmación del interesado en el sentido de que cuenta con el interés suficiente, pues que aquél implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico no significa que no deba acreditarse, aunque tampoco existe algún impedimento para que el juez constitucional, mediante inferencias lógicas, concluya que en el caso el demandante cuenta con interés legítimo. Por otra parte, también fue señalado que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha sido adecuado para justificar la legitimación de entidades de base asociativa, lo cierto es, que tal función no es exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico también puede referirse a una persona en particular, es decir, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es, que tal asociación no es absoluta e indefectible. Finalmente, fue precisado que el interés de que se trate, en todo momento, deberá interpretarse acorde con la naturaleza y funciones del proceso constitucional, convencional o legal del cual sea parte, lo cual, al tratarse ese caso de una contradicción de tesis respecto de ese tipo de interés para la procedencia del juicio de amparo indirecto significó analizarlo a la luz de la función primordial del juicio, a saber, la protección de los derechos fundamentales de las personas; razón por la cual el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional cobró especial relevancia. Con base en lo anterior, el Pleno definió que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada, expresamente, por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad por tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia, que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una disposición jurídica, pero basta que en ella se establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, aunque tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, el cual no puede ser derivado lejanamente, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso, en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) El quejoso tiene un interés propio distinto, del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico; cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la resolución del Pleno no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso, del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. ii) Causal de improcedencia. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". De acuerdo con la disposición normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), del tenor: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". IV. Análisis del caso concreto. En su calidad de residente de esta ciudad, el quejoso reclama la licencia otorgada por tiempo indefinido a Francisco Xavier Nava Palacios, en el cargo de Presidente Constitucional del Ayuntamiento de San Luis Potosí; designación de Alfredo Lujambio Cataño como presidente de ese ayuntamiento; así como el acta de sesión en la se hicieron constar dichos actos. Lo anterior, porque fundamentalmente tales actos violan en su perjuicio el derecho a una democracia efectiva, tutelado en los numerales 25, 26, 39 y 40 constitucionales, pues mediante el voto, los ciudadanos confirieron un mandato a Francisco Xavier Nava Palacios para que se desempeñara como funcionario público por todo el tiempo que durara su encargo. De igual forma, dado que las autoridades responsables aprobaron que un servidor o funcionario público faltara al desempeño fiel de sus deberes, dejando de lado que la ciudadanía la eligió atendiendo a sus características personales y en el entendido que por disposición del numeral 5° constitucional, los cargos de elección popular, directa o indirecta, tienen el carácter de obligatorios. De modo que, la transferencia de ese mandato a persona distinta de la electa por los votantes sólo tendría cabida por causa justificada, caso fortuito o fuerza mayor, lo que no lo es determinar contender como candidato para diverso puesto de elección popular, dejando un mandato inconcluso. Sin embargo, la sola calidad del quejoso como residente de la ciudad de San Luis Potosí no implica que hubiere resentido un perjuicio en su esfera jurídica necesario para que le asista interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, y que una eventual sentencia protectora se traduciría en un beneficio a su favor con la cancelación de la licencia otorgada a Francisco Xavier Nava Palacios, en el cargo de Presidente Constitucional del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Ello es así, en razón de que sólo basa su pretensión en que como parte de la sociedad del Municipio de San Luis Potosí, tiene interés en que la persona elegida para ocupar el cargo de Presidente Constitucional del Ayuntamiento de San Luis Potosí cumpla con el periodo correspondiente a dicha función, lo que implica un mero interés simple, pues no evidencia cómo dicho acto o sus consecuencias afectan directa o indirectamente sus derechos fundamentales de conformidad con su especial situación frente al orden jurídico, ni señala cuál sería esa situación -de hecho o de derecho- concreta que se vería afectada o beneficiada con la concesión o negativa del amparo y menos aún, cuál sería el beneficio real y específico, inmediato o mediato, que en su esfera jurídica concreta pudiera obtener con la regulación de la legalidad de los actos que reclama. Así, el simple interés en la legalidad de la licencia otorgada por tiempo indefinido a Francisco Xavier Nava Palacios, en el cargo de Presidente Constitucional del Ayuntamiento de San Luis Potosí; designación de Alfredo Lujambio Cataño como presidente de ese ayuntamiento; así como el acta de sesión en la se hicieron constar dichos actos, como residente de esta ciudad, no faculta al quejoso para incoar la acción constitucional de amparo, pues se requiere de una afectación a su esfera jurídica que ante una eventual sentencia protectora implicaría la obtención de un beneficio determinado. Además, la circunstancia de que se introdujera en la Constitución y Ley de Amparo el interés legítimo no puede traducirse en una apertura absoluta para que aduciendo tenerlo, baste la presentación de la demanda o las manifestaciones del quejoso, bajo protesta de decir verdad, para que proceda el juicio de amparo, ya que la introducción del referido concepto jurídico, exige al peticionario de amparo demuestre algo más que un interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera de derechos en algún sentido. No escapa a la vista del suscrito que en la jurisprudencia 2a./J. 16/2013 (10a.), la que aborda lo relativo a si es procedente o no la suspensión provisional cuando se reclama el otorgamiento de licencia a un presidente municipal para separarse del cargo, se estableció que la demostración de la existencia de un interés legítimo es un aspecto vinculado con la procedencia del amparo que debe ser materia de estudio en el juicio principal. Sin embargo, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria), de modo que al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple, y si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Ante lo cual, en el caso concreto es válido desechar la demanda de amparo promovida por Jesús Rafael Aguilar Fuentes, puesto que de los hechos y razones expuestas en la demanda se advierte con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso (residente de esta ciudad) frente a los actos reclamados implica un mero interés simple, pues su reclamo sólo busca la mera legalidad de esos actos, lo que ante una eventual sentencia protectora no le traería un beneficio real y específico en su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circulación 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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