Jesus Rabadan Torres

Expediente 488/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
488/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Jesus Rabadan Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito del quejoso ***, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que se anexaron a su escrito inicial de demanda y señala a distintas personas para recibirlas a su nombre. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvanse a la parte promovente las constancias que solicita, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos para debida constancia legal, y téngase como autorizadas para recibirlas a las personas que indica para tal efecto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérase a la citada parte, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las constancias en mención, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese. QSJA

  2. Principal

    MESA VIII. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual remite copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral ***, de las que destaca el auto de quince de junio de dos mil veintiuno, en que señala nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, posteriores a la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial (veintinueve de junio de dos mil veintiuno), remita a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias con que acredite su desahogo. Conforme a lo anterior, se apercibe a ***, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, [.]. Notifíquese. QSJA

  3. Principal

    MESA VIII .Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Encargada de despacho de Predial y Catastro del Municipio de Temixco, Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 488/2021-VIII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento... Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: La negativa de inscribir en el padrón del registro público de la propiedad, los predios de los cuales se ostenta poseedor la parte quejosa. De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causal de improcedencia, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución" LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en esta materia, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Es oportuno precisar, que si de acuerdo a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan", entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados... Bajo esa premisa, es menester transcribir los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de MorelosPor su parte, el artículo 18, apartado B), fracción I, inciso a) y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de MorelosDe estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de impugnar la negativa que reclama de la Encargada de despacho de Predial y Catastro del Municipio de Temixco, Morelos, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dado que el supuesto de referencia está previsto en el artículo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de derechos fundamentales. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra los actos, omisiones o resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. De lo antes expuesto, se puede concluir que la negativa reclamada en el presente juicio de amparo puede y debe ser impugnada mediante el juicio de nulidad, conforme a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, máxime que los requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión de la ejecución de los actos, en términos de los numerales 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no son mayores para obsequiar la medida suspensional a lo que establecen los numerales 125, 128, 129, 131, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo. Ello es así, en la medida de que la suspensión puede solicitarse en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, y antes de la citación para sentencia; siempre que no se cause perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio; y tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en la citada ley, así como que la autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o su denegación dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión. En las relatadas condiciones, en contra de la negativa que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, procede el juicio de nulidad previsto en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; en consecuencia, la parte quejosa está obligada a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo que significa que es improcedente el juicio de amparo en esta vía bi-instancial, ya que el referido acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común en términos de los preceptos citados en párrafos precedentes, ya que son estos los que en su caso rigen al acto reclamado y podrían modificar, revocar o, decretar su nulidad. Cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, en primer lugar, porque como ya se dijo, a través de la promoción del juicio de nulidad pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, en términos de los artículos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por otro lado, en relación a que no es obligación de la promovente agotar los recursos o medios de defensa cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, al respecto, la parte quejosa aduce violaciones al artículo 1, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma hace valer cuestiones de legalidad; por lo que no constituye una transgresión directa a la Constitución, sino más bien un tema de legalidad, de ahí que la excepción se actualiza sólo cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se impugna al mismo tiempo en la demanda de amparo, temas de legalidad. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, en virtud de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el Juez de Distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa a los órganos del control constitucional del Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito... Por otro lado, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales. Consecuentemente, debe determinarse a continuación si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo de su primera aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, de la demanda de cuenta no se advierte que el promovente reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. 2. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, si bien la parte quejosa aduce violaciones a sus derechos fundamentales; es de apreciarse que no le asiste el carácter de tercero extraño. Consecuentemente, ya que no se verificó excepción alguna al principio de definitividad, se estima que debió promoverse el juicio de nulidad antes de acudir a la instancia constitucional. Así, la parte promovente está obligada a observar el principio de definitividad que rige la materia, en tanto que el hecho de que el acto reclamado pueda obtener la cualidad de ser irreparable, no la exime de hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en su contra, como es precisamente el juicio de nulidad, ya que la definitividad se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados... Consecuentemente de lo expuesto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Cabe destacar que la determinación anterior no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ********. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente... DOMICILIO PROCESAL Ahora, y toda vez que la parte quejosa señaló, en la demanda de amparo como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, se tiene como tal las listas que se publican en los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III inciso a) de la ley en la materia, por lo que se ordena que ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, se le realicen por medio de lista... AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones a ***, ***, toda vez que no proporcionan los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la ley de la materia.. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. QSAJ

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