Jesús Quiróz Iglesias

Expediente 1419/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1419/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
24/10/2016

Partes del expediente

  • Jesús Quiróz Iglesias

Actuaciones

  1. Principal

    "...Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó el presente juicio de amparo (fojas 25-27), el cual no fue recurrido por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo. MESA I

  2. Principal

    MESA I "... Agréguese el oficio de la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de seguridad Pública, residente en esta ciudad; mediante el cual rinde informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que nombra, y como domicilio para recibir notificaciones, el que indica. Asimismo, téngase por hecha su manifestación en el sentido de que el quejoso no ha promovido diverso juicio de amparo contra el acto reclamado en el presente juicio. De conformidad en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen por exhibidas las documentales que la responsable anexó a su oficio de cuenta las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Luego, vista la comunicación de cuenta, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. De esta manera, la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se advierte que: En el caso, la parte peticionaria de amparo reclama la falta de acuerdo a su escrito de veinte de julio de dos mil dieciséis, presentado ante el Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, revelan que el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 20), se acordó el ocurso de la parte peticionaria del amparo; determinación que se notificó el mismo veintiuno de septiembre (foja 20). Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el cual, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. Inclusive, la respuesta que la responsable emitió y notificó al quejoso, corresponde al acto que la autoridad hubiera dictado si se hubiese concedido el amparo, esto es, pronunciar su incompetencia y notificar al quejoso. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J.183/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA." Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. Cabe precisar que en el caso es inaplicable el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues cuando en la demanda de amparo se alegue violaciones al derecho de petición, el Juzgador no está obligado a seguir el procedimiento de dicho precepto. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido. (Jurisprudencia 2a./J. 28/2015 (10a.) consultable a página 1599 Libro 18, mayo 2015, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación). En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." (Jurisprudencia 2ª./J.10/2003 consultable a página 386, Tomo XVII, marzo 2003, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO AVISO. CONSTE.)

  3. Principal

    MESA I "... Agréguese el oficio del Director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, residente en esta ciudad; mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el plazo de ocho días, se da vista a las partes. Asimismo, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tiene como sus delegados a las personas que nombra, y como domicilio para recibir notificaciones, el que indica. De conformidad en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen por exhibidas las documentales que la responsable anexó a su oficio de cuenta las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza..."

  4. Principal

    MESA I Vista la demanda de amparo promovida por JESÚS QUIROZ IGLESIAS, contra actos del Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1419/2016. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo se admite la demanda de garantías; tramítese SIN incidente de suspensión. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita y que, de ser ciertos los actos reclamados, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida (s) que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; con apoyo en el artículo 260 fracción II, de Ley de Amparo, se le (s) impondrá multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 51 55260, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en caso de convenir en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las NUEVE HORAS TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para celebrar la audiencia constitucional. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable en caso de que admita la existencia de los actos reclamados para que en el plazo de tres días, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra los actos reclamados o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas; de existir, exprese el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más de un inculpado, también informe, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Se autoriza al Actuario adscrito o empleado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la(s) autoridad(es) responsable(s). Se precisa a la autoridad (s) responsable (s) que está (n) obligada (s) a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional, le (s) hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se le (s) impondrá una multa de cien a mil días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; lo anterior, sin perjuicio que al rendir su (s) respectivo (s) informe (s), precise (n) su denominación correcta o manifieste la inexistencia de la autoridad responsable conforme a su organigrama y/o reglamento interno; con la precisión que la sustitución de funciones de la autoridad no constituye inexistencia de la autoridad. Se apercibe a la parte quejosa, para el caso de que la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) no exista(n), conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelva el oficio que se le(s) dirija, en lo sucesivo se le(s) tendrá aquí como inexistentes y no se les dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica y por autorizadas en los términos que precisa, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo.

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