Jesus Popocatl Castillo

Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
860/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Jesus Popocatl Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículo 356, fracción II y 357, ambas del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se tuvo por desechada la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto

  2. Principal

    Puebla, Puebla, doce de agosto de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-2 Puebla, en el Estado de Puebla, licenciada * En consecuencia, se ordena formar el expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para tramitación del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico; pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Ahora, en la demanda de amparo se describen como actos reclamados los siguientes: ".ME HAN NOTIFICADO DOS CITATORIOS PARA MI COMPARECENCIA PERSONAL, DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACION NUMERO *, mediante los oficios números * (documentos que anexo al presente escrito en original),a efecto de que el suscrito comparezca ante la hoy responsable los días quince y dieciséis de agosto del presente año a las once horas, en calidad por lo que respecta a la diligencia señalada para el dia15 de agosto de 2022 de IMPUTADO siendo asistido de defensor particular; y por lo que, hace a la diligencia señalada para el día 16 de los corrientes en calidad de TESTIGO, ambas posiciones dentro de la misma carpeta de investigación." De lo anterior, se advierte que el quejoso reclama dos citatorios girados que se le entregaron para que comparezca ante la potestad de la representación a fin de que sea entrevistado tanto con la calidad de persona investigada como de testigo. Ahora, de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, el quejoso afirma que, como a él, cuatro personas más también fueron citadas con ambas calidades, lo que justifica que sea citado como persona investigada (narraría hechos propios haciendo frente a los que se le imputan) y como testigo (narraría hechos que le constan respecto de los otros investigados); o podría guardar silencio, como enseguida se verá. Luego, si en la carpeta de investigación el quejoso es una de las personas investigadas, es evidente que se al citársele para recabarle su entrevista (no su declaración) se le indique, como se desprende de la demanda que debe acudir acompañado de un defensor, pues podrá dar su versión de los hechos que se le imputan; empero, su narrativa pudiera extraerse elementos que le pudieran ser benéficos o perjudiciales; de ahí la importancia de que acuda con un defensor, pues con ello se protege su derecho a contar con una defensa técnica y adecuada desde el inicio del procedimiento, tal como lo establecen los artículos 20, apartado B, fracciones II y VIII constitucional; 17 y 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, con ambas calidades, puede decidir guardar silencio si lo que narraría en la entrevista que se le recabara le pudiera perjudicar. Sin embargo, en términos del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, más allá de la calidad con la que se le cite, como toda persona se encuentra obligada a acudir ante el Ministerio Público, con independencia de la actitud que asuma (acepte ser entrevistado o guardar silencio). Considerar lo contrario equivaldría a impedir que el representante social cumpliera con la obligación de conducir las investigaciones generadas por hechos, en apariencia, delictivos, que le impone el artículo 21 constitucional y 131, fracciones III, V y VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso significa que, con la presentación de su demanda de amparo el quejoso intenta obstaculizar esa investigación; porque como se vio, ningún perjuicio le depara acudir ante el Ministerio Público en las fechas en las que ha sido citado. Incluso, es de trascendencia destacar que nada tiene que ver el hecho de que haya sido citado con la calidad de investigado y testigo afecte su estrategia de defensa o su narración en cuando a la espontaneidad, así como el señalamiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues se insiste, sólo se le recabaría su entrevista no su declaración, pues ésta última sólo se podría llevar a cabo en audiencia de juicio oral, bajo las reglas que prevé la normatividad procesal aplicable, esto es, en contradictorio y las correspondientes técnicas de litigación. De lo anterior, es evidente que en el caso, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con la fracción IV del diverso 107, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo2. Pues se insiste, los citatorios reclamados para que se presente ante la autoridad ministerial señalada como responsable, los días quince y dieciséis de los corrientes, se traducen en una presentación con fines de investigación regida por las normas del sistema penal acusatorio, previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Empero, una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando fuera dirigida a éste, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque el citatorio solamente se libra para este con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la citación, como ya se explicó, jamás genera la obligación de que declare el imputado, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con esas citas, lejos de coartarse algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, porque el promovente puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que citatorio (como investigado o testigo) no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que los citatorios que el quejoso reclama, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo.3 *criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Registro digital: 2018828, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, Tipo: Jurisprudencia). Bajo este contexto, resulta improcedente la acción de tutela constitucional, respecto de los citatorios, como se explicó, atribuidos a la Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Célula II-2 Puebla, en el Estado de Puebla, licenciada *. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del Quejoso *, porque la orden de presentación o citación que fue reclamada a la autoridad citada, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Conclusión que de ninguna forma contraviene lo señalado en *Domicilio procesal y autorizado. Ahora, por lo que hace a la manifestación de tener como medio para recibir notificaciones los correos electrónicos y números telefónicos, dígasele que dichos medios de contacto no se encuentran establecidos como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, y toda vez que no señaló inmueble alguno para que en éste se le realicen sus correspondientes notificaciones personales (pues el indicado sólo lo indicó como el particular), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal del quejoso las listas que se publiquen en los estrados de este juzgado. Por otra parte, queda autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo a las personas que indica, porque así fue solicitado por el promovente. Medios de comunicación extraprocesal con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un número de teléfono y correo electrónico por medio de los cuales puedan ser contactadas. Por lo que desde este momento se toma nota de las direcciones de correos electrónicos y números telefónicos precisados en la demanda de amparo. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita se programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 16/2022), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. En ese sentido, se toma conocimiento de la manifestación expresa de la quejosa, respecto a que sus datos personales sean de carácter público, de ahí que la versión pública de todos los acuerdos y la sentencia que se llegue a emitir en este asunto (y en el incidente de suspensión) serán publicadas sin supresión de los mismos. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye al Oficial Judicial "A" que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (por lista) y cúmplase.

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