Jesús Piña Sánchez

Expediente 587/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
587/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • Jesús Piña Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que los promoventes del amparo hubiesen ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO...

  2. Principal

    (AVISO).- NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA.- RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por JESÚS PIÑA SÁNCHEZ y EDWIGES CHARGOY RIVERA, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia de esta ciudad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, bajo el número 587/2018, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Bajo esta perspectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA de garantías que se trata, sin suspender el acto reclamado, toda vez que la suscrita juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, relativa a los actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en términos del diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sentido, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."; "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". Conviene precisar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 107 fracción V en comentario. Tal proceder encuentra apoyo en la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, publicada en la página trescientos setenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Ahora bien, se actualiza la causal de improcedencia habida cuenta que de la demanda de garantías se desprende que el acto reclamado consiste en: "el auto de fecha 17 de Octubre de 2018 y que me fue notificado por lista de acuerdos ese mismo día que desecha de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 08 de octubre del presente año por los hoy quejosos, que se dictara en los autos del Expediente identificado con el número de expediente 169/2017-IV del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia especializado en Materia Familiar de esta Ciudad". Asimismo, del capítulo de hechos, el promovente del amparo manifestó: "[.] 3.- En ese sentido la C. SAMANTHA MARTÍNEZ CAMPOS mediante escrito de fecha 10 de Septiembre del año 2018, promueve incidente de restitución del menor, previniéndose a la actora incidentista mediante auto de fecha 01 de Octubre de 2018, dando cumplimiento a la prevención mediante auto de fecha 08 de octubre de 2018 que ordena correr traslado a la parte demandada incidental en el domicilio señalado en autos, sin embargo a efecto de combatir el auto de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, se promovió recurso de revocación toda vez que citado auto me causa agravio ya que después de un año se opone a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, así como le dan curso a un incidente y por cumplida una prevención con el escrito de la C. MARIANA BAUTISTA AMADOR quien no tiene personalidad, por tanto no está legitimada para promover a nombre de la C. Samantha Martínez Campos en el incidente de restitución del menor, razón por la que recurro a este Órgano Jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. [.]". De las anteriores transcripciones y de la integridad del escrito de demanda se advierte que los impetrantes del amparo reclaman del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, el auto de diecisiete de octubre del año en curso, dictado en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 169/2017 de su índice, en el que determina desechar el recurso de revocación interpuesto contra el auto de ocho de octubre de la presente anualidad, relativo al incidente de restitución del menor, para el efecto de admitir dicha incidencia. De esta manera, el citado auto no es un acto de los considerados de imposible reparación, ya que la consecuencia de admitir el incidente de restitución del menor, tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio al impetrante de garantías. Por tanto, la resolución que en esta vía se impugna no constituye un acto reclamable en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales. Además, como ya se indicó, la consecuencia de dar entrada al incidente de restitución del menor, tal acto no puede ser de imposible reparación, ya que tal sólo se ordena la tramitación del incidente, ignorándose el sentido de la resolución que en definitiva se dictara, sentencia contra la que sí procede el amparo. En tal virtud, el acto que reclaman los promoventes en el presente juicio de amparo no lo deja sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable. Ilustra a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia J/7 sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, visible en la página mil quinientos treinta y seis, cuyo contenido es el siguiente: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." Asimismo, cobra aplicación por su contendido la jurisprudencia 24/92 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, visible en la página once, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, en términos del diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS por ser notoria e indudable su improcedencia. Se invoca la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por los promoventes en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Gómez Fuentes, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Luis Alfredo Galicia Galindo, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito, así como a Lenin Maximiliano Aparicio Bautista y Gerson de Jesús Cazares Ramírez, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información...

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