Jesús Pérez Torres
Expediente 169/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Pérez Torres
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN DE DEMANDA DESECHADA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 8 DE FEBRERO DE 2017, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, ocho de febrero de dos mil diecisiete. I. Parte quejosa. Domingo Gómez Sánchez en su carácter de apoderado de J. Jesús Pérez Torres, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo con el instrumento notarial que exhibe número quince mil setecientos cuarenta y seis, tirado ante la fe del notario público número ochenta y tres, con ejercicio en esta ciudad. II. Autoridad responsable. Juez Décimo Menor Civil de esta ciudad. III. Desechamiento de demanda. Se advierte que la parte quejosa tilda de inconstitucional el auto dictado el diez de enero del año en curso, en el expediente mercantil 1367/2007, del índice del juzgado responsable, a través del cual se le indica que debe estarse a lo acordado en el diverso auto de veintiséis de enero de dos mil diez, en el que se le negó la devolución del excedente de dinero que se obtuvo con la adjudicación directa del inmueble que le fue embargado. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Respecto el acto reclamado mencionado anteriormente, se advierte la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "...XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El aludido precepto legal señala que, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no tiene carácter definitivo, es decir, cuando en contra del acto materia de debate procede algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo; puesto que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. La Ley de Amparo de actual vigencia es clara en establecer los casos de excepción al principio de definitividad, los cuales son, a saber, los siguientes: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Normas generales, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; VII. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; VIII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; IX. Los que carezcan de fundamentación; X. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; XI. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. En el particular, de la demanda de amparo se advierte que la parte peticionaria del amparo tilda de inconstitucional el auto dictado el diez de enero del año en curso, en el expediente mercantil 1367/2007, del índice del juzgado responsable, a través del cual se le indica que debe estarse a lo acordado en el diverso auto de veintiséis de enero de dos mil diez, en el que se le negó la devolución del excedente de dinero que se obtuvo con la adjudicación directa del inmueble que le fue embargado; juicio en el que tiene el carácter de demandado. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, el acto materia de queja es susceptible de ser revocado, modificado o nulificado a través del recurso de revocación. Ya que tales preceptos legalmente disponen: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $593,712.73 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Por tanto, resulta jurídicamente válido afirmar que el acuerdo reclamado pronunciado en el juicio de origen, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación por la parte que le cause agravio, dado que fue dictado en un asunto tramitado ante un juez menor. Por ello, la quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el auto de diez de enero del año en curso, dictado en el juicio mercantil 1367/2007, del índice del juzgado responsable, debió agotar el recurso de revocación mencionado, el cual resulta procedente. En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por el Código de Comercio, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de garantías de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. XII. Domicilio del quejoso y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Madrid número 410 colonia Andrade de esta ciudad. Igualmente, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Esteban de Jesús Pérez Arredondo y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Christian Alberto Domínguez Sánchez, por no estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal. XIII. Habilitación de días inhábiles. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales en el presente juicio principal, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. XIV. Anotación en libro de gobierno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 169/2017-IV. XV. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo vigente. XVI. Se informa cambio de titular. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que integran el presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar, que mediante oficio SEADS/083/2017, de veinticinco de enero del presente año, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, ha sido adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, como titular del mismo, a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente."
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